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Agrapp fue creada en 2018 por David Ricardo Duarte y Carlos Zubieta. En su momento se presentó como una propuesta para solucionar el acceso a financiamiento de pequeños y medianos productores en la que ellos eran los únicos intermediarios entre los cofinanciadores de la iniciativa y el agricultor.
La empresa se encargaba de todo lo que necesitaba el cultivo: estudios de suelo, asistencia técnica, agroinsumos y hasta buscaban el comercializador nacional o internacional, para obtener mayores ingresos, a cambio de una comisión. En palabras sencillas: el inversionista pone la plata; el agricultor, la tierra y mano de obra, y Agrapp “brinda ayuda en la estructuración, seguimiento de la ejecución por medio de la asistencia técnica hasta la gestión para una mejor comercialización”, según la compañía.
La compañía anuncia una rentabilidad del 12 % al 20 % efectivo anual, según el desempeño del cultivo, aunque en sus términos y condiciones dice no asegurar la rentabilidad y advierte de los riesgos de la actividad agrícola. Se puede invertir desde la página web, donde muestran los proyectos disponibles con la información del agricultor, una meta de financiación y el monto recogido. El mínimo de inversión va de $500.000 a $1’000.000 y los pagos comenzaban un año después de que arrancaba el agricultor, porque era lo que tardaba en darse la cosecha. Sin embargo, a pesar de las promesas de valor y, de fondo, la posibilidad de simplificar y expandir el trabajo de los agricultores, la plataforma está en medio de una situación financiera complicada y hay inversionistas (además de productores) con quejas por falta de información y, al final, de retornos y rentabilidades. Esto es lo que ha pasado.
¿Dónde está el dinero de los inversionistas?
“Me parecía muy bacana la idea de poder apoyar a agricultores colombianos y el rendimiento era real, no tan optimista. Por eso invertí $1’350.000 en granadilla durante julio de 2022”, asegura María Paula Castañeda. Cuando se vencieron los plazos de los pagos y no le daban razón del dinero, averiguó qué pasaba y solo le dijeron que el proyecto se había demorado: “nunca dieron nuevas fechas de pago, solo sé que la fecha de producción está para marzo de este año, pero eso evidentemente no va a suceder”, agrega.
Por su parte, Alejandro*, otro inversionista, hizo parte de dos proyectos entre 2018 y 2019. “Devolvieron el dinero con la rentabilidad establecida en el mes estipulado. Hasta enviaron muestra del producto: una mermelada de uchuva y un postre de gulupa”, relata. Por eso decidió invertir de nuevo, a finales de 2021, $10 millones en una iniciativa de gulupa en Boyacá. Ahí empezaron sus problemas.
Pasó un año y medio y Alejandro no recibió el dinero acordado, porque el proyecto no había comenzado y cuando pidió que le regresaran la plata la respuesta fue negativa. “Decían que no tenían la plata porque ya habían comprado los insumos del agricultor, pero no decían cuáles ni en qué se gastó. Me dijeron que el proyecto arrancó a principios de 2023, pero no supe nada más porque no pude acceder a la plataforma en la que hacían las actualizaciones”, detalla.
En un informe reciente que entregó Agrapp a los inversionistas consta que dicho proyecto es de difícil cobro porque “el agricultor alega insolvencia y la imposibilidad de realizar los pagos mensuales debido a la falta de ingresos adicionales” y que “solicita una nueva visita para determinar la fecha probable de entrega de la fruta, ya que no tiene otra forma de pago”.
Otros cobros que se encuentran en el mismo estado son dos de las inversiones que hicieron Sebastián González y Darío* en cultivos de granadilla y gulupa, respectivamente, pero que nunca comenzaron y no saben qué sucedió con el dinero. Dicen que Agrapp asegura que ya habían entregado insumos y como está en proceso no pueden hacer la devolución. “Incluso si ese fuera el caso, un cultivo requiere que se gaste el dinero mientras avanza, entonces ¿en dónde está el resto que se debió ejecutar en dos años?”, cuestiona Darío, quien empezó sus inversiones en 2020.
Darío está vinculado a cuatro proyectos, solo de uno le devolvieron el dinero y por otro le hicieron un avance, mientras que de los otros dos no recibió nada. “Ahora tengo una cartera de $48 millones con Agrapp solo del capital”, sostiene. Por su parte, González realizó tres negocios con la empresa entre septiembre de 2022 y enero de 2023, solo por uno recibió un pago y dicen que le adeudan casi $4,5 millones.
