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En medio de toda la conversación que está generando el caso de Frisby en España (donde una empresa no solo registró la marca sino que se dispone a iniciar una expansión de franquicias), otra marca colombiana sale al ruedo con un caso similar, Pony Malta.
La reconocida bebida a base de malta, propiedad de Bavaria, confirmó a El Espectador que, efectivamente, en la Unión Europea terceros están intentando registrar su marca, lo que incluye el logo de su icónico pony, la tipografía del nombre “Pony Malta” y los colores que la identifican.
Esto se dio a conocer por una publicación de El Tiempo, en donde se informa que el mencionado intento de registro marcario se inició en agosto del año pasado, por parte de una persona llamada Carlos Alberto Rendón, quien reside en Barcelona (España).
Fuentes de Bavaria confirmaron a El Espectador que ante tal actuación ya se presentaron recursos de oposición. Queda en manos de la autoridad europea la decisión de si acepta el reclamo y niega el registro de la marca.
Derechos de marca de Pony Malta
En el caso de Frisby, las autoridades en España otorgaron el registro de la marca porque no se encontraba previamente registrada en ese país. Legalmente, el derecho sobre una marca se le concede a quien primero la inscribe, por lo que, desde esa perspectiva, la actuación de la empresa española es legítima.
Sin embargo, y como lo explica el abogado experto en propiedad intelectual Julián Sánchez, las identidades marcarias están protegidas por los derechos de autor, por lo que cualquier copia de un logo, tipografía, diseños de empaque, colores corporativos o cualquier otro distintivo que implique un esfuerzo creativo se configura como plagio.
En suma, lo que está pasando en España con Frisby se puede demandar por plagio (independientemente de que se le haya concedido el registro de la marca) y lo mismo podría pasar con la “Pony Malta española”.
Además, se podría argumentar un aprovechamiento de reputación ajena, teniendo en cuenta que estas marcas han sido construidas a pulso durante décadas en el territorio nacional, y que en España podrían ser ampliamente reconocidas si se tiene en cuenta la cantidad de colombianos que han migrado a esa nación (la firma Statista los estima en cerca de 1 millón).
Si, eventualmente, estas quisieran expandirse a España o a la Unión Europea, también podría demandar porque las acusadas de suplantación estarían incurriendo en competencia desleal.
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