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En Bogotá hay 1.737 empresas caminando dentro de procesos de reorganización, según un informe de la Cámara de Comercio. Otras ya cayeron: los activos en liquidación judicial suman más que los que intentan salvarse.
El PIB de la ciudad crece por encima del promedio del país (3,9 % frente a 2,3 %), crea empresas, baja el desempleo. Y aun así, algo se está rompiendo por dentro.
A febrero de 2026, los activos en reorganización sumaban COP 88,7 billones. En liquidación judicial, COP 94,6 billones.
En 2025 se abrieron 550 procesos de reorganización empresarial en Colombia. 337 fueron de Bogotá, un salto de 24 % en un año. En paralelo, la ciudad cerró con 493.825 empresas activas y más de 83.000 nuevas matrículas. El pulso es doble: expansión y desgaste ocurriendo al mismo tiempo.
Ese desgaste ya tiene tamaño. El 16,5 % de las pymes presenta condiciones de insolvencia. Siguen operando. Pagan tarde. Acumulan deuda. Ajustan sobre la marcha.
“La insolvencia es multidimensional y predecible; nunca es una sorpresa. Es la suma de debilidades simultáneas en liquidez, operación, gestión y estructura organizacional”, señala el documento.
El estudio, construido con participación de firmas como Alvarez & Marsal, Coltefinanciera y varios despachos legales, mira a las empresas que aún respiran, justo donde aparece el problema. La encuesta cubrió 437 pymes de Bogotá, con preguntas sobre liquidez, deuda, riesgos, gobernanza y operación. No buscaba quiebras consumadas, sino señales previas.
El modelo separa dos grupos. El 83,5 % cae en una zona estable. El 16,5 % restante concentra problemas recurrentes de pago y presión financiera. Esa proporción se repite en comercio, industria y servicios, sin grandes diferencias por tamaño o sector: “gastos creciendo más rápido que las ventas, endeudamiento alto respecto a los ingresos, generan tensiones persistentes de liquidez”.
En las empresas pequeñas, el deterioro es más visible. Reportan menos información financiera, mezclan recursos personales con los del negocio y cubren huecos de caja con plata propia. No hay colchón. Hay improvisación.
El estudio lo llama “la contabilidad de bolsillo”; cuando la lleva directamente el dueño, sin control externo, deja de ser un sistema de información y se convierte en una herramienta flexible, moldeable.
En las decisiones sucede lo mismo. En muchas pymes, la estrategia se concentra en el propietario o en el círculo familiar. Sin junta, sin contrapesos, sin discusión.
Ahí aparecen los problemas:
- Reducción de personal indefinido.
- Retrasos en cobros.
- Dependencia de créditos informales.
- Presión de costos (incluido el 4 x 1.000).
- Materias primas más caras.
Las empresas lo ven venir. Y aun así, muchas actúan tarde, cuando el consultor aparece en medio del incendio. “Nunca es una sorpresa”, afirma el informe.
En las medianas, el asunto cambia. Más disciplina financiera, uso de seguros, estructuras formales. Aun así, el riesgo no desaparece; se administra mejor.
Un cuarto de las empresas ni siquiera conoce la normativa de insolvencia.
La presión también viene de los hogares
En paralelo, la presión financiera no se queda dentro de las empresas. En 2025 se registraron 18.749 procesos de insolvencia de personas naturales, un aumento de 79 % frente al año anterior y el nivel más alto en una década. Bogotá concentró 5.425 casos.
El incremento más alto en la última década de personas naturales, subrayó la firma Insolvencia Colombia a principios de este año. “Pero también refleja el impacto que tiene el aumento de la informalidad en el bolsillo de las personas”, agregó.
El deterioro tiene causas repetidas: desorden financiero (38,77 %), ingresos inestables por informalidad o desempleo (31,54 %) y bajo conocimiento financiero (14,4 %). En 2025, solo tres de cada diez procesos lograron un acuerdo con acreedores. Hace cuatro años eran seis.
Las señales aparecen antes de la caída formal. El modelo identifica cinco variables que anticipan el problema: eventos financieros adversos recientes, percepción de incumplimiento futuro, trayectoria de ingresos, deudas vencidas con varios acreedores y demandas de ejecución.
¿Por qué? Simple: cuando los gastos crecen más rápido que los ingresos y la deuda se vuelve pesada, la caja empieza a fallar. Lo demás viene después.
A veces la reacción llega tarde. Ahí, justamente, el estudio advierte un evento clásico, el “efecto bombero”. Cuando se contrata a un consultor externo en plena crisis, en medio del incendio que ya existe.
Del otro lado, la estabilidad también tiene forma concreta. Empresas que crecen con utilidades propias, no con deuda. Que mantienen gastos bajo control. Que tienen seguros. Que planifican escenarios adversos. Que delegan la contabilidad a un tercero. Que conocen las reglas de insolvencia antes de necesitarlas.
“Protección = disciplina + previsión + estructura”, formuló el informe.
Del otro lado, las empresas que resisten muestran otra disciplina. Financian su crecimiento con utilidades, mantienen gastos bajo control, tienen seguros y planes para escenarios adversos. Delegan la contabilidad. Abren la toma de decisiones.
“Nunca es una sorpresa”, afirma el estudio.
El informe insiste en esa idea. No aparece de un día para otro. Se arma con tiempo. No espera el incendio, lo prevé en su operación, en su estrategia, porque la línea entre crecer y desordenarse es más delgada de lo que parece.
¿Qué implica declararse insolvente?
La insolvencia de persona natural no comerciante aplica para ciudadanos cuyas deudas superan su capacidad de pago y que no lograron acuerdos directos con bancos o acreedores. También cobija a pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025.
El objetivo formal es reorganizar las obligaciones o, en última instancia, liquidar el patrimonio bajo reglas controladas y con respeto al orden legal de pagos.
Primero se suspenden los procesos de cobro, y luego comienza la negociación bajo reglas claras de transparencia.
Una vez admitido el trámite, la ley ordena detener embargos, procesos ejecutivos, cobros coactivos y medidas cautelares. También se suspenden los descuentos automáticos de nómina y libranzas, salvo en obligaciones alimentarias. Los servicios públicos domiciliarios no pueden ser cortados, lo que garantiza un mínimo de estabilidad en la vida cotidiana del deudor.
El Código General del Proceso fija un plazo inicial de 60 días, prorrogables por 30 más, para buscar un acuerdo con los acreedores. Durante ese tiempo, se negocian intereses, plazos y condiciones de pago.
Las consecuencias, sin embargo, derrumban el historial crediticio por el reporte directo a las centrales de riesgo, que reduce el puntaje y dificulta el acceso a nuevos productos financieros.
La ley exige, además, la inscripción del deudor en el Registro Nacional de Insolvencia, una base pública consultada por bancos, arrendadores y calificadoras de riesgo. El efecto se traduce en créditos cerrados, contratos que no prosperan y oportunidades que se enfrían.
En escenarios de liquidación, el control del patrimonio pasa a manos de un liquidador. Los bienes se venden para pagar deudas conforme al orden legal. Es decir, el deudor pierde capacidad de decisión.
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