Carolina* y Cristian* son otras de las denuncias que conoció El Espectador. La primera invirtió $5 millones en dos proyectos entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, de los que no ha recibido $4 millones. Mientras que el segundo depositó $23 millones en seis iniciativas entre febrero y abril de 2022, pero no ha recibido abono alguno.
Si bien la misma compañía advierte que “la inversión que usted realice implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital”, los testimonios de los afectados coinciden en que Agrapp no les ha dicho a dónde fue a parar el dinero. Se quejan de las evasivas y de que, apenas aparecieron las inconformidades, cortaron los canales de comunicación, pues no contestan las llamadas y bloquearon los comentarios de las redes sociales. Además, no han podido acceder a la documentación de sus inversiones que alberga la página web, porque les retiraron el acceso a sus usuarios. No se trata de un fallo tecnológico, porque no hay inconvenientes para crear usuarios e invertir en los proyectos disponibles de café y plátano.
Entre el 9 y 10 de enero de este año, el CEO de Agrapp, David Ricardo Duarte, hizo una conferencia con los inversionistas, les dijo que la cartera era de difícil cobro y “les echó la culpa a los agricultores”, en palabras de González. Les ofreció dos alternativas para recuperar el dinero: “Que nosotros, personalmente, fuéramos a reclamar esa cartera o que autorizábamos a Agrapp para que ellos lo hicieran, pero que teníamos que pagar unos honorarios adicionales”, relata Cristian y expresa que no está de acuerdo con ninguna de dichas opciones.
En una carta enviada por la compañía a los inversionistas se establece que los honorarios por el cobro son “equivalentes al 20 % y 35 % del total del recaudo mensual” y que, en el caso del aumento del recaudo, los costos se reducirían proporcionalmente.
Los afectados se preguntan cómo van a cobrarles a agricultores con los que no tienen ninguna obligación contractual. “Agrapp es quien incumplió el contrato que firmó con nosotros, eran lo que nos tenían que avisar, dar reportes y no lo hicieron. Hay una falta de transparencia total”, agrega González.
Con el pasar de los meses, los inversionistas se han ido conectando entre ellos. Tienen un grupo en WhatsApp con más de 150 personas y los cálculos que han hecho del dinero afectado total está por el orden de los $1.000 millones. Entre ellos están buscando alternativas legales para exigirle a la empresa que responda por el dinero y que explique lo sucedido con cada uno de los proyectos.
Al respecto, Agrapp responde que, de manera trimestral y por contrato, envía extractos informativos de los proyectos a los inversionistas y que estos sí pueden acceder a sus documentos en la plataforma, a pesar de que los afectados expresan lo contrario. “Hemos procurado tener la mayor transparencia posible. Desafortunadamente, se presentan riesgos en proyectos que no salen adelante y el agricultor no devuelve el recurso y toca empezar un proceso de cobranza”, dijo Duarte en una conversación con este diario.
El que paga los platos rotos: el agricultor
Si bien los inversionistas dan cuenta de pérdidas millonarias, los que se han llevado la peor parte han sido los agricultores. Para algunos la promesa de desarrollo se transformó en pérdida de dinero, deudas, reportes en centrales de riesgo y la posibilidad de perderlo todo.
Mariana* es una productora de pasiflora del Valle del Cauca y se involucró con Agrapp porque le prometieron acompañamiento técnico, insumos, ayuda con las instalaciones e “instrucciones cada mes. Así garantizaban que el proyecto funcionara, pues las posibilidades de que perdiéramos eran con una catástrofe natural”, relata. Ella ponía la tierra, mano de obra y dinero. Arrancó el proyecto, pero no dio los resultados esperados. La agricultora cuenta que no contemplaron el semitecho (especie de invernadero) que necesitaba la planta para crecer, por lo que murió la mitad del sembrado. Cuando lo pusieron quedó contra el viento y se desacomodaba con el peso del agua lluvia. “Solo nos acompañó el ingeniero cinco meses y nos dijeron que buscáramos por nuestra cuenta. Otras plantas se enfermaron. Ni siquiera sabemos si las semillas que nos vendieron estaban certificadas para la exportación”, detalla la productora.
La agricultora perdió el sueño que tenía de sacar adelante el proyecto porque mucha infraestructura quedó mal hecha y han muerto los cultivos. Mariana cuenta con 500 plantas que no dan ni $300.000 al mes.
