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En el marco de la emergencia económica, el Gobierno estableció una serie de medidas a través de los decretos 173 y 240 de 2026. Parte de esto es la creación de un impuesto al patrimonio para las empresas
Según lo explicado por la firma Holland & Knight, la medida aplica para personas jurídicas y sociedades cuyo patrimonio líquido al primero de marzo de 2026 sea igual o superior a las 200.000 unidades de valor tributario (UVT), lo que en pesos es más de COP 10.478,8 millones.
La tarifa general a pagar es del 0,5 %, o del 1,6 % para instituciones financieras; entidades aseguradoras y reaseguradoras; sociedades comisionistas de bolsa y agropecuarias; bolsas de bienes y productos y proveedores de infraestructura del mercado de valores; personas jurídicas que desarrollen actividades de extracción de carbón y de petróleo crudo.
No están sujetos al impuesto: las empresas del sector salud; las empresas intervenidas por el estado en ejercicio de funciones de inspección, vigilancia y control; las empresas de servicios públicos domiciliarios ubicadas en municipios que hayan declarado la calamidad pública y que se encuentren en la zona de afectación de la emergencia contenida en el Decreto Legislativo 0150 de 2026.
Recientemente, el Consejo Gremial señaló que “Colombia está a pocos días de enfrentar un deterioro económico sin precedentes”. Asegura que la aplicación de este impuesto representa una carga de unos COP 8,3 billones para las empresas lo que, a su juicio, “resulta inasumible para el sector productivo, más aún cuando el plazo para su pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente”.
Los gremios explican que muchas empresas no tienen la liquidez suficiente para cumplir con este impuesto, lo que podría afectar su operación, el cierre de parte de sus establecimientos, quiebras y la caída en el desempleo de miles de trabajadores.
“La Constitución establece que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender. Sin embargo, el propio Gobierno ha señalado que estas medidas también buscan cubrir un hueco fiscal de tiempo atrás, lo que pone en duda que estén realmente enfocadas en la emergencia. Además, crear un impuesto de esta magnitud por decreto implica, en la práctica, dejar de lado al Congreso y el debate democratico que requieren los cambios tributarios estructurales”, añade.
La preocupación también tiene ecos en la inversión, pues consideran que este tipo de medidas deterioran la seguridad jurídica para el empresariado.
Desde el Consejo Gremial se hizo un llamado a la Corte Constitucional para actuar con rapidez en la evaluación de estas medidas, así como considerar su suspensión provisional.
“El respeto por la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos”, concluyó.
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