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Recientemente la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que abrió una investigación en contra de claro por presuntas irregularidades en la venta de equipos tecnológicos.
La autoridad detalló que, mediante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se formuló pliego de cargos a la empresa tecnológica, pues considera que hay razones para creer que los derechos de los consumidores han sido vulnerados en medio de la comercialización de estos equipos, así como en la oferta de sistemas de financiación.
“La decisión se adoptó luego de adelantar una averiguación preliminar que incluyó requerimientos de información, la revisión de contratos de financiación y piezas publicitarias, así como visitas a la página web de la investigada”, detalló la SIC.
Estos son los hallazgos del caso:
• Posibles irregularidades en la información de promociones y ofertas. Al parecer, Claro habría difundido promociones sin incluir condiciones esenciales como la identificación del beneficio, requisitos para acceder y monto o porcentaje del descuento.
• Presunta información engañosa. Esto al no suministrar de manera clara, veraz y oportuna información relacionada con la cantidad de unidades disponibles de los productos ofrecidos en el comercio electrónico.
• Falta de información sobre el precio total de los productos. Al parecer no se habría informado de forma visible el precio de venta al público incluyendo todos los costos adicionales a los que hubiera lugar.
• Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. Al exigir, aparentemente, la presentación de la factura de compra como requisito para ejercer este derecho.
• Presunto cobro de intereses por encima de los límites legales. Esto en operaciones realizadas mediante sistemas de financiación propios de la investigada.
• Posible incumplimiento de las normas de comercio electrónico. Al no contar con mecanismos adecuados para la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que garanticen la orientación y asistencia a los consumidores respecto de la comercialización de bienes como equipos celulares, tecnología y electrodomésticos.
La autoridad precisó que esta formulación de cargos no se traduce en una decisión de fondo sobre la responsabilidad de Claro, compañía que tiene derecho de activar acciones de defensa, conforme a lo previsto en la ley.
“Esta actuación hace parte de las acciones que adelanta la SIC para fortalecer la transparencia en la información suministrada a los consumidores, especialmente en el comercio electrónico y en operaciones que involucren sistemas de financiación directa por parte de los proveedores”, concluyó la SIC.
El Espectador consultó a Claro sobre esta información. Al cierre de esta edición, la empresa no había emitido un pronunciamiento.
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