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En el marco del Encuentro Laboral 2024, organizado por el Colegio de Abogados del Trabajo, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma aseguró que la cartera tiene la lupa puesta en los pactos colectivos.
“Pactos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el código sustantivo del trabajo, que tengan fines de acabar, debilitar un sindicato o impedir el nacimiento de un sindicato tendrán una sanción de hasta 5.000 salarios mínimos”, dijo.
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Según el funcionario, en el radar del Ministerio de Trabajo hay por lo menos 74 pactos colectivos identificados con indicios de discriminación anticindical. “Se iniciarán los procesos y al que haya que poner sanciones se le aplicarán conforme a la ley”, concluyó.
Pero ¿Qué son los Pactos Colectivos?
Estos son acuerdos que se celebran entre los trabajadores no sindicalizados y sus empleadores. Usualmente se usan para regular temas relacionados al contrato de trabajo como incentivos, primas extralegales y bonificaciones.
Hay que tener en cuenta que los pactos colectivos únicamente se aplican a los trabajadores que decidan acogerse a los mismos, y a los que posteriormente se adhieran.
“Históricamente los han promovido los empresarios donde consiguen un sector de trabajadores que hace, entrecomillas una negociación con los empresarios, y al final terminan buscando formas para que la organización sindical no logre negociar. El problema mayor radica en que no cumplen los procedimientos que la Ley obliga para hacer un pacto colectivo y, una vez firmado por unos pocos, que pueden ser cinco o diez, la empresa empieza una labor de intimidación de que quien no se adhiera al pacto colectivo puede perder el empleo. Se vuelve una forma de extorsión. Por eso decimos que todos los pactos son antisindicales, porque los promueve la empresa, con trabajadores patrocinados por ellos y contra la organización sindical”, le explicó a este medio el presidente de la CUT, Fabio Arias.
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Según lo denunciado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se ha encontrado que solo el 1 % de los trabajadores en el país se benefician de un pacto colectivo, y que estos son “un modelo patronal para negar el derecho de asociación y la negociación, que viene creciendo en desmedro de las convenciones que sí firman los sindicatos”, detalla.
Según la central, esta serie de acuerdos se han utilizado, de forma reiterada y sistemática, para afectar a las organizaciones sindicales, pues generalmente ofrecen dádivas para que los trabajadores renuncien al sindicato.
Se considera sospecha de antisindicalismo todo acto (en este caso pacto colectivo) que busque que un sindicato no nazca, se diluya o se acabe, entre otras prácticas que podrían generar discriminación y demás afectaciones a sus integrantes.
Según Arias, en el país hay 342 pactos colectivos (muchos de ellos con nombres distintos como “planes de beneficio convencionales”). Algunas de las empresas que los tienen son Bancolombia, Bavaria y Ecopetrol.
“En la reforma laboral incluimos un artículo donde recogemos las recomendaciones de la OIT y de la OCDE donde dicen que los pactos colectivos no deben existir. Puntualmente en la reforma se establece que no deben existir donde haya organizaciones sindicales. Pero también existen demandas para que la Corte las declare inexequibles en la legislación laboral”, concluye el presidente de la CUT.
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