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Treinta y cinco años después de que la Constitución ordenara expedir un Estatuto del Trabajo, el mandato sigue sin convertirse en ley. Este martes, el Gobierno intentó cerrar ese vacío. La bancada del Pacto Histórico, con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, radicó ante el Congreso el proyecto que desarrolla por primera vez el artículo 53 de la Carta Política y propone un nuevo marco para las relaciones laborales en Colombia.
La iniciativa llega cuando al actual gobierno le restan pocas semanas en el poder. Será el próximo Congreso el que decida si ese mandato constitucional, aplazado desde 1991, finalmente deja de ser una promesa escrita para convertirse en una norma vigente.
El proyecto no crea un nuevo Código Sustantivo del Trabajo. Su propósito es distinto: fijar, mediante una ley estatutaria, los principios que orientarán la protección del trabajo en el país y que, de ser aprobados, tendrían un nivel de estabilidad superior al de una ley ordinaria.
Entre los cambios más relevantes aparece la incorporación del concepto de salario vital. La propuesta plantea que la remuneración de los trabajadores no solo se defina a partir de la inflación o de la negociación anual del salario mínimo, sino que también considere el costo de vida, la productividad y las necesidades reales de los hogares, con el propósito de garantizar condiciones materiales de existencia digna.
Según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el salario vital sustituiría el salario mínimo para garantizar las “condiciones de vida digna de los trabajadores y sus familias”.
“Durante más de treinta años los trabajadores esperaron que este mandato de la Constitución se hiciera realidad. Hoy el Gobierno del Cambio le cumple al país con una propuesta que pone la dignidad del trabajo en el centro del desarrollo”, afirmó Sanguino.
La iniciativa también incorpora uno de los debates que hasta hace pocos años parecía reservado a las grandes empresas tecnológicas: el uso de la inteligencia artificial en las decisiones laborales. Si un algoritmo interviene en procesos como la asignación de funciones, evaluaciones o desvinculaciones, el trabajador tendría derecho a conocer cómo se produjo esa decisión y a solicitar que una persona la revise. Además, el texto prohíbe que un despido se sustente exclusivamente en una decisión automatizada.
Otro de los capítulos busca endurecer el control sobre la tercerización ilegal. El proyecto propone fortalecer las herramientas para identificar los casos en los que esa figura se utilice para ocultar verdaderas relaciones laborales y eludir obligaciones como el pago de prestaciones sociales o los aportes al sistema de seguridad social.
La propuesta amplía, además, las garantías para grupos que históricamente han tenido menor protección dentro del mercado laboral. Allí aparecen las trabajadoras del servicio doméstico, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población migrante y los adolescentes autorizados para trabajar bajo condiciones especiales. Al mismo tiempo, reafirma la prohibición del trabajo infantil.
El texto también incorpora el Sistema Nacional del Cuidado como parte de la política laboral. La intención es reconocer las labores de cuidado que recaen sobre millones de hogares y promover mecanismos de corresponsabilidad entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
En materia sindical, el proyecto fortalece la negociación colectiva y plantea mayores garantías para quienes decidan afiliarse a organizaciones de trabajadores. Según el Gobierno, el objetivo es privilegiar el diálogo entre empleadores y empleados como mecanismo para resolver los conflictos laborales.
“Su discusión será una oportunidad para que el país defina el futuro de las relaciones laborales bajo principios de dignidad, justicia social y diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado”, señaló el Ministerio del Trabajo al presentar la iniciativa.
El proyecto inicia ahora su trámite legislativo. Como cualquier ley estatutaria, deberá superar un procedimiento más exigente que el de una ley ordinaria, incluido el control previo de la Corte Constitucional.
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