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Ecopetrol enfrenta investigaciones judiciales de diversa índole y ha estado en el centro de las noticias en los últimos días.
Al respecto, la empresa asegura que este martes recibió en sus instalaciones la visita oficial de delegados de la Procuraduría General de la Nación, entidad que adelanta las indagaciones sobre las posibles irregularidades.
Se trata del proceso de indagación preliminar relacionado con el contrato suscrito con la firma Covington & Burling LLP. El objetivo inicial era evaluar los posibles impactos en Estados Unidos de las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa, quien dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Pero lo que se presume es que fue usado, al parecer, para la inspección de comunicaciones internas a funcionarios de la entidad. De acuerdo con la Procuraduría, 70 altos funcionarios de la compañía habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información.
Durante la diligencia, Ecopetrol entregó “toda la información, documentación y soportes requeridos, incluyendo los procesos de gestión contractual, documental y digital asociados al contrato mencionado por la Junta Directiva en su comunicado del pasado 29 de mayo”.
En su momento, Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva, aclaró en medios que la empresa contrató en 2024 una asesoría por US$875.000, pero que en diciembre, por medio de un otrosí -que calificó de “delicado, grave y abusivo”- el monto pasó a US$5,8 millones.
La entrega de la información fue realizada directamente a los funcionarios designados. Además, estos realizaron varias entrevistas, así como inspecciones.
Dicho procedimiento hace parte del material probatorio que está recaudando el órgano de control en desarrollo de la indagación iniciada. En ella busca confirmar o descartar la comisión de una irregularidad e identificar a los presuntos autores y determinar si procede la investigación disciplinaría.
De otro lado, la compañía puso en conocimiento de los delegados los avances de la investigación interna que adelanta el área de Tecnología.
En dicha indagación “se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada”, reconoció la empresa.
Ecopetrol reitera su disposición para cooperar con las autoridades competentes como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la República, como parte de su compromiso con el cumplimiento normativo, la ética pública y la rendición de cuentas.
Además, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se pronunció sobre todo lo que ha ocurrido con la empresa en los últimos días. Calificó los hechos como “una campaña sistemática de desprestigio, esto no es espontáneo ni accidental”.
Y agregó que “como presidente de la compañía no firmo ni suscribo contratos directamente. Esa función ha sido delegada a las diferentes vicepresidencias corporativas”.
La compañía asegura que continuará fortaleciendo sus mecanismos internos de control, vigilancia y cumplimiento “para garantizar la protección de la información, salvaguardar la reputación de la empresa y preservar la confianza de todos los colombianos”, finaliza el comunicado de la petrolera.
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