Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Estado colombiano tiene hoy casi la misma cantidad de empleados públicos que hace cuatro años. Pero les está pagando 31 % más. Esa brecha es la principal advertencia del más reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Tras analizar el gasto directo del Presupuesto General de la Nación, las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), que financia maestros y trabajadores de salud en los territorios, y los contratos de prestación de servicios, el Observatorio encontró que el gasto total en personal del Estado llegó a COP 190,8 billones en 2025, frente a los COP 168,1 billones en 2022.
Dentro de ese total, el empleo financiado con recursos públicos directos pasó de COP 85,2 billones en 2022 a COP 111,9 billones en 2026.
El número de personas vinculadas también creció: de cerca de 1,33 millones a aproximadamente 1,46 millones. Pero el ritmo no es proporcional. El número de puestos aumentó apenas 4 %, mientras el gasto que sostiene esos empleos lo hizo en 31 %.
En la misma línea, el número de contratos por prestación de servicios, entre 2022 y 2025, pasó de cerca de 231.000 a aproximadamente 318.000, pero el valor total contratado por prestación de servicios en entidades nacionales bajó de COP 82,8 billones a COP 78,9 billones. “Esto sugiere una mayor fragmentación de la contratación estatal y un uso más intensivo de contratos de menor valor promedio”, se lee en el informe.
¿A dónde se va la plata de la nómina estatal?
El mayor peso está en las transferencias del SGP y universidades públicas, que pasaron de COP 39,7 billones a COP 48,6 billones. Detrás está Defensa y Policía, con un salto de COP 21,7 billones en 2022 a COP 30,4 billones en 2026; le sigue la Rama Judicial, Fiscalía y órganos autónomos, de COP 14 billones a COP 18,9 billones; y la Rama Ejecutiva, de COP 9,8 billones a COP 14 billones.
Buena parte de esa presión viene de los salarios. Los Auxiliares y Alumnos de la Policía registraron el mayor aumento de remuneración del período: 93,6 % en términos reales. Les siguieron el sector Cultura, con 81,4 %, y los Soldados y Alumnos de la Defensa, con 63,5 %.
Según el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, el aumento del salario mínimo para 2026, además, generó un impacto estimado de COP 1,3 billones sobre el gasto de personal, explicado principalmente por Defensa y Policía.
DIAN, la que más creció en empleados
Por número de empleados, el sector que más creció fue Hacienda: pasó de cerca de 15.000 en 2022 a más de 25.000 en 2026. El informe explica que ese salto obedece principalmente al fortalecimiento de la planta de la DIAN, con el argumento de ampliar sus capacidades de fiscalización y recaudo.
Sin embargo, el informe trae a colación que el recaudo neto se mantiene alrededor del 14,5 % del PIB, sin que se observe un aumento proporcional asociado a esa expansión de personal.
La “carrera” de contratos antes de las elecciones
El informe también encontró otra señal de alerta: antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías Electorales (la norma que restringe la contratación estatal en períodos preelectorales), el Gobierno aceleró la firma de contratos de prestación de servicios.
Según el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, el primer trimestre de 2026 fue el más intenso en seis años: las entidades del orden nacional suscribieron aproximadamente 168.000 contratos por COP 15 billones, unos COP 6 billones más y cerca de 70.000 contratos adicionales frente al mismo período de 2022.
El Observatorio concluye que la Ley de Garantías no reduce el volumen de contratación estatal, sino que modifica su calendario e, incluso, genera incentivos para concentrar la firma de contratos justo antes de que empiecen las restricciones, lo que produce, según el informe, “carreras de contratación” durante las primeras semanas de los años electorales.
Para el Observatorio Fiscal de la Javeriana, el país está amarrando cada vez más su presupuesto a gastos que no puede tocar, y lo está haciendo justo cuando tiene menos espacio fiscal para maniobrar.
El informe concluye que este debe ser uno de los temas centrales de la próxima administración y advierte que, “sin una revisión seria de los componentes rígidos del presupuesto, el país seguirá enfrentando cada vez menos espacio para priorizar inversión, atender emergencias y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
