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Ríos de tinta han corrido para encontrar y explicar las causas del conflicto armado colombiano, sin que se haya prestado suficiente atención a las causas de paz que fundamentan la sostenibilidad del acuerdo final para la terminación del conflicto suscrito entre el Gobierno y las Farc-Ep.
En este contexto, el trabajo como elemento de construcción de paz en el marco del posconflicto colombiano constituye causa eficiente de sostenibilidad de los acuerdos de paz y como tal debe fundamentar las políticas públicas en materia de empleabilidad y garantía de derechos individuales y colectivos en el posconflicto.
Las perspectivas laborales para el año 2017 centradas en la implementación de los acuerdos de paz deben estructurar alternativas de trabajo decente que constituyan esquemas de autosostenibilidad de excombatientes y víctimas que se involucran en un sistema productivo tendencialmente agrario.
El proceso de construcción de paz consecuencial a la firma de los acuerdos demanda un complejo de adaptación de la estructura laboral tradicional, cuyo modelo de relaciones laborales empresariales debe ser adecuado al contexto agrario de producción y los diversos modelos de vinculación del trabajo, el capital y la tierra.
El diseño de la política de intervención laboral debe enfocarse en la corrección de las brechas que derivan de la informalidad rural, que alcanza el 88 %, y el enfoque asistencial, que debe ser progresivamente sustituido por estímulos a la formalidad y el acceso a las modalidades de trabajo que involucran la explotación de la tierra que caracterizan y diferencia el trabajo agrario.
La presencia de agentes institucionales que procuren el respeto de las garantías laborales constituye un elemento esencial de afirmación de los derechos en el trabajo, tradicionalmente ignorado en el espacio rural, a través de la adecuación de un sistema de inspección. vigilancia y control agrario que debe ser complementado a través de una estrategia de estímulo a la libertad sindical que favorezca el desarrollo y respeto de garantías laborales en lo rural.
La ampliación de la cobertura del sistema de protección social para la vejez para población rural de la tercera edad en condiciones de extrema pobreza determinará el fortalecimiento de los denominados Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el programa Colombia Mayor sobre los que no debe descansar el eje central del régimen pensional que debe enfocarse en incentivos a la formalización laboral, y la consecuente construcción y financiación mutual y solidaria de derechos pensionales.
En este contexto, el trabajo fundamenta la construcción de paz en materia de no reincidencia de excombatientes y reparación para víctimas a través del ingreso que deriva de la actividad productiva que habilita el acceso al conjunto de bienes y servicios vitales.
En el marco de la política de reinserción social, más de 50.000 combatientes se han desmovilizado y han entrado en la ruta de la reintegración alcanzando sólo un 20 % de reintegración total, al tiempo que un 24 % se encuentra en situación de plena reincidencia, 14 % de riesgo medio-alto y 42 % en un riesgo bajo-medio de reincidencia.
La caracterización de los excombatientes que han participado de los procesos de reintegración, que refleja un 17 % de analfabetismo y un porcentaje del 46 % de educación hasta el tercer grado de primaria demuestran la demanda de formación para el trabajo como estrategia principal de readaptación laboral.
El desafío no se agota en las políticas de recepción de excombatientes. Debe además incorporar la segunda dimensión de la problemática que se deriva de la finalización del conflicto, la cual enmarca el tema de la atención laboral de 7’490.375 víctimas del conflicto armado.
En materia de reparación a víctimas debe prestarse especial atención al cumplimiento de la obligación gubernamental de adoptar un programa de rehabilitación laboral en concordancia con lo previsto en la Ley prevista en la Ley 1448 de 2011 y la efectividad de las actividades que adelante la Mesa Permanente de Reparación Colectiva al Movimiento Sindical creada mediante el Decreto 624 de 2016.
De cara a la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto, como punto central en la agenda laboral para el año 2017, el principal desafío está determinado por la realización del trabajo decente como causa de paz sostenible que determina la estrategia de extensión de garantías laborales individuales y colectivas a las relaciones agrarias de producción a través de los esquemas de recepción de excombatientes y resarcimiento de víctimas por conducto de rutas preferenciales de empleabilidad.