A raíz de la Resolución 1813 de 2017 de la ANTV

¿Está seguro el futuro de la TV pública?

Una nueva norma replantea la forma como los operadores de televisión por suscripción aportan al financiamiento de canales como Señal Colombia. Mientras el Gobierno y algunas empresas defienden el modelo, otros creen que se fomentan los servicios y contenidos privados.

A la televisión pública pertenecen canales como Señal Colombia, Canal Institucional y los regionales. iStock

Una nueva norma para la televisión por suscripción, aquella que puede ir a través de cable o vía satélite, tiene en orillas distintas a diferentes actores del sector. Por un lado, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que expidió dicha resolución, la 1813 de 2017, y los operadores de TV paga creen que se corrigen problemas estructurales que iban en contravía de una realidad: la llamada convergencia, en la que no sólo existen usuarios viendo contenidos de televisión en línea, sino también una misma empresa prestando, por ejemplo, el servicio de televisión por cable, al tiempo que es proveedor del servicio de internet.

De otro lado están los expertos del sector, que han trabajado con los canales o con los programadores de televisión. Para ellos, la nueva norma es una amenaza inminente para la financiación de la televisión pública e incluso un contrasentido si se tiene en cuenta que hay otros proyectos cursando en el Congreso y en la misma ANTV. La razón: la resolución replantea las contribuciones que los operadores de televisión por suscripción le dan al Estado (específicamente a un fondo llamado Fontv), con las cuales se sostienen canales como Señal Colombia, Canal Institucional y los canales regionales.

Hasta el mes pasado, todas las empresas de televisión por suscripción aportaban al Fontv por cada usuario que tenían. Sólo por concepto de la concesión para prestar el servicio, la televisión satelital daba $834 por suscriptor y la cableada, $730. Ahora, esos aportes serán un porcentaje sobre los ingresos de las empresas, es decir, no se calcularán con base en los usuarios que tengan, sino en el dinero que reciben. Con el modelo anterior, los que más facturaban podían terminar contribuyendo menos, según Ángela Mora, directora de la ANTV. La funcionaria agrega que el nuevo modelo es más equitativo.

“Se trata de empresas y servicios convergentes, así que un elemento importante es que la contribución sea igual para tener un sistema integrado”, dice Alberto Solano, director de la Cámara de TIC y de Televisión de Andesco, gremio al que pertenecen empresas como Claro, Telefónica y Une. Solano insistió en la necesidad de unificar el Fontv y el Fontic. Este último está a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), y sus recursos sirven para financiar el acceso de los ciudadanos a la tecnología. Esa fusión serviría para tener “una base de recursos más grande” y “disminuir aún más las contribuciones (por parte de los privados), lo que permite a las empresas hacer mayores inversiones hacia futuro”.

La otra orilla

Sin embargo, entre quienes no ven la nueva norma con buenos ojos está Eduardo Noriega, excomisionado de televisión. Para él, la televisión pública está en riesgo por factores como que entre 2018 y 2019 los aportes de las empresas (a causa de explotar el servicio) que operen en municipios de menos de 100.000 habitantes se reducirán en un 50 %. Además, ve inconveniente modificar este régimen de contraprestaciones al tiempo que en el Congreso cursa el proyecto de ley que el Mintic radicó hace exactamente un mes y que plantea que las concesiones ahora durarán 20 años y no 10 como ocurre hoy.

“No es lo mismo cuantificar cuánto vale una concesión por 10 que por 20 años. La lógica del pago de la concesión es que la empresa invierte y el Estado deja explotar por un tiempo esa concesión. ¿Por qué no esperan a que se cambie la ley y luego se hace el cambio de la tarifa, que es el pago de la concesión?”, agrega Noriega. Al respecto, Ángela Mora respondió: “Los tiempos del Congreso no es algo que maneja la ANTV. Puede que (el proyecto de ley) salga mañana, pero puede que nunca salga, y tocaba tomar medidas inmediatas”. Además, señala, el proyecto de ley da dos años para estudiar y analizar la existencia de un fondo único. “Suponiendo que la ley salga en 2018, más dos años (de estudios), tendríamos mientras tanto (por tres años) un sector que se nos está reventando”.

El operador satelital Directv manifestó a través de un comunicado: "Vemos con buenos ojos la diferenciación por municipios. Eso ayuda a la penetración del servicio en los más apartados, lo que además se encuentra alineado con nuestra estrategia comercial con el producto prepago. Sin embargo, se perdió una oportunidad de tener una tarifa convