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Son diversos los intentos que se han hecho en el Congreso para regular las aplicaciones de transporte. Aunque en Colombia no es ilegal el funcionamiento de las mismas, lo que no está regulado es el servicio que se presta desde vehículos particulares.
Según la normativa actual, la prestación de este, desde un vehículo particular, puede sancionarse de manera económica, así como la inmovilización del automotor.
De hecho, el marco legal ha sido tan hostil para este tipo de plataformas que empresas como Uber han tenido temporadas en las que han salido del país, mientras encontraban formas legales para permanecer (el modelo que implementaron fue el del alquiler de vehículos con conductor, que es con el que continúan operando).
La implementación de este tipo de plataformas ha permitido la diversificación de la oferta de transporte en el país, lo cual redunda en un beneficio para los usuarios; así como oportunidades de ingresos para quienes trabajan mediante estas. Según cifras manejadas por Alianza In, en Colombia más de 100.000 familias generan ingresos de esta actividad.
También están los reparos del gremio de los taxistas, quienes ven en este tipo de plataformas una competencia desleal a su actividad, pues los conductores de vehículos particulares no comparten las mismas exigencias legales y económicas.
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Una de los más recientes intentos de regular esto lo lideró el para entonces Congresista Mauricio Toro, quien presentó, hasta en tres ocasiones, un proyecto de ley que reconocía estas diferencias y proponía nivelar la cancha, estableciendo unos costos adicionales a los conductores de vehículos particulares y alivianando las presiones a los taxistas (incluso se llegó a proponer una especie de contribución de los primeros para devolver a los segundos el costo del denominado “cupo”). Aún con todo esto, la iniciativa terminó hundiéndose en los debates.
Este lunes se conoció que un grupo de congresistas (de diferentes partidos políticos) radicó un nuevo proyecto de ley con el que se busca destrabar esta discusión. La diferencia, explican, es que esta vez se trata de un proyecto de ley estatutaria que busca ampararse en una sentencia emitida el año pasado por la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se establece como un derecho humano fundamental el disfrute de los avances científicos y tecnológicos.
En otras palabras, parte de lo que busca el objeto de esta iniciativa es que se reconozca que no regular a estas plataformas, y el servicio prestado por vehículos particulares, es una barrera que impide el avance que ofrecen estas tecnologías.
Estos son los congresistas que participan de la iniciativa: María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Alfredo Deluque (Partido de la U), Humberto De La Calle (Partido Verde Oxígeno), Heraclito Landines (Pacto Histórico), Julio Alberto Elias Vidal (Partido de la U), Julian David López Tenorio (Partido de la U), Carlos Ardila (Partido Liberal) y Katherine Miranda (Partido Verde).
Este proyecto de ley también pretende que el Estado no interfiera en el uso de estas nuevas tecnologías, amén de que promueva su desarrollo y acceso equitativo (salvo los límites relacionados con otros derechos fundamentales).
Según lo explicado por los congresistas, este proyecto de ley:
- Establece la necesidad de que el Estado remueva barreras que impidan el disfrute de estos derechos por parte de los ciudadanos.
- Garantiza que no se tomen medidas legislativas o administrativas que impliquen regresividad en este tema e introduce un criterio de interpretación favorable.
- Incluye un criterio de perspectiva de género, para que el desarrollo de estos derechos contribuya a la reducción de las brechas que perjudican a las mujeres colombianas.
- Establece la obligación del Estado de promover la investigación, el desarrollo y la utilización de tecnologías avanzadas para el transporte.
- Actualiza la normatividad sobre transporte, para establecer explícitamente que los vehículos particulares podrán prestar servicios de movilidad intermediados por plataformas digitales, superando el atraso normativo que enfrenta Colombia en esta materia.
- Introduce obligaciones en seguridad, calidad y transparencia para plataformas digitales de movilidad y conductores que operan a través de ellas.
- Crea la Estrategia Nacional de Desregulación para taxis, que busca equilibrar la cancha y remover trámites, cargas y barreras que hoy afectan a los taxistas colombianos, dándole al Gobierno Nacional un plazo de 1 año para modernizar y alivianar la regulación del taxismo.
También resaltaron que “la no regulación de este derecho pone en riesgo a la ciudadanía de no acceder plenamente a sus beneficios. Es por eso que el Estado tiene la obligación de remover barreras que limiten el acceso a tecnologías que mejoran la movilidad, la salud, la educación y otros servicios mediados por la tecnología”.
Con esta iniciativa no solo se busca el acceso a la libre movilidad y a la posibilidad que tienen los usuarios de elegir los medios y modos en los cuales transportarse, sino de acompañarse en tecnologías que optimicen los recursos y mejoren las condiciones de seguridad y calidad con las que se presta el servicio.
“Este proyecto de ley establece que cualquier limitación a este acceso es una vulneración a los derechos fundamentales y va en contravía de los principios constitucionales que protegen la dignidad humana, la libertad de empresa y la innovación tecnológica. Máxime cuando en 2023, 1,3 millones de cuentas prestaron al menos un servicio con vehículo particular a través de plataformas de movilidad y 22,1 millones de cuentas de usuarios disfrutaron de éstos”, concluyeron los congresistas.
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