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En mayo, la tarifa de energía de Air-e no subirá. El kilovatio hora seguirá costando $943 en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tal como lo anunció la agente especial de la compañía intervenida, Diana Bustamante. Un alivio para el bolsillo de millones de colombianos en una región donde los precios de la factura pueden superar el $1 millón al mes.
Desde que la empresa fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre pasado, Air-e ha intentado mostrar otra cara, en parte, por las experiencias acumuladas de los usuarios por abusos tarifarios y facturación errática.
“Adicionalmente, la empresa trabaja en línea con el Gobierno Nacional para mitigar los impactos tarifarios y le sigue apostando a la transición energética. El interés es continuar con la instalación de paneles solares en alianza con el Fenoge y diferentes organizaciones comunitarias”, señala la empresa en un comunicado.
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Las buenas noticias, sin embargo, tropiezan con la deuda de la empresa, que ronda los $2 billones a los generadores de energía, y el gobierno ha dicho que no piensa pagarlos. Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien fue interventor de la compañía antes de asumir la cartera, esa deuda es un legado de los privados, y por tanto, no es responsabilidad del Estado.
El sector no está de acuerdo. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg (el gremio de los generadores), afirma que al menos $1,5 billones de esa deuda surgieron durante la intervención estatal por la falta de pagos desde noviembre. El golpe ha caído directamente en los generadores térmicos (los mismos que, durante la faena del fenómeno de El Niño, mantuvieron al país encendido), que representan $1,2 billones del total adeudado.
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La cadena de suministro está en riesgo, y el vaivén de la pelota entre el Estado y las empresas pasa de un lado a otro mientras la amenaza de un posible apagón sigue latente.
La empresa no tiene caja suficiente y el gobierno no quiere cargar con un lastre que supone heredado. Las empresas piden un documento Conpes que garantice liquidez, operaciones de crédito público o avales de la Nación.
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Bien pueda que el precio no suba, pero la falta de cuentas claras aumenta más una tensión que venía desde el exministro Andrés Camacho, quien anunció investigaciones contra las empresas, y más adelante, la solicitud de la Superservicios al solicitar a las generadoras y transmisoras para suministrar energía a Air-e bajo el principio de solidaridad.
La orden cobija a gigantes del sector como AES Colombia, Celsia, Enel, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, quienes deberán vender la energía a precios “costo-eficientes”. En palabras sencillas: sin que el precio supere lo estrictamente necesario para cubrir los costos de producción y transmisión.
Desde que la empresa asumió la operación en el Caribe (tras el retiro de Electricaribe), la compañía enfrentó dificultades para negociar contratos estables. A finales de 2023, la empresa denunció alzas en el precio de la energía en bolsa hasta 400 % más altas, a pesar de que los embalses tenían altos niveles de agua.
Los demandantes argumentaron que los generadores preferían vender en la Bolsa (donde el precio se forma diariamente y puede ser mucho mayor) que firmar contratos directos con Air-e, especialmente en mercados de usuarios vulnerables como la Costa.
Los generadores, por su parte, han rechazado las acusaciones.
Por ahora, el silencio sobre la deuda crece, y con él, el riesgo de apagar la luz.
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