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Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una firma estratégica para Colombia, pues provee cerca del 40 % de los fertilizantes e insumos que se demandan en el territorio nacional. Su peso es tal que incluso el Gobierno la considera clave para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Aunque es una compañía constituida en Colombia, el 100 % de sus acciones pertenecen a la estatal venezolana Petroquímica de Venezuela S.A. (Pequiven). En reiteradas ocasiones, el Gobierno colombiano ha manifestado su interés en adquirirla; sin embargo, hasta la fecha no se ha anunciado un acuerdo de compraventa ni un proceso formal que haya culminado con el traspaso de la propiedad.
Recientemente, la Superintendencia de Sociedades informó que fue confirmado el acuerdo de reorganización empresarial de Monómeros.
Esto significa que, ante las dificultades financieras que atraviesa y el riesgo de insolvencia, la compañía solicitó acogerse a la Ley de Insolvencia. Este mecanismo le permite negociar con sus acreedores para reestructurar sus deudas y alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de sus operaciones y evite la liquidación.
“El proceso de reorganización fue iniciado mediante actuación de oficio en marzo de 2025, como resultado de una situación financiera compleja que hacía necesario preservar la empresa como unidad productiva y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias. Posteriormente, una vez surtidas las etapas procesales correspondientes, incluyendo la aprobación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, se logró la negociación del acuerdo con los acreedores”, informó la superintendencia.La confirmación de este acuerdo se dio gracias al marcado apoyo que los acreedores de Monómeros le dieron al plan de pagos, el cual contó con una votación favorable del 99,56 %.
El acuerdo alcanzado le permite a Monómeros atender las deudas que tiene con un esquema estructurado, el cual respeta la prelación legal de los créditos. Además, se soporta en un plan de negocios y en proyecciones de flujo de caja que permiten garantizar la viabilidad de la compañía, bajo un esquema de disciplina financiera, restricciones a la distribución de utilidades y seguimiento permanente a través de un Comité de Acreedores.
“Con la confirmación del acuerdo, se busca la preservación de la empresa como fuente generadora de empleo, la continuidad de su operación en un sector estratégico para el país y la protección del crédito, en concordancia con los principios de empresa en marcha, función social y conservación del empleo”, detalla la superintendencia.
Según lo explicado por la superintendente de Sociedades encargada, Nini Johanna Castañeda, este proceso pone en evidencia lo efectivo que es el régimen de insolvencia empresarial en Colombia, pues se lograron alcanzar soluciones concertadas entre el deudor y sus acreedores, incluso tratándose de un proceso de alta complejidad.
“Este acuerdo permite preservar una compañía estratégica, garantizar el cumplimiento ordenado de las obligaciones y fortalecer la confianza en los mecanismos institucionales de recuperación empresarial”, concluyó la directiva.
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