Congelar la tarifa de servicios públicos de EPM: la solicitud de Quintero a Petro
El alcalde de Medellín, como presidente de la junta de la empresa, hizo la petición para los 12 departamentos en los que se encuentra EPM.
En medio del bate por los elevados precios de los servicios públicos, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le envió una solicitud al presidente Gustavo Petro para que autorice congelar la tarifa de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En la solicitud, Quintero hace alusión al elevado costo de vida de los ciudadanos en rubros como el mercado, la gasolina y “los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres”.
La propuesta del alcalde de Medellín abarca 12 departamentos, que son:
- Antioquia.
- Córdoba.
- Bolívar.
- Sucre.
- Santander.
- Norte de Santander.
- Caldas.
- Quindío.
- Risaralda.
- Quibdó.
- Providencia.
- Santa Marta.
La propuesta de Quintero es, sin duda, atractiva para los usuarios, pero él no aclara por cuánto se congelará la tarifa. Además, esta decisión puede pasar factura en el largo plazo.
Lea: El incierto panorama del sector eléctrico.
La petición de Quintero a Petro se sustenta en el decreto 227 del 16 febrero 2023 mediante el que el presidente Gustavo Petro asume la regulación de los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a las tarifas. Estas funciones se encontraban en manos de: la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Sin embargo, el “decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un periodo de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”, dijo Adrián Garza, vicepresidente senior de crédito de Moody’s Investors Service.
Gaza añadió que “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos de 2023, afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas en el país”.
Y es que esa movida de Petro ha sido ampliamente cuestionada por el sector y las calificadoras, puesto que pone en riesgo el rigor técnico que se debe tener a la hora de tomar decisiones relacionadas con los precios de los servicios públicos.
Y es que subir o bajar las tarifas “por capricho presidencial”, como lo dice un analista, introduce ruido e incertidumbre en un renglón en el que se necesita inversión para poder seguir ampliando capacidad de generación y, así, evitar problemas de abastecimiento en un futuro para nada lejano.
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En medio del bate por los elevados precios de los servicios públicos, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le envió una solicitud al presidente Gustavo Petro para que autorice congelar la tarifa de servicios públicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
En la solicitud, Quintero hace alusión al elevado costo de vida de los ciudadanos en rubros como el mercado, la gasolina y “los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres”.
La propuesta del alcalde de Medellín abarca 12 departamentos, que son:
- Antioquia.
- Córdoba.
- Bolívar.
- Sucre.
- Santander.
- Norte de Santander.
- Caldas.
- Quindío.
- Risaralda.
- Quibdó.
- Providencia.
- Santa Marta.
La propuesta de Quintero es, sin duda, atractiva para los usuarios, pero él no aclara por cuánto se congelará la tarifa. Además, esta decisión puede pasar factura en el largo plazo.
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La petición de Quintero a Petro se sustenta en el decreto 227 del 16 febrero 2023 mediante el que el presidente Gustavo Petro asume la regulación de los servicios públicos, especialmente en lo que respecta a las tarifas. Estas funciones se encontraban en manos de: la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Sin embargo, el “decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un periodo de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”, dijo Adrián Garza, vicepresidente senior de crédito de Moody’s Investors Service.
Gaza añadió que “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos de 2023, afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas en el país”.
Y es que esa movida de Petro ha sido ampliamente cuestionada por el sector y las calificadoras, puesto que pone en riesgo el rigor técnico que se debe tener a la hora de tomar decisiones relacionadas con los precios de los servicios públicos.
Y es que subir o bajar las tarifas “por capricho presidencial”, como lo dice un analista, introduce ruido e incertidumbre en un renglón en el que se necesita inversión para poder seguir ampliando capacidad de generación y, así, evitar problemas de abastecimiento en un futuro para nada lejano.
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