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El portafolio de los empresarios del sector minero-energético ha comenzado a ser mortificado por los alcances de dos palabras: licencias y consultas. Las primeras (permisos ambientales), a raíz de las demoras para dar vía libre a los proyectos, y las segundas (consultas populares), por la falta de reglamentación. Un país urgido de abundante inversión extranjera y nacional no puede darse el lujo de espantar estos dineros.
El proceso de licenciamiento se está burocratizando, dicen analistas del sector. Las empresas que solicitan los permisos ambientales piden términos precisos.
La crisis se viene generando por la falta en el país de un mapeo que muestre los sitios donde no se puede realizar ningún tipo de explotación. Las empresas gastan sumas importantes en estudios para obtener la negación de la licencia al final del proceso. “Queremos volver eficiente el proceso de licenciamiento”, dijo un vocero gremial sectorial que prefirió el anonimato. “La función de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es garantizar que los megaproyectos del país se desarrollan de manera sostenible. La aprobación, negación o requerimiento de información adicional obedece a criterios técnicos y jurídicos que se enmarcan en estos principios”, dice la entidad estatal en respuesta a la queja de los gremios.
El sector eléctrico requiere desarrollar iniciativas de generación eléctrica para darle fortaleza al sistema. Según un informe del Gobierno, las inversiones en materia de generación eléctrica del país, incluyendo proyectos ya definidos, están estimadas en US$16.420 millones. Actualmente hay en peligro de no ejecutarse iniciativas por cerca de $10,1 billones.
Germán Corredor, catedrático en temas de energía de la Universidad Nacional, señaló que el proceso de licenciamiento, más que un problema, es mejor verlo como una necesidad: “El que haya una licencia bien estudiada y bien hecha garantiza, de alguna manera, sostenibilidad de los proyectos. Para el inversionista es un poco costoso, pero en el largo plazo es mucho mejor para el país que tener problemas por efectos ambientales”.
Mayor claridad en los tiempos para la expedición de las licencias es el reclamo de los inversionistas. “El sector eléctrico cumple con todos los parámetros que requieren los licenciamientos ambientales y los cumplimientos con comunidades”, comentó Ángela Montoya, presidenta de Acolgén.
Proyectos negados
Un proyecto que preocupa al sector y al que la ANLA le negó la licencia por causar impacto ambiental fue Cañafisto, que iba a ser ejecutado por Isagén. Se estimaba una generación de 937 megavatios. La inversión en prefactibilidad y factibilidad ascendía a $36.017 millones y para la construcción se estimaban inversiones de $6,7 billones.
Otra inversión considerada en riesgo, porque le han negado el permiso en primera instancia, es Piedra del Sol, para generar 156 MW, con inversiones en prefactibilidad y factibilidad de $6.148 millones e inversiones estimadas en su construcción de $836.000 millones. También está en peligro la construcción de una térmica a carbón para generar 350 megavatios, donde las inversiones en la etapa de prefactibilidad y factibilidad suman $4.300 millones y $2,65 billones para la construcción. En entredicho por negación de los permisos en primera y segunda instancia están inversiones por unos $10,15 billones.
“La ANLA tiene un equipo técnico interdisciplinario y ha desarrollado herramientas tecnológicas que le permite cumplir los tiempos establecidos en la normativa, así como los requisitos de evaluación y seguimiento de proyectos, buscando siempre el mejoramiento continuo”, aclara la autoridad ambiental.
Para hidroeléctricas con generación estimada de 1.093 megavatios, y para la etapa de prefactibilidad y factibilidad, unos $42.000 millones. Para las térmicas con generación de 350 megavatios, las inversiones en las primeras etapas serían de $46.465 millones.
El informe del sector eléctrico reseña que las inversiones proyectadas para las hidroeléctricas ascienden a $7,5 billones y para las térmicas a $2,65 billones. “Los retrasos obedecen a que las empresas se demoran en entregar la información, la calidad de los estudios no cumple con lo requerido para la toma de decisiones, situación que no es culpa de la entidad”, señala la ANLA.
Consultas populares
Sobre las consultas populares, el temor ha crecido en los últimos meses. “Lo que nos preocupa con la jurisprudencia que está saliendo de las altas cortes es la inseguridad jurídica que está generando. Hay que tener en cuenta que este sector siempre ha consultado con las comunidades y siempre se ha podido sacar adelante los proyectos. Sin embargo, estas nuevas decisiones que se están tomando ponen en riesgo las inversiones del sector, que ha sido fundamental para el desarrollo económico de Colombia”, advierte Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
“Es muy peligroso abrir ese boquete”, reafirmó la presidenta de Acolgén. El sector eléctrico requiere sacar adelante sus proyectos para que el país tenga la confiabilidad eléctrica que necesita. Acolgén pide que se determine cuáles son los proyectos estratégicos para el Estado.