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El Congreso aprobó este jueves el proyecto del Centro Democrático que busca reducir la jornada laboral en Colombia, que actualmente es de, máximo, 48 horas semanales (ocho horas por seis días). De acuerdo con la iniciativa, aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes, este límite debería ser de 42 horas semanales.
La reducción se hará progresivamente y comenzará dentro de dos años. Para llegar a las 42 horas se tomará cuatro años. Con estas cuentas, si el proyecto recibe el visto bueno del Ejecutivo, en 2027 ya se habrá llegado al límite propuesto por el proyecto.
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Esta baja en las horas, según congresistas del Centro Democrático, no implica una baja en los salarios de los trabajadores.
Pero hay aquí un escollo nada despreciable: ni el Gobierno ni los empresarios ven con buenos ojos la iniciativa aprobada, una de las últimas que impulsó el exsenador Álvaro Uribe.
A la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) las cuentas no le cuadran con la reducción de la jornada, pues bajar el límite de horas por empleado no reduce, per se, el tiempo que se toman los procesos productivos en una empresa.
En otras palabras, las horas que ya no trabajará un empleado las tendrá que asumir otro, por lo que, calcula el gremio, ese costo extra equivale a casi $27 billones anuales (si se tiene en cuenta que más de seis millones de trabajadores laboran más de 42 horas semanales en Colombia).
Para otros críticos de la medida, este faltante de horas podría estimular el empleo informal y formas poco ortodoxas de contratación para cubrir el tiempo, pero haciéndole el quite a los costos que supondría contratar a alguien más con la idea de llenar el tiempo que reduce el proyecto.
Pero, de fondo, la discusión que no se termina de saldar en esta ocasión es la referente a la productividad. Si bien instituciones como la Organización Internacional del Trabajo han hecho recomendaciones generales para la reducción de la jornada laboral, en mercados laboralmente más maduros estas medidas han ido acompañadas de pasos para incrementar la productividad y competitividad de trabajadores y de empresas.
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Y esto pasa por asuntos que van desde la automatización del trabajo, pasando por mejor formación de los trabajadores (especialmente en labores técnicas y en renglones intensivos en mano de obra, como ciertos renglones de la manufactura), hasta la optimización de procesos al interior de las compañías.
Según datos del Departamento Nacional de Planeación, la productividad laboral, medida como el PIB por trabajador, creció a una tasa anual de 1,8 % entre 2002 y 2017. Además, para 2018 tuvo uno de los aumentos más altos de los últimos años: 1,67 %. Y por ramas de actividad, la productividad ha sido tradicionalmente más alta en explotación de minas y canteras (8,63) y suministro de electricidad, gas y agua (7,33), con corte a 2017; muy diferente a la que tuvieron la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (0,4) y comercio, reparación, restaurantes y hoteles (0,5). Las cifras son bajas respecto a las principales economías del mundo, incluso frente a otros países emergentes.
Los críticos del proyecto lo ven como una iniciativa populista que llega en tiempos electorales, pero que no provee herramientas de fondo y largo alcance para solucionar el tema de base: cómo incrementar la productividad de la economía colombiana en general.