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Más de 450.000 personas se visten de uniforme para proteger las vidas y los bienes del país. Pese a que no todos son vigilantes, ni tienen el mismo blindaje legal, tras bambalinas este es uno de los sectores que más impulsa el empleo formal y la economía —representa el 1,2 % del PIB y mueve $10,5 billones al año—. La falla es la falta de seguros obligatorios en las empresas de seguridad.
Andrea Peñaranda, CEO de P&R Seguros, señaló que solo seis de cada 10 empresas cumplen hoy con todos los requisitos legales de aseguramiento, lo que deja expuesto tanto a sus empleados como a sus clientes a riesgos jurídicos y financieros. Es decir, más allá de la empresa, afecta a quienes son cuidados por los vigilantes.
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La legislación señala que estas empresas deben contar con:
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual, que cubre daños a terceros durante la prestación del servicio (obligatoria bajo el Decreto 356 de 1994).
- Seguro colectivo de vida para empleados, establecido en la “Ley del Vigilante” (Ley 1920 de 2018).
- Coberturas por accidentes laborales, daños a la propiedad y responsabilidad profesional.
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El costo de cumplir no es desproporcionado: una póliza de responsabilidad civil oscila entre $2 y $5 millones anuales, dependiendo del número de empleados y el tipo de armamento.
No obstante, el incumplimiento sí resulta costoso: multas entre 20 y 50 salarios mínimos, además de la exposición a demandas por incidentes en los que la empresa no pueda responder.
Más allá de los números, Peñaranda subraya que el seguro no es solo un requisito burocrático: “Es una garantía de respaldo para el cliente y una herramienta clave de reputación empresarial”.
En un mercado asegurador que el año pasado creció 10,2 % y superó los $40,9 billones en primas emitidas, la cobertura debería ser norma, no excepción.
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Quienes contraten servicios de seguridad sin verificar la existencia de pólizas vigentes no solo arriesgan su tranquilidad, sino también su bolsillo. Una empresa sin seguro es un arma de doble filo: promete proteger, pero puede convertirse en el primer eslabón de una tragedia.
En un país donde la vigilancia privada es parte esencial de la vida cotidiana, la seguridad empieza por el mismo cumplimiento de la ley (llámese, seguridad jurídica), siendo este el primer paso de protección.
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