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El más reciente pronunciamiento del CARF plantea una serie de desafíos para la macroeconomía colombiana en el corto y mediano plazo. En su misión por supervisar la sostenibilidad financiera del país, este comité independiente advierte que el escenario fiscal para 2026 está expuesto a presiones de gasto que dificultarían el retorno a la regla fiscal (los límites que se le ponen al gasto y al endeudamiento de la nación).
Para el CARF, es evidente que la economía colombiana muestra señales de recalentamiento. Un escenario que el comité ha calificado como ‘preocupante’.
“En 2025, el balance primario (el desequilibrio entre ingresos y gastos, excluyendo el componente de intereses) fue de 3,5% del PIB, el más alto de los últimos treinta años excluyendo periodos de crisis macroeconómica, pero los fundamentales macroeconómicos sugieren que el déficit debería ser mucho menor”, se lee en el reporte.
El análisis que hace el comité es que el deterioro de la situación fiscal en 2025 se dio en el marco de una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos.
“Las operaciones de manejo de deuda de 2025 redujeron la deuda neta y el déficit fiscal total, frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), aunque su impacto principal se estima temporal. Si bien es positiva la disminución de la deuda neta (58,5% del PIB en 2025 frente a 61,3% previsto en el MFMP), ahora el esfuerzo fiscal para estabilizar en los niveles actuales y para retornar al cumplimiento de la Regla Fiscal es mayor, en vista de la ampliación del desequilibrio fiscal estructural”, añade el comité.
También se considera positivo el plan presentado para 2026, en el que se apunta a una reducción del desbalance fiscal estructural. Sin embargo, también se cree que es poco probable.
Como lo señala el CARF, las estimaciones apuntan a que este año los recursos que faltan para cumplir con la regla fiscal suman COP 31,1 billones (lo que pesa el 1,6 % del Producto Interno Bruto de la nación). Esto, ante la ausencia de medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto. Ante este escenario, advierte el organismo independiente, “la deuda retomaría una tendencia creciente, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
En suma, añade el comité, encauzar las finanzas públicas hacia una trayectoria sostenible en el corto y mediano plazo se hace cada vez más retador. El ajuste requerido frente a 2025 para estabilizar la deuda neta se estima entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB.
Ante tal escenario, se considera indispensable que el Gobierno y el Congreso de la República (con la participación de la sociedad civil) acuerden reformas con efectos permanentes, las cuales permitan aumentar los ingresos o reducir los gastos.
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