La suspensión del fracking en el país no representa costo fiscal para el gobierno

La viceministra técnica del ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdez, dijo que el proyecto que busca prohibir el fracking en el país no tiene ningún impacto fiscal para el país.

En una audiencia pública en la Comisión Quinta de la Cámara, reconoció que “la implementación de la técnica de fracturación hidráulica multietapa con perforación horizontal en YNC (yacimientos no convencionales) presenta un potencia de reservas para el país”, pero resalta que la técnica “supone potenciales impactos desfavorables en términos ambientales y sociales”.

Ante la célula legislativa, la funcionaria señaló que revisando el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se encuentra ningún ingreso proveniente del fracking, “por lo tanto podemos decir con plena certeza que este proyecto de ley no tiene un impacto fiscal negativo”.

Pero reconoció que hay ciertos costos macroeconómicos y sociales “asociado con el fracking, pero eso clave la posibilidad de pensar que podría tener un impacto fiscal negativo para el país no pasar esa reforma”.

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En las estimaciones centrales previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 “no se incorporan ingresos fiscales provenientes de la producción de los hidrocarburos a partir de la explotación en YNC del tipo areniscas bituminosas, hidratos de metanos y lutita”. Todo esto es posible “en la medida en que el proyecto de ley no afecte el nivel actual de reservas de hidrocarburos del país”.

Por parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo que con el proyecto no habrá una afectación contractual. “De hecho el mismo proyecto de ley a través de uno de sus parágrafos nos ofrece unas condiciones y un marco para resolver estos contratos que hasta el momento están suspendidos”.

Existe la posibilidad de que las inversiones y el resto de las actividades desarrolladas al ampro de estos proyectos puedan migrar a otras iniciativas, dijo el funcionario.

Camacho sostuvo que para la política minero-energética que se ha decidido desde este gobierno “no hay una afectación y está totalmente alineado con nuestra política energética, no afecta la seguridad, no afecta la soberanía, y por el contrario nos permitirá avanzar en la consolidación de ese proceso de transición (energética) bien planeado”.

Luis Guillermo Acosta de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) señaló que el proyecto que busca prohibir el fracking en el país, desconoce que los yacimientos no convencionales en su definición no son lo mismo que el fracking. Pidió volver a los proyectos piloto de de investigación integral porque utilizan ciencia y tecnología para tomar decisiones informadas sobre los proyectos de fracking sostenibles.

La presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Clara Liliana Guatame, dijo que de 407 contratos petroleros existentes 12 son de yacimientos no convencionales. Entre estos 12 contratos cinco han sido renunciados, es decir, que no están vigentes. De los restantes siete, cinco están suspendidos y uno está en trámite de terminación, mientras que solo tres están en ejecución y pertenecen a la multinacional carbonera Drummond que espera la suerte del proyecto.

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El contrato CEPI Kalé firmado con Ecopetrol se encuentra suspendido desde el 15 de mayo de este año. En cuanto a Platero, el contratista presentó la renuncia y terminación ordinaria de la relación contractual el 10 de enero de 2023.

La viceministra técnica del ministerio de Hacienda, María Fernanda Valdez, dijo que el proyecto que busca prohibir el fracking en el país no tiene ningún impacto fiscal para el país.

En una audiencia pública en la Comisión Quinta de la Cámara, reconoció que “la implementación de la técnica de fracturación hidráulica multietapa con perforación horizontal en YNC (yacimientos no convencionales) presenta un potencia de reservas para el país”, pero resalta que la técnica “supone potenciales impactos desfavorables en términos ambientales y sociales”.

Ante la célula legislativa, la funcionaria señaló que revisando el Marco Fiscal de Mediano Plazo no se encuentra ningún ingreso proveniente del fracking, “por lo tanto podemos decir con plena certeza que este proyecto de ley no tiene un impacto fiscal negativo”.

Pero reconoció que hay ciertos costos macroeconómicos y sociales “asociado con el fracking, pero eso clave la posibilidad de pensar que podría tener un impacto fiscal negativo para el país no pasar esa reforma”.

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En las estimaciones centrales previstas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2023 “no se incorporan ingresos fiscales provenientes de la producción de los hidrocarburos a partir de la explotación en YNC del tipo areniscas bituminosas, hidratos de metanos y lutita”. Todo esto es posible “en la medida en que el proyecto de ley no afecte el nivel actual de reservas de hidrocarburos del país”.

Por parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dijo que con el proyecto no habrá una afectación contractual. “De hecho el mismo proyecto de ley a través de uno de sus parágrafos nos ofrece unas condiciones y un marco para resolver estos contratos que hasta el momento están suspendidos”.

Existe la posibilidad de que las inversiones y el resto de las actividades desarrolladas al ampro de estos proyectos puedan migrar a otras iniciativas, dijo el funcionario.

Camacho sostuvo que para la política minero-energética que se ha decidido desde este gobierno “no hay una afectación y está totalmente alineado con nuestra política energética, no afecta la seguridad, no afecta la soberanía, y por el contrario nos permitirá avanzar en la consolidación de ese proceso de transición (energética) bien planeado”.

Luis Guillermo Acosta de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) señaló que el proyecto que busca prohibir el fracking en el país, desconoce que los yacimientos no convencionales en su definición no son lo mismo que el fracking. Pidió volver a los proyectos piloto de de investigación integral porque utilizan ciencia y tecnología para tomar decisiones informadas sobre los proyectos de fracking sostenibles.

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