“Firmamos un contrato de participación (las partes entran a la par en el negocio y obtienen ganancias), pero nos facturaron los insumos más caros que el precio comercial, honorarios, seguros de vida y otros ítems que nunca hicieron. Nosotros perdemos por todo lado, invertimos más dinero que el que puso Agrapp y estamos legalmente vinculados con una obligación fiscal por cuenta de esas facturas. Tenemos todas las de perder, nunca trabajaron en pro de los agricultores. Lo único que podemos hacer es no tener nada para que no nos puedan cobrar”, destaca.
Este no es un caso aislado. Adriana Sandoval empezó un proyecto de granadilla en septiembre de 2022 en Amagá (Antioquia) y había hecho el contacto con Agrapp mediante una asociación. “Se demoraron mucho en llegar los insumos y no daban la asesoría, entonces nunca comenzamos la siembra y hasta devolvimos los insumos. Pero nos llegó una cuenta de cobro como por $45 millones, resulté reportada por Agrapp en las centrales de riesgo”, recuerda Sandoval.
El caso de ella y otros dos productores del mismo municipio lo llevó Jhoana Tobón, abogada en derecho civil. El propósito que tenían era que retiraran los reportes en las centrales de riesgo, por lo que desistieron de los procesos legales y llegaron a un acuerdo con la compañía.
“La empresa no entregaba documentación, solo llegaban las facturas. Cobraban seguros que no aparecían en las aseguradoras y visitas mensuales que nunca hicieron. Retienen el 8 % de las inversiones que les daban por comisión, pero no había claridad para los inversionistas ni para los agricultores. Encima los presionan psicológicamente para que pagaran”, resume Tobón.
Para Sandoval todo fue pérdida. Puso $1,5 millones para arrancar y, como no era dueña de la tierra, tuvo que asumir el arriendo que tomó para el proyecto. Además, pagó los gastos de la abogada que llevó el caso y $2,7 millones del acuerdo al que llegó con Agrapp a mediados de 2024.
“Tenemos las facturas y evidencias de la compra de todos los insumos. Les entregamos las plantas, pero como ellos no hicieron nada, cuando se fueron a despachar y entregárselas, no tenían listo el terreno. Hasta que decidimos seguir adelante con un proceso jurídico y, obviamente, es lo que a los agricultores no les gusta, salir a responder por lo que tienen que responder”, declara Duarte respecto al caso de Amagá.
¿Qué ha pasado con Agrapp?
La empresa sostiene que tiene que demostrar el incumplimiento y les tienen que cobrar a los productores. Actualmente, continúa recibiendo inversiones para proyectos.
“Los inversionistas claramente no van a recibir ningún tipo de retorno porque dependemos de que los agricultores se hagan responsables”, declara Duarte. Y agrega que están enfocados 100 % en recuperar la cartera, que es de unos $9.000 millones, a la vez que nunca han negado que son una inversión de alto riesgo y puede haber pérdidas.
“Mitigamos todos los riesgos, pero si el cultivo por falta de gestión del agricultor no sale adelante, no podemos dejar de hacer un proceso en el que demostramos que nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, de cara a recuperar el capital, porque al otro lado pues hay un inversionista que lo está esperando. En la gran mayoría, el agricultor es el responsable porque es el que está al frente del activo”, puntualiza el CEO de la compañía.
En 2023, Agrapp fue uno de los ganadores de la convocatoria Sandbox Challenge de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El premio eran asesorías para cumplir los requisitos del Certificado de Operación Temporal (COT) en el Espacio Controlado de Prueba de la SFC y un reconocimiento de Colombia Fintech.
Al respecto, la Superfinanciera declara que, “a pesar de que esa firma recibió las asesorías descritas, a la fecha no ha radicado ninguna documentación o información para el estudio de la autorización que le permita ingresar a la Arenera Regulatoria y así poder obtener el Certificado de Operación Temporal en el Espacio Controlado de Pruebas”, y añade que la empresa no está sometida a la inspección, vigilancia ni control de la Superintendencia. Además, algunos de los proyectos disponibles en la plataforma tienen el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Dicha entidad asegura que la relación entre ambas inició en diciembre de 2023 y que busca “garantizar un porcentaje de las operaciones crediticias emitidas por la fintech”. Sin embargo, el FNG no registra solicitud ni pago efectivo de garantías por créditos que los deudores han dejado de pagar.
Agrapp, hasta enero, no estaba realizando algún trámite de liquidación o reestructuración ante la Superintendencia de Sociedades.
En la mitad de toda esta historia hay inversionistas y agricultores que quedaron en un limbo de falta de información y promesas incumplidas, como relatan.
*Nombres cambiados por petición de las fuentes.
