En vilo futuro del Canal Uno

Bajo el modelo actual, el Canal Uno ingresó $34.087 millones en 2012. Esa suma estaría en riesgo bajo la coyuntura actual. / Archivo

Una pequeña frase de dos líneas tiene en vilo el futuro del Canal Uno, el servicio de televisión pública de cubrimiento nacional en Colombia. El renglón integra el artículo 10 de la ley 335 de 1996, la norma que estableció el servicio de televisión privada en el país, y que estableció una condición ejemplar para las programadoras que decidieran producir contenidos para el Estado: “Los contratos de concesión de los espacios de televisión pública son improrrogables”.

Aquella condición pasó inadvertida en los últimos años, hasta que la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la entidad que rige al sector, se dio cuenta de que el próximo 31 de diciembre, cuando venzan las cuatro concesiones actuales, tendrá que realizar una licitación que, en estos momentos, ni siquiera es un proyecto en borrador. Tal como están las condiciones hoy en día, los consorcios conformados por NTC y Colombiana de Televisión, Jorge Barón y Sportsat, RTI y Programar, y CM& no se beneficiarían de una prórroga automática en sus contratos.

Con ello, también estarían en vilo los $34.087 millones que, según cifras oficiales, ingresó el Canal Uno por publicidad y operación del negocio. Es un riesgo que se mantiene latente: a pesar de que la ANTV tenía plazo hasta el pasado 30 de junio para tomar una decisión de fondo sobre el futuro de las concesiones, aún no ha llegado a una conclusión final. La industria espera que el próximo jueves 11 de julio, cuando se reúnan los comisionados en junta, definan la hoja de ruta.

Los comisionados tienen dos alternativas entre manos. El plan A busca integrar al proceso otro artículo, el 27 de la ley 1150 de 2007, el cual permite la renovación por 10 años de las concesiones de telecomunicaciones (incluida televisión). Pero abogados especialistas en contratación pública le han enviado a la entidad conceptos jurídicos según los cuales esa opción es imposible: la ley contempla asignaciones de empresas con red propia instalada y no las del Canal Uno, circunscritas en la producción de contenidos para ser emitidas por redes controladas por la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC, antes Inravisión).

El plan B es una licitación que tendría que hacerse antes del término del año. El problema es que este tipo de procesos generalmente toman más de seis meses, y la ANTV no cuenta hoy con una firma que realice esa valoración (tendría, además, que abrir convocatoria para encontrarla). La Universidad Nacional, contratada para realizar un estudio sobre el mercado de la industria, se negó a realizar la valoración porque en cuatro años entraría en funcionamiento la televisión digital, que, se supone, cambiará el panorama del sector.

Analistas consultados por El Espectador citan este caso como “una muestra más de la incompetencia de la ANTV, que, en la práctica, ha resultado más ineficiente que la extinta Comisión Nacional de Televisión (CNTV)”. Mientras, la entidad guarda silencio y solo se pronunciará el jueves, tras su junta. En ascuas también están las programadoras, que, bajo el contexto actual, tendrán que devolver sus espacios en diciembre.

Si no se llega a una fórmula intermedia, los espacios serían asumidos por RTVC, que tendría que producir nuevo contenido hasta que se realice una nueva licitación. Sin duda, un mal antecedente de cara a la implementación de la televisión digital en el país.

dmayorga@elespectador.com