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A don Arnulfo le acaba de llegar la factura de la luz por $ 380.000, dice al otro lado del teléfono. Le cuenta a su sobrina, que vive en Bogotá. Está alarmado. No entiende por qué le cobran todo eso, si ni siquiera ha vuelto a encender ‘el abanico’. Su sobrina sí entiende su preocupación, pues cuenta que su tío vive en un apartamento con su esposa y que para tener un ingreso adicional, le arrendó una parte de él a una pareja por $300.000 al mes. Era suficiente para cubrir los gastos de todos los servicios públicos y para que quedara algo de plata para el mercado. Pero las tarifas han venido subiendo tanto y tan rápido que incluso si toma el 100% de lo que le pagan, pues no le alcanza para pagar una sola factura. Sí, la de la luz. Y esta es la historia repetida de miles de usuarios en la Costa Caribe de Colombia, en el norte del país, quienes no logran entender qué es lo que pasa.
La situación está cruzando de castaño a oscuro y la gente ya está agotada. No pretenden seguir en esas, dicen. Aníbal Barros, miembro de la Liga de Servicios Públicos de Valledupar, en conversación con Blu radio, fue claro y concreto: asegura que con otros líderes de La Guajira, Magdalena y Cesar están trabajando en una convocatoria de lo que llaman un paro cívico que les permita exigir tarifas justas y, por esa vía, garantizar “los derechos de los usuarios”.
“Queremos canalizar de manera pacífica esa ira, ese dolor de tener que dejar de comer por pagar las tarifas. Sin embargo, sigue el mal servicio y los abusos de corte de energía, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo en la entrevista que le hicieron en la cadena radial. Habla de incrementos superiores al 116%.
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Habló de la creación de un “Frente Amplio de Servicios Públicos” para que puedan librar una “lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica en la región”. Dejó saber que trabajan también en el desarrollo de “audiencias públicas” con la Comisión V del Senado en Riohacha el próximo 12 de octubre, informó Blu radio, “con la Comisión V de la Cámara de Representantes en Santa Marta y con los parlamentarios en la ciudad de Valledupar antes del mes de septiembre”
Y también informaron del “Encuentro Nacional de Usuarios en Cartagena, programado para el 15 de septiembre de 2024, para que involucre a asambleas departamentales, gobernaciones, alcaldías municipales, Comités de Servicios Públicos, Juntas de Acción Comunal, ediles, entre otros actores sociopolíticos”.
Por su parte, Ameth Juan Hanna, alcalde de Luruaco, de acuerdo con Caracol radio, “indicó que los alivios que hasta ahora solo han anunciado tres de las 23 empresas generadoras del país, son insuficientes para el incremento que ha tenido el valor de la energía en bolsa, hoy cercano a 700 pesos por kilovatio/hora”.
Y citando a ese medio de comunicación, advirtió Hanna: “Es muy preocupante porque la negociación que hace Air-e con la empresa EPM y con la empresa Isagen, que fueron las únicas que se han sentado de las 23, hoy dan 4.900 millones de pesos para el mes de septiembre, pero el incremento en el servicio en el kilovatio está por alrededor de 39.000 millones de pesos. Esto se va a reflejar en la factura de nuestra gente, cuál será la respuesta de la gente ante un alza indiscriminada en una factura, el no pago, se aplican los periodos de continuidad y empieza el estallido social”.
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Esta semana que termina, la compañía Celsia se había manifestado sobre el tema de las tarifas y había anunciado un descuento temporal del 10 % en contratos específicos que operan las empresas de Aire y Afinia, todo esto en el marco de una iniciativa propuesta por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen). “En la selección de los contratos se aplicaron criterios con los que se busca beneficiar a las poblaciones más necesitadas de la región. Para que llegue esta ayuda a los consumidores finales, es necesario que los distribuidores y demás actores también realicen esfuerzos, pues en la fórmula de costos el peso que tienen las generadoras es tan solo uno de los factores”, se lee en este texto donde lo reportamos.
“Celsia espera que esta medida contribuya a una disminución en el valor de las facturas de energía para los usuarios más vulnerables del Caribe colombiano y estará atento para iniciar el proceso de ajuste de los contratos conforme se acuerde con Aire y Afinia”, iformó esa compañía, que además pidió acompañamiento a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pues se requieren de sus garantías para no incumplir los parámetros de la libre competencia, advirtió.
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