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La Superintendencia de Transporte anunció que abrió investigaciones y formuló cargos en contra de 37 empresas transportadoras de carga, por incurrir en conductas que presuntamente vulneran el régimen de costos eficientes de operación y el suministro de información ante los organismos de control. Esta situación se presenta en el marco de la declaración de emergencia económica, social y ecológica generada por el covid-19.
De acuerdo con la información revelada por la entidad de control del sector del transporte, los cargos que afecta a diez empresas de transporte terrestre de carga, se produjo por que no estarían garantizando la simetría de las relaciones económicas en la cadena de transporte al presuntamente pagar por debajo de los costos de operación.
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Sobre las restantes 27 empresas investigadas, los pliegos de cargos se generan por que se detectó un presunto incumplimiento en la no expedición y reporte de manifiestos de carga ante la plataforma del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), no enviar los programas de control y seguimiento a las infracciones de tránsito a través de la plataforma VIGIA y por incurrir en una cesación injustificada de actividades.
En caso de ser encontradas responsables, las empresas investigadas podrían ser multada hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada uno de los cargos imputados, señala la Superintendencia de Transporte.
En el caso de comprobarse la injustificada cesación de actividades por parte de la empresa transportadora, se podría llegar a la cancelación de la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte, advierte el informe de prensa.
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“El régimen de relaciones económicas en el transporte terrestre automotor de carga impacta de manera trasversal a todos los actores de la cadena, por lo que esta Superintendencia vigilará el cumplimiento de la normatividad”, indicó el superintendente, Camilo Pabón Almanza.
