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La portabilidad numérica es el derecho que tienen los usuarios para cambiar libremente de operador. En la práctica, es lo contrario a las cláusulas de permanencia, y su existencia es clave para la competitividad en el mercado, pues permite que las personas migren al operador que les brinde un mejor precio y servicio.
Esta mañana la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que le impuso una sanción de $3.000 millones a Movistar por poner trabas a los procesos de portabilidad numérica. Según la autoridad, el mencionado operador habría incurrido en esa práctica mediante un programa llamado “Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado”.
La SIC precisa que este programa de “fidelización”, en realidad le creaba una deuda al usuario de $1.500, por la cual se configuraba una causal ficticia de mora y, por ende, la imposibilidad de que el mismo pudiera adelantar la portabilidad (hasta que no estuviera al día con sus obligaciones).
“¿En qué consistió esta estrategia comercial de Movistar? Durante el período comprendido entre el 4 de enero de 2021 al 17 de febrero de 2023, Movistar creó programas de fidelización para clientes activos en modalidad prepago en los que, por acumular mensualmente recargas iguales o superiores a $18.000 y $20.000 en paquetes o reactivaciones del servicio de Todo En Uno, se activaban servicios adicionales como el ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’. En este sentido, el operador creó un hipotético beneficio a los usuarios prepago consistente en un bono de 10 minutos TD + 100 MB WhatsApp, por valor de $1.500 pesos, el cual era ‘condonado’ al final de mes, si el cliente permanecía en el servicio prepago”, detalla la SIC.
La autoridad considera que esta práctica es contraria a la ley porque la activación del supuesto beneficio en realidad buscaba retener a los usuarios, usando de forma indebida la causal de mora. El usuario solo se percataba de esta situación cuando, al intentar hacer la portabilidad, se le notificaba que su solicitud había sido rechazada por deber esos $1.500. Según la SIC, esta práctica permaneció durante más de dos años.
“Se trató de una represalia comercial que distorsionó las reglas del mercado y perjudicó directamente al usuario en su derecho a elegir y cambiar libremente de operador. Con esta decisión, la Superintendencia reafirma su compromiso con la protección de los usuarios en los servicios de comunicaciones y continuará su labor de inspección, vigilancia y control del sector, buscando que operadores corrijan sus prácticas ilegales, teniendo siempre como premisa el respeto del derecho a la libre elección de los consumidores”, concluyó la SIC.
Por su parte, Movistar informó que “es respetuosa de las normas establecidas para el desarrollo del proceso de portabilidad numérica móvil. Fuimos notificados de la resolución y ejerceremos nuestra defensa a través de los recursos legales pertinentes.”
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