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La tensión en Acerías Paz del Río ha llegado a su punto más alto. Este viernes, 14 de febrero, los trabajadores de la histórica siderúrgica decidirán en una votación clave si inician una huelga o recurren a un tribunal de arbitraje, tras semanas de negociaciones fallidas con la administración. El conflicto pone en el centro del debate no solo el futuro de la convención colectiva, sino la viabilidad de una empresa golpeada por la crisis del sector y los desafíos económicos que enfrenta la industria del acero.
El punto más álgido de la disputa es el ajuste salarial. El sindicato, que representa a 1.080 de los 1.300 empleados de la compañía, exige un aumento de 18 % para el nuevo acuerdo colectivo, argumentando que los trabajadores han soportado condiciones difíciles mientras la empresa sigue operando con amplias cargas laborales.
La administración, en cambio, ha planteado un esquema más conservador:
- 2025: aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) + 0,25 %
- 2026: IPC + 0,50 %
- 2027: IPC + 0,50 %
La empresa sostiene que esta fórmula es la única opción viable para garantizar su sostenibilidad financiera, después de haber registrado pérdidas cercanas a los $60.000 millones en 2024.
Fabio Galán, presidente de la compañía, argumentó que se enfrentan a un mercado con precios a la baja y una competencia feroz de importaciones. “Si se declara la huelga, la compañía no podrá pagar salarios, porque no estará generando ingresos”, dijo.
El directivo también cuestionó la postura del sindicato, afirmando que abandonaron la mesa sin presentar una contrapropuesta concreta.
Por su parte, los líderes sindicales rechazan el planteamiento de la empresa y han intensificado su llamado a la huelga. “Compañeros y compañeras, la huelga es un derecho constitucional y nos protege en esta lucha por condiciones más justas”, expresó un vocero sindical la noche del jueves.
En caso de que se decidan por el tribunal de arbitramiento, un tercero intervendría en la disputa para definir las condiciones del nuevo acuerdo. “Tenemos toda la logística lista para que todos los trabajadores votemos hoy, bien sea Tribunal de Arbitramiento o a huelga”, señaló Sintrapazdelrío.
Un conflicto con raíces profundas
La crisis actual no es un hecho aislado. En octubre pasado, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció el despido de 60 empleados de planta y de minas en Acerías Paz del Río, señalando que la empresa usaba la reducción de costos como argumento para prescindir de trabajadores en lugar de buscar soluciones estructurales.
En paralelo, el sindicato y la CUT han presionado al Gobierno Nacional para que imponga aranceles más estrictos al acero importado de China, Rusia y Turquía, que ha afectado gravemente la competitividad de la industria colombiana. Aunque el gobierno aprobó una salvaguardia de 35 % para el alambrón de bajo carbono, la empresa advierte que esta medida no tendrá un impacto inmediato en la rentabilidad.
“Los precios del acero han bajado en promedio US$55 por tonelada entre 2023 y 2024, lo que ha afectado directamente nuestras finanzas. No estamos en un momento de bonanza, y eso es algo que el sindicato debe considerar”, enfatizó Galán.
El impacto de una posible huelga
Si la mayoría de los trabajadores vota a favor del paro, la producción de la empresa se vería severamente afectada. Esto traería consecuencias inmediatas:
- Salarios en riesgo: la compañía advierte que no podrá pagar sueldos si no hay ingresos por producción.
- Cumplimiento de contratos: un paro podría poner en riesgo la entrega de pedidos clave y afectar la relación con clientes.
- Proveedores y pensionados: la empresa sostiene a 3.000 pensionados, cuyos pagos podrían verse comprometidos.
Acerías Paz del Río tiene un peso significativo en la economía de Boyacá, representando 4 % del PIB departamental y generando miles de empleos directos e indirectos.
“Una huelga afectaría no solo a la empresa, sino a toda la región”, dijo Galán, mientras insistió en la sensatez y el diálogo.
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