La explicación de la SIC tras inspecciones a la Registraduría y a Thomas Greg

Cielo Rusinque Urrego es la actual superintendente de Industria y Comercio.

Foto: Óscar Pérez

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó este miércoles que está realizando visitas de inspección en Thomas Greg y en la Registraduría.

La entidad sostiene que se adelantan “únicamente con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual” y que las inspecciones no implican una “intromisión ilegítima en el normal funcionamiento de la institución”.

El contratista Thomas Greg & Sons, quien ha impreso los pasaportes en los últimos años, estuvo muy cerca de quedarse con la licitación pública en 2023, pero hubo una rotunda negativa del canciller suspendido Álvaro Leyva, quien a último momento declaró desierto el proceso. El Gobierno ha argumentado que no hubo garantías para otros potenciales contratistas.

La licitación de pasaportes ya se llevó por delante a un ministro, a una directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta el momento no es claro qué pasará con el contrato de casi $600 millones que se le adjudicó a Thomas Greg and Sons y distintos procesos están en curso, entre otras cosas, la empresa demandó al Estado por haber declarado desierta la licitación.

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Los argumentos de la SIC

Para la Superindustria, las actuaciones adelantadas en las instalaciones de la Registraduría, así como en las oficinas asociadas a Thomas Greg, no son extralimitadas, pues responden a su tarea de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sobre libre competencia económica.

“A la entidad se le ha encargado adelantar indagaciones e investigaciones para determinar la existencia de acuerdos, actos, abuso de posición de dominio en relación con comportamientos que puedan o tengan efectos en los mercados nacionales, en especial en los procesos de contratación estatal”, señaló en un comunicado.

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La entidad argumenta que la libre competencia económica es “particularmente fundamental en los procesos de contratación del Estado para garantizar una dinámica efectiva en el sistema de compra pública”. De ahí que puede hacer visitas a los proponentes de los procesos de selección contractual, pero también a la entidad estatal contratante para tener un contexto completo de cómo se adelantan los procesos.

Agrega que las entidades estatales deben atender las visitas de inspección, impedir su desarrollo puede implicar una infracción al régimen de libre competencia.

“La Corte Constitucional avaló las facultades de la Superintendencia de realizar visitas de inspección indicando que se tratan de diligencias cuya práctica no requiere autorización judicial previa, persiguen una finalidad legítima porque permite recaudar las pruebas necesarias para el desarrollo de la investigación, y no requieren el aviso previo, destacando que el factor sorpresa de estas es vital para el desarrollo adecuado de las mismas”, detalló.

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