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La próxima semana comenzará por medio del Banco Agrario la bancarización de más de 7.400 excombatientes de las Farc. Sin embargo, hay 90 exguerrilleros, en su mayoría excomandantes y miembros del Secretariado, que no tendrán este beneficio. Se trata de un nuevo debate que está entre el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la sostenibilidad financiera nacional.
Por un lado está lograr reincorporar a los exguerrilleros dentro de la sociedad civil, con todos sus derechos y beneficios, que en el caso del sector financiero incluye cosas como abrir una cuenta de ahorros o pedir una tarjeta de crédito. Pero también está el inconveniente que muchos de los cabecillas siguen reportados en la Lista Clinton y en la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac).
En la página de la Ofac aparecen los nombres de varios miembros del secretariado de las Farc como Iván Márquez, Pastor Alape, Andrés París, y de Timoleón Jiménez, entre otros. De manera que incluirlos dentro del sector financiero iría en contra de las normas nacionales e internacionales.
Precisamente una de las preocupaciones del sector bancario es que si se incluyen estos 90 excombatientes de las Farc se podrían estar incumpliendo con las normas Basilea, las regulaciones de sostenibilidad financiera internacional. Vulnerar estos estándares tendría serias implicaciones en términos de reputación.
“Si se demuestra que Colombia incumplió con estos acuerdos, en especial los que van en contra de lavado de activos, podría no sólo tener consecuencias en términos de prestigio, sino que va a poner en riesgo sus calificaciones de inversión. Y pasaría lo mismo para el banco que le dio la cuenta a la persona con dinero ilícito, pues podrían empezar a vetarlo internacionalmente”, explicó Horacio Ayala, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Colombia está dos puntos por encima del grado de inversión, y no es claro si el deterioro reputacional sería suficiente como para bajar dos escalones en la calificación. Pero si sucede este dramático escenario, Camilo Silva, analista de la firma Valora Inversiones, indica que “sería algo terrible para la economía colombiana, pues implicaría, para empezar, una salida gigante de capitales de Colombia, lo que devaluaría el peso y podríamos ver la tasa de cambio de nuevo en máximos históricos, por encima de los $3.400. Asimismo, implicaría que empresas como Ecopetrol y otras que están atadas a la calificación del país la tendrían difícil para conseguir créditos internacionales”.
La inquietud reputacional ya la había expresado el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, a comienzos de esta semana en RCN Radio: “Veo difícil que los bancos nacionales e internacionales, que forman parte de convenios mundiales, les den una cuenta a los cabecillas de las Farc, pues son personas que trabajaron con dineros que pueden ser considerados de lavado de activos o para financiación del terrorismo”.
Según Asobancaria “si desde la legalidad, los excombatientes rasos de las Farc quieren bancarizarse, las entidades del sector les brindarán todo el apoyo, como se ha dado en procesos de reintegración en el pasado. Caso distinto ocurre con quienes se encuentran en listados internacionales como la Ofac, como lo mencionó el Superintendente financiero”.
Frente a esto, Andrés París, miembro de las Farc, indicó que no es acorde con el proceso de paz que el gremio bancario señale que los cabecillas no tendrían acceso al sistema financiero colombiano. Además, dice que la Justicia Especial para la Paz es la encargada de determinar si son o no violadores del Derecho Internacional Humanitario.
La polémica que ha surgido en torno a la bancarización de las Farc genera dudas sobre si en los anteriores procesos de paz los cabecillas tuvieron los mismos problemas.
Al respecto, Antonio Navarro Wolff, senador del Partido Verde y excombatiente del M-19, indicó: “La verdad, no tuve el menor problema para abrir una cuenta de ahorros. Creo que la abrí cuando fui ministro de Salud o candidato a la Presidencia. De todas formas, creo que nosotros la tuvimos más fácil que las Farc, pues hubo un respaldo unánime a nuestro acuerdo de paz. Eso no sucede hoy. Incluso recuerdo que recibimos respaldo de Bavaria, Carlos Ardila Lülle y una hija de Luis Carlos Sarmiento”.
Por su parte, Éver Bustamante, senador del Centro Democrático y quien también estuvo en el M-19, dijo que “quienes obtuvimos la amnistía pudimos acceder a la prestación de servicios bancarios de todo orden. Esto tiene una explicación: no éramos responsables de delitos de lesa humanidad ni teníamos activos ilícitos en la criminalidad ni en el narcotráfico. Entonces calificábamos para prestación de estos servicios bancarios nacional e internacionalmente. Este no es el caos de algunos cabecillas de las Farc”.
Tal parece que mientras no salgan de la Lista Clinton y de la Ofac, un trámite que todavía está pendiente entre los gobiernos colombiano y estadounidense, estos 90 miembros de las Farc seguirán con los problemas de bancarización. Sobre todo, porque la Superintendencia Financiera ha descartado establecer una regulación especial para permitir que estos guerrilleros ingresen al sector bancario. De manera que por el momento no tendrían acceso a una cuenta de ahorros, para comenzar.