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De prosperar la propuesta de Fedesarrollo en el sentido de eliminar los aportes parafiscales que pagan los empresarios para programas sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendría en vilo $2.3 billones,
La alerta fue dada por la directora de esa entidad, Elvira Forero, al explicar que acabar con dichos aportes sería un grave error porque ello pone en riesgo la política social del estado colombiano que se ha consolidado en la atención de más y mejores niños.
Según la directora del Bienestar, la propuesta es tan delicada que estaría en riesgo el 100% de los programas para la infancia y la adolescencia toda vez que estos se financian con parafiscalidad. Para este hay un presupuesto de $2.9 billones, de los cuales $470 mil millones vienen del descongelamiento de TES y $2.3 billones que corresponden al ingreso por aportes parafiscales directos.
"Cuando hablan de utilizar recursos del presupuesto nacional, ello garantizaría la inversión social por algunos periodos cortos, pero una situación distinta deja al aire la política de infancia y eso sería el peor error que pueda cometer un país", agregó la directora del ICBF.
El director adjunto de Fedesarrollo, Mauricio Santamaría, insistió que la financiación de la política social con impuestos al trabajo, incluidos los aportes parafiscales, deben desaparecer pues ello conlleva a limitar el acceso al trabajo de los colombianos más necesitados. Lo ideal es subir un punto del IVA o reducir las exenciones de renta, indicó Santamaría.
"Lo que tiene impacto social adverso es lo que pasa hoy con los aportes parafiscales pues la gente no consigue trabajo y si lo logra es regularmente remunerada. Las personas que defienden este esquema sobre la base de la equidad no están viendo el problema en su total dimensión", dijo el director de Fedesarrollo.
Para el ex contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, el país no cuenta hoy con la institucionalidad para adelantar esa reforma pues con destinación específica los recursos son desviados como ha pasado en los últimos años.
Con el desmonte del actual esquema, se pondrían en riesgo los programas sociales que adelantan instituciones como el SENA o el ICBF. La idea es propender por mayor eficiencia y control de gasto para contrarrestar los impases, precisó Hernández Gamarra.
El director de la de la Fundación Restrepo Barco, Antonio Cruz Rincón, precisó que el país no puede desconocer el desempeño de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA, instituciones que podrían sufrir cambios por el afán descentralizador que apunta a la "municipalización" de la política social.
El ex contralor insistió en que defender la obra del ICBF o del SENA es una tarea fácil pues son entidades apreciadas por los colombianos en sus labores de instrucción, enseñanza y capacitación así como en la promoción de los derechos de la infancia, la niñez y la adolescencia", dijo Cruz Rincón.
Recordó que en el reciente informe del Banco Mundial sobre corrupción, de 30 entidades colombianas, solo tres presentan calificaciones de honestidad siendo ellas el ICBF el SENA y la Defensoría del Pueblo.
El director Social de la Fundación, Mario Gómez Jiménez, indicó que el SENA es una clara muestra de lucha contra la pobreza y el trabajo por la equidad toda vez que al cierre de 2008 respondió a los colombianos con un total de 6.043.428 cupos gratuitos en todos los programas.
Estos planteamientos fueron conocidos en el foro, "La Política Fiscal y la Vigencia de los Aportes Parafiscales", convocado por la Fundación Restrepo Barco.
Por El Espectador
