Economía de Brasil, una manzana envenenada para el próximo presidente

Aunque parece que todo anda bien, economistas aseguran que hay una bomba fiscal que podría estallar en los próximos años. Les contamos qué dicen los analistas y cuáles son las propuestas de los dos candidatos que lideran las encuestas.

29 de septiembre de 2022 - 03:35 p. m.
Mercado en Río de Janeiro (Brasil). - Imagen de referencia
Mercado en Río de Janeiro (Brasil). - Imagen de referencia
Foto: EFE - Antonio Lacerda

Brasil tiene un crecimiento por encima de lo esperado, el desempleo está a la baja y, aparentemente, hay salud fiscal, pero la economía puede ser una manzana envenenada para el vencedor de las elecciones del domingo, en las que se miden el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Unos 156 millones de brasileños están habilitados para elegir a su jefe de Estado para los próximos cuatro años, con la particularidad de un presidente en ejercicio y un exmandatario como principales aspirantes. En total, habrá once candidatos. Si ninguno supera el 50 % de los votos válidos, será necesaria una segunda vuelta el 30 de octubre.

Por ahora, parece que la favorable situación económica podrían ser tan solo un espejismo en un país que sigue aún recuperándose de los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania, tales como una inflación disparada y la deuda por las nubes.

Bomba fiscal

Bolsonaro, quien según todos los sondeos perderá las elecciones frente a Lula, concluirá su primer mandato con un país más endeudado que cuando asumió el poder (equivalente al 77,6 % del PIB en el pasado julio) y dejará lo que los economistas han tildado de “bomba fiscal”.

“Parece que estamos en una situación buena, de alivio fiscal, pero se trata solo de un fotograma, cuando vemos la película completa observamos varias amenazas preocupantes para 2023″, dijo la economista Julliana Damasceno, analista de la consultora Tendencias.

Diversos economistas coinciden con Damasceno en que los gastos se encuentran contenidos y existen demandas sociales que presionarán el presupuesto y la situación fiscal del país.

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Como ejemplos, Damasceno citó la más que probable manutención de las ayudas sociales de 600 reales mensuales (unos 115 dólares) a los pobres o una posible subida salarial a los funcionarios, cuyas nóminas están congeladas desde 2017. Ninguna de las dos propuestas se encuentran en el borrador del presupuesto enviado por el Gobierno de Bolsonaro al Congreso, pero la presión social puede hacer que su aprobación sea inevitable.

“Muchos problemas están siendo empujados para el año que viene, principalmente en la parte fiscal”, alertó Bráulio Borges, economista de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de la consultora LCA.

De acuerdo con Borges, las “bondades” que el Gobierno de Bolsonaro ha otorgado en términos fiscales para estimular la economía en pleno año electoral comprometerán la economía del país los próximos años.

El PIB brasileño creció un 1,2 % en el segundo trimestre de 2022, por encima de las expectativas, y empujó al Gobierno a elevar las previsiones para este año del 2 % hasta el 2,7 % anual. “Ese crecimiento ha sorprendido mucho, pero en parte tiene que ver con la propia política fiscal superexpansionista que el Gobierno está promoviendo para conseguir su reelección”, declaró Borges.

El mercado prevé un leve crecimiento del 0,50 % en 2023. El frenazo, resaltó el economista, será también un reflejo diferido de la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central para contener la inflación. “La política monetaria va a tener impacto más fuerte (en la economía) a finales de este año y principalmente el año que viene”.

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La tasa de interés escaló desde el 2 % en marzo de 2021, un mínimo histórico por la pandemia, hasta el 13,75 % este mes, su mayor nivel desde 2016. La incesante subida de los intereses por parte del Banco Central ha conseguido frenar, en parte, el avance de la inflación, la cual cerró agosto en el 8,7 % interanual tras haber superado los dos dígitos.

No obstante, a la moderación de los precios también contribuyó la reducción de impuestos a los combustibles anunciada por Bolsonaro de forma polémica tan solo algunos meses antes de los comicios en los que buscará su reelección.

¿Qué proponen Bolsonaro y Lula?

Aunque sus campañas se han centrado principalmente en ataques mutuos y sus programas todavía son vagos en muchos aspectos, estas son las principales propuestas de los candidatos para el período 2023-2026 en cuanto a programas sociales y economía.

Actualmente, más de 33 millones de brasileños pasan hambre y 9,9 millones están desempleados en este país de 213 millones de habitantes. El principal caballo de batalla de Bolsonaro para combatir la situación es el programa de transferencia de dinero Auxilio Brasil, una reformulación de Bolsa Familia, creado bajo la administración Lula (2003-2010), aumentado a 400 reales mensuales (USD 77) durante la pandemia y a 600 reales (USD 115) este año.

Su programa menciona como prioridad la generación de empleos, especialmente para jóvenes y mujeres, y cita la “libertad económica” como promotora del bienestar social. El candidato ultraderechista promete eximir del impuesto a la renta a quienes ganen hasta cinco salarios mínimos y mejorar la infraestructura en las regiones menos desarrolladas, además de ampliar el proceso de privatizaciones.

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Lula, por su parte, promete lanzar un Bolsa Familia “renovado y ampliado”, agregando a los 600 reales mensuales otros 150 (US$28) por cada hijo menor de seis años.

Su propuesta económica tiene como pilares la inversión pública y la mejora del salario mínimo (1.212 reales, US$236) para restaurar el poder adquisitivo de los brasileños frente a la elevada inflación.

El líder histórico del Partido de los Trabajadores (P) también se plantea implementar una reforma tributaria “para que los pobres paguen menos y los ricos paguen más”.

Lula ha dicho que trazará un plan para reducir el endeudamiento que afecta a casi el 70 % de las familias brasileñas y propone una nueva legislación laboral “para ampliar la protección social”, revirtiendo los “retrocesos” de una reforma de 2017.

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