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Un proyecto de decreto anunciado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cambiaría las reglas de juego en las plataformas digitales de servicios turísticos.
La iniciativa, que estará publicada para comentarios hasta el 17 de diciembre, ha recibido críticas y apoyos desde diferentes sectores. Según lo explicado por la cartera, lo que se propone en este borrador de decreto no es regular ni limitar a las plataformas digitales como Airbnb, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, independientemente del canal que utilicen, cumplan reglas y operen bajo condiciones de formalidad, responsabilidad y condiciones de transparencia.
El documento establece que el sistema será administrado por las cámaras de comercio, bajo lineamientos técnicos y gobernanza del Mincit. La función de las cámaras será la de recibir y administrar los documentos y datos aportados por los prestadores de servicios turísticos, así como ejercer la función de verificación material y documental del cumplimiento de los requisitos.
Además, estas son las causas para negar el Registro Nacional de Turismo (RNT):
- Cuando los prestadores de servicios turísticos no cumplan los requisitos generales o específicos exigidos.
- Cuando hubiere errores u omisiones en el diligenciamiento del formulario.
- Cuando el objeto social o la actividad económica no correspondan a las actividades y/o funciones de la categoría o subcategoría.
- Cuando no esté renovada la matrícula mercantil o la inscripción de la entidad sin ánimo de lucro.
- Cuando los prestadores de servicios turísticos obligados al pago de la Contribución Parafiscal, al momento de la renovación no se encuentren al día.
- Cuando las Agencias de Viajes OTA (Online Travel Agency) que realicen su actividad a través de sitio web, no informen la URL en funcionamiento.
- Cuando los prestadores de servicios tengan reportada en el Registro Mercantil o ESAL.
Sobre esto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) destacó el valor que tiene este ejercicio, pues actualiza el RNT.
“Para nosotros, fortalecer el registro es esencial para avanzar hacia un turismo verdaderamente sostenible, competitivo y alineado con las necesidades de las comunidades y de los territorios”, señaló la asociación, para la cual esta iniciativa se traduce en un esfuerzo que abre un espacio de análisis y construcción colectiva.
También dice que la iniciativa propone un instrumento actualizado que contribuya a mejorar la verificación de la información, ordenar las dinámicas del alojamiento sin desconocer la ley existente de propiedad horizontal, los derechos de los residentes cuando ellos así lo hayan establecido, la seguridad para las comunidades, con especial interés la protección de la niñez, y controles de verificación para garantizar el disfrute de los turistas.
“La actualización del RNT que se expone en el decreto, no implica prohibir la actividad turística, ni mucho menos la operación de alguna plataforma de distribución digital de servicios turísticos. Bienvenidas todas, siempre hemos dicho. Reconocemos su valor e importancia, aportando cumplimientos de las normas existentes. Por el contrario, esta actualización, desde nuestro punto de vista, promueve condiciones mínimas de cumplimiento que no solo están vigentes sino que ya operan en otros países, que permiten equilibrar las cargas para todos, proteger a los pequeños empresarios formales y responder a los retos que plantea el crecimiento de plataformas digitales cuya oferta, en muchos casos, no coincide con la información registrada oficialmente”, concluye.
Anato se sumó al espaldarazo que recibe el proyecto de decreto. Según las declaraciones de su presidente ejecutiva, Paula Cortés, aunque en la oferta que tienen plataformas como Airbnb se encuentran viviendas que tienen un RNT, se necesita una interoperabilidad, es decir, que diferentes entidades regulatorias en el país (como las cámaras de comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio) puedan validar esa información de forma permanente.
Se estima que estas viviendas generan recursos que se acercan los COP 10 billones, sin que necesariamente aporten impuestos y compitan de forma desleal con los servicios de alojamiento que sí tributan, señala la dirigente gremial.
Cortés también subrayó que parte de lo que busca el nuevo decreto es que las plataformas verifiquen cada seis meses si estas viviendas turísticas cumplen con los requisitos.
“Nadie está buscando que las plataformas desaparezcan de Colombia, sino que se regulen como ocurre en otros países”, concluyó.
Los peros a la iniciativa
Desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) se ha cuestionado esta iniciativa, al decir que establece obligaciones que son técnica y legalmente imposibles para las plataformas digitales, “ya que actúan como conductos digitales en los cuales anfitriones postean sus ofertas turísticas y entran en contacto con personas interesadas en estas. Así pues, establecer obligaciones de vigilancia en cabeza de las plataformas respecto a los RNT o sobre las operaciones de los anfitriones excede sus capacidades técnicas y competencias legales. Precisamente, estas recaen en cabeza de las autoridades públicas y no privadas”.
Si este proyecto entra en vigencia, añade la cámara, las plataformas quedarían expuestas a sanciones por la falta de interoperabilidad, ausencia de herramientas de verificación y obligaciones inviables. También considera que se podrían presentar cierres operativos e investigaciones administrativas, en un marco de “inseguridad jurídica”.
“Esto produciría, una caída de la oferta turística y una disminución inmediata en reservas, ingresos de negocios locales y actividad económica relacionada: restaurantes, guías, comercio, transporte y emprendimientos turísticos. Además, si la regulación genera riesgos jurídicos permanentes, algunas plataformas podrían reducir su operación o incluso retirarse del país”, le explicó la cámara a El Espectador.
Finalmente, considera que los servicios ofrecidos tradicionalmente por plataformas como Airbnb se encarecerían producto del incremento en los costos operativos tanto para los prestadores como para las plataformas.
“El decreto exige: certificados de uso del suelo, certificados sanitarios y contra incendios, reglamentos de propiedad horizontal con autorizaciones expresas y trámites y tiempos superiores a los de la hotelería tradicional. Estos costos adicionales serían trasladados a los precios finales. Además se generan costos de ingeniería, monitoreo, cumplimiento normativo y responsabilidad legal que inevitablemente se trasladarán al consumidor”, concluyó.
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