“En términos clásicos, habría que hacer una reforma agraria”: César Jerez

César Jerez es uno de los líderes agrarios más influyentes del país. Hace parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), representa a más de 30 mil pequeños agricultores del Magdalena Medio y fue uno de los protagonistas del último paro nacional agrario, que puso en jaque la estabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sirvió para que Colombia conociera las pésimas condiciones de vida de miles de campesinos.

En esta ocasión, Jerez habló con El Espectador sobre el fenómeno de la reconcentración de la tierra, la reforma rural integral planteada en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc y las contradicciones de las distintas entidades del Estado. Se refirió, además, al conflicto entre zonas de reserva campesina y parques nacionales naturales y aseguró que el barrido predial y la adjudicación de baldíos, que propone la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no son suficientes para redistribuir la tierra y erradicar el hambre.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaba de revelar que América Latina es la región con mayores índices de desigualdad en la distribución de tierras del planeta y Oxfam anunció que Colombia es el tercer país con más concentración de tierra del continente. ¿Qué opina de este fenómeno?

Históricamente, la concentración de la tierra ha originado los principales conflictos en Colombia. Sin embargo, durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe la situación se agudizó. El país sufrió un proceso de reconcentración, que tuvo como principal estrategia el despojo. Grupos paramilitares desplazaron a millones de personas de los territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes y se apoderaron de más de ocho millones de hectáreas de tierra.

¿Quiénes se beneficiaron de esta violencia y qué consecuencias trajo?

La dinámica de concentración y de reconcentración de la tierra es de carácter político y benefició a los grandes latifundistas. Fue una de las principales razones para que las comunidades que estaban en la frontera agrícola hayan tenido que desplazarse a la periferia y a sitios ambientalmente estratégicos, que hoy son parques nacionales naturales, áreas protegidas y zonas de reserva forestal.

¿Qué pasa actualmente en esos territorios?

Hay un conflicto irresuelto entre Parques Nacionales Naturales y las distintas organizaciones campesinas, sobre todo en zonas de colonización. Se estima que hay más de 20.000 familias que habitan y habitaban estos territorios antes del establecimiento de las áreas protegidas, concretamente de los parques naturales, y que se ven afectadas por las restricciones de usos agropecuarios, las sanciones y la imposibilidad de acceso a derechos plenos en materia económica y social.

¿Qué han hecho para resolver este problema?

Hace cuatro años, en el marco de los acuerdos para la prosperidad, el Gobierno ordenó solucionar este conflicto. A partir de ahí, se hicieron encuentros regionales con las organizaciones campesinas, se formularon propuestas a través de mesas locales de diálogo y se firmó un acta de voluntades con los acuerdos y los desacuerdos. Sin embargo, todavía persisten diferencias que parecen irreconciliables y Parques Naturales tiene listo un decreto muy regresivo, que quiere presentar vía fast track, que no soluciona sino que agudiza el conflicto.

¿Que proponen ustedes?

Las organizaciones campesinas también tenemos listo un decreto propio y creemos que se deberían aprovechar los acuerdos de La Habana para reformar la reglamentación y la política pública y permitir la estadía de los campesinos dentro de las zonas donde estaban antes de que se convirtieran en parques.

Usted dice que la concentración de la tierra ha originado todos estos conflictos. ¿Qué opina del barrido predial y la adjudicación de baldíos, propuestas de la Agencia Nacional de Tierras para emprender el proceso de distribución?

Esas son medidas insuficientes. Usted no soluciona el problema de fondo organizando y legalizando los predios. En términos clásicos lo que habría que hacer es una reforma agraria, pero en Colombia ha habido una fuerte oposición de la élite terrateniente. No obstante, si se implementa un banco de tierras, se actualiza el catastro y se ejecutan programas con enfoque de desarrollo integral, podría empezar un proceso exitoso de redistribución de tierras.

¿Qué otras alternativas propone?

El país debería acogerse y respetar los aspectos progresivos de la ley 160, por ejemplo las zonas de reserva campesina y la Unidad Agrícola Familiar, que en la práctica es un antídoto contra el latifundio y busca ponerles un límite a las grandes extensiones de la propiedad. Además, las directrices de gobernanza del territorio propuestas por la FAO son elementos interesantes que se deberían institucionalizar para que puedan ser vinculantes. Esta es la oportunidad para garantizar el acceso a la tierra, la posibilidad de ejercer el derecho de propiedad de las fincas campesinas, llevar el desarrollo rural de la mano de políticas públicas con inversión social y mejorar las condiciones de vida de los campesinos.