Empresarios insisten en que más personas naturales entren a tributar

Los empresarios colombianos continúan preocupados por la alta tarifa de tributación que pagan y que los convierten en los más gravados en la región.

Proponen que la tarifa unificada establecida en 2016 se reduzca del 33% (40% al incluir la sobretasa) al 28%.

En el documento del Consejo Nacional Gremial que presentaron al presidente electo, Iván Duque, explican que la reducción de esa carga tributaria “tendría que ser compensada en alguna medida con mayor recaudo de personas naturales y fundamentalmente cambiando la base gravable de las empresas, de la renta neta de exenciones a las utilidades contables, teniendo en cuenta los ajustes pertinentes que analicen toda la complejidad tributaria de las personas jurídicas”.

Insisten en que este reacomodamiento de la carga tributaria permitiría que la tarifa de renta estuviese cerca de siete puntos menor que la actual de Renta más CREE.

Los gremios de la producción consideran ampliar el universo de personas naturales obligado a tributar. Proponen incorporar a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimos y no desde los 4,1 como está actualmente.

“Se sabía que cualquier propuesta de bajar los impuestos a las empresas implica un aumento a los trabajadores, y es justo lo que se pide desde el Consejo Gremial, con un aumento de la base gravable desde 2,5 salarios mínimos, es decir, a los ricos que se ganan $ 1.953.000”, advierte Mario Valencia de la Red de Justicia Tributaria.

Se debería evaluar nuevamente la posibilidad de gravar las pensiones altas, por encima de 6 salarios mínimos y que hoy benefician a cerca de 53 mil personas. En la última reforma tributaria se incluía esta iniciativa pero el gobierno fue obligado por los congresistas a eliminarla, dice los empresarios.

Consideran que solo se deben mantener exenciones y algunos tratamientos preferenciales en renta para actividades con externalidades positivas, como inversiones en investigación y desarrollo, actividades relacionadas con la protección al medio ambiente y el emprendimiento y proyectos con probados méritos sociales y cualidades redistributivas. Defienden la propuesta que ha comenzado a despegar como el mecanismo de Obras por Impuestos y ZOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Se vuelve a revivir la propuesta de acabar con el impuesto a las transacciones financieras en la que tanto han insistido los bancos.

Establecer que el IVA en bienes de capital sea totalmente descontable del impuesto a las ventas en vez de ser deducible sobre el impuesto a la renta. Reglamentar la retención sobre utilidades introducida en la reforma tributaria de 2016. (Los retos de la reforma tributaria de Iván Duque)

Sobre los impuestos regionales, los presidentes gremiales consideran importante suprimir impuestos obsoletos que complican la administración y contribuyen poco al recaudo como el de degüello de ganado, pesos y medidas, alumbrado público, telefonía (fija y móvil) y avisos y tableros.  Acabar las estampillas y prohibir la creación de nuevas.  Simplificar el impuesto predial, actualizar el catastro y posibilitar que los municipios facturen el impuesto.

Los empresarios colombianos continúan preocupados por la alta tarifa de tributación que pagan y que los convierten en los más gravados en la región.

Proponen que la tarifa unificada establecida en 2016 se reduzca del 33% (40% al incluir la sobretasa) al 28%.

En el documento del Consejo Nacional Gremial que presentaron al presidente electo, Iván Duque, explican que la reducción de esa carga tributaria “tendría que ser compensada en alguna medida con mayor recaudo de personas naturales y fundamentalmente cambiando la base gravable de las empresas, de la renta neta de exenciones a las utilidades contables, teniendo en cuenta los ajustes pertinentes que analicen toda la complejidad tributaria de las personas jurídicas”.

Insisten en que este reacomodamiento de la carga tributaria permitiría que la tarifa de renta estuviese cerca de siete puntos menor que la actual de Renta más CREE.

Los gremios de la producción consideran ampliar el universo de personas naturales obligado a tributar. Proponen incorporar a quienes reciban más de 2,5 salarios mínimos y no desde los 4,1 como está actualmente.

“Se sabía que cualquier propuesta de bajar los impuestos a las empresas implica un aumento a los trabajadores, y es justo lo que se pide desde el Consejo Gremial, con un aumento de la base gravable desde 2,5 salarios mínimos, es decir, a los ricos que se ganan $ 1.953.000”, advierte Mario Valencia de la Red de Justicia Tributaria.

Se debería evaluar nuevamente la posibilidad de gravar las pensiones altas, por encima de 6 salarios mínimos y que hoy benefician a cerca de 53 mil personas. En la última reforma tributaria se incluía esta iniciativa pero el gobierno fue obligado por los congresistas a eliminarla, dice los empresarios.

Consideran que solo se deben mantener exenciones y algunos tratamientos preferenciales en renta para actividades con externalidades positivas, como inversiones en investigación y desarrollo, actividades relacionadas con la protección al medio ambiente y el emprendimiento y proyectos con probados méritos sociales y cualidades redistributivas. Defienden la propuesta que ha comenzado a despegar como el mecanismo de Obras por Impuestos y ZOMAC, las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Se vuelve a revivir la propuesta de acabar con el impuesto a las transacciones financieras en la que tanto han insistido los bancos.

Establecer que el IVA en bienes de capital sea totalmente descontable del impuesto a las ventas en vez de ser deducible sobre el impuesto a la renta. Reglamentar la retención sobre utilidades introducida en la reforma tributaria de 2016. (Los retos de la reforma tributaria de Iván Duque)

Sobre los impuestos regionales, los presidentes gremiales consideran importante suprimir impuestos obsoletos que complican la administración y contribuyen poco al recaudo como el de degüello de ganado, pesos y medidas, alumbrado público, telefonía (fija y móvil) y avisos y tableros.  Acabar las estampillas y prohibir la creación de nuevas.  Simplificar el impuesto predial, actualizar el catastro y posibilitar que los municipios facturen el impuesto.