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En medio del proceso de extinción de dominio que enfrenta Fast Moda S.A.S., empresa operadora de las marcas Lili Pink y Yoi, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó este miércoles que ha recibido 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral los contratos de arrendamiento de locales ocupados por la compañía.
Según explicó la entidad, las solicitudes se han presentado luego del inicio del proceso judicial que atraviesa la sociedad, lo que ha abierto un nuevo frente de incertidumbre sobre el futuro de sus puntos de venta y de los empleos vinculados a su operación. La preocupación se concentra especialmente en los locales ubicados dentro de centros comerciales en distintas regiones del país.
Sobre el tema, Diego Chávez, vicepresidente de la SAE, explicó en diálogo con Blu Radio que “el principal argumento para la terminación de los contratos de arrendamiento y otros contratos es justamente el inicio del proceso de extinción de dominio”. Sin embargo, aseguró que desde la presidencia de la entidad el objetivo es conservar la empresa “como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”.
El caso se destapó el pasado 27 de abril, cuando la Fiscalía intervino más de 400 locales comerciales donde se comercializan productos de la marca y realizó varias capturas dentro de una investigación por una presunta red de contrabando que, según las autoridades, habría operado desde al menos 2014.
Dentro de ese proceso fue capturado Walter Martínez Martínez, señalado por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. Un juez ordenó su envío a la cárcel, aunque por ahora permanece en detención hospitalaria mientras se recupera y recibe el alta médica, tras lo cual sería trasladado a un centro de reclusión. Martínez no aceptó los cargos.
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel”, mediante el cual ingresaban al país mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que posteriormente eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Entre los hallazgos presentados por el ente investigador figuran presuntos hechos de lavado de activos por COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía por más de COP 54.000 millones, además de un posible contrabando que superaría los COP 75.000 millones.
Como parte de las medidas cautelares fueron afectados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Las diligencias se realizaron conjuntamente entre la Fiscalía y el Ejército en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia.
Tras conocerse las primeras operaciones, Lili Pink aseguró que trabaja de manera coordinada con sus asesores legales y con las entidades correspondientes para atender la situación dentro del marco legal. La empresa también pidió a la Fiscalía y a la SAE proteger la marca colombiana, que —según señaló— durante más de 20 años se ha consolidado como referente nacional e internacional y genera miles de empleos directos e indirectos.
Ahora, con las 87 solicitudes de terminación anticipada de contratos de arrendamiento reportadas por la SAE, el caso suma una nueva preocupación: el impacto que podría tener sobre la continuidad de los locales comerciales y sobre las personas que trabajan en ellos, mientras avanza el proceso judicial y administrativo alrededor de Fast Moda S.A.S.
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