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Los embargos efectuados a los concesionarios del servicio de Aseo de Bogotá fueron decretados sobre cuentas y dineros propios de estas empresas y no sobre bienes destinados a la prestación del servicio público, ni sobre cuentas en las que se recaudan y manejan los recursos de tarifas, aclaró la Contraloría General.
Resulta inaceptable que se desinforme a la comunidad al pretender recurrir por parte de estas empresas a un supuesto plan de cese de actividades de recolección de basuras como medida de fuerza o vía de hecho para presionar el levantamiento de las medidas cautelares decretadas por este órgano de control, dice un informe de la entidad de control de las finanzas públicas.
En el informe aclara que el propósito legal de estas medidas es precisamente el de amparar el pago del detrimento causado por presuntos manejos irregulares de los recursos de tarifas de aseo en cuya gestión participaron estos concesionarios.
Recuerda la Contaloría que el detrimento asciende a casi 60.000 millones de pesos, mientras que los bancos han reportado hasta el momento embargos que no superan los 90 millones de pesos y los concesionarios deben hacer los pagos a sus proveedores y trabajadores directamente desde el Patrimonio Autónomo donde se manejan los recursos de las tarifas y por lo cual ya se paga una comisión a la Sociedad Fiduciaria.