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La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, le imputó responsabilidad fiscal por $67.970 millones a los responsables del contrato entre el Fondo Único de TIC y Centros Poblados 2020. Esto por “irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, como consecuencia de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”.
Además, la entidad decidió desvincula y archiva a 15 presuntos responsables fiscales por el caso de irregularidades en la ejecución del contrato con Centros Poblados, entre ellos Emilio Tapias.
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La Contraloría halló que hubo un incumplimiento de la meta 6 de la fase de instalación, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación de la misma.
Esta situación impidió alcanzar el objetivo del Estado asociados con el proyecto Centros Digitales, que buscaba instalar 7.277 centros digitales del proyecto en la región B, distribuidas en 16 departamentos del país.
La entidad también encontró “deficiencias en el control y seguimiento adelantado por la interventoría en cumplimiento del contrato 1045 de 2020″.
🔎 ¿Quiénes son los responsables fiscales para la Contraloría?
De la valoración de responsabilidad Fiscal No. 80011-2021-39465, se determinó imputar responsabilidad en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal porque como contratistas no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados.
Cabe recordar que a la Unión Temporal Centros Poblados se le pagó un anticipo de 70.000 millones de pesos.
Hubo una “terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud a la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo, así como, al socio mayoritario de la empresa proveedora de equipos, toda vez que su omisión en la entrega de los mismos contribuyó a la causación del daño”, estableció la Contraloría.
Adicionalmente, se imputó responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban. Es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos.
Igualmente, el interventor pasó por alto solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos, en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos.
Por último, se imputa responsabilidad fiscal a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al omitir sus deberes que le eran exigibles conforme al manual de funciones de la entidad.
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🔎 ¿Quiénes fueron desvinculados?
Entre los 15 presuntos responsables fiscales se encontraban Emilio Tapia, excontratista, y a Karen Abudinen, exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), pero la Contraloría consideró que “su actuar no comportó gestión fiscal” y ya se les archivó el proceso.
Vale recordar que la Fiscalía acusó formalmente a Emilio Tapia por, supuestamente, apropiarse de más de $5.000 millones de dinero público en mayo de este año.
Según la investigación, Tapia “habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de Mintic que le otorgaron el contrato”.
Además, en la investigación se logró establecer que Tapia recibió $6.182 millones y se habría quedado con algo más de $5.064 millones.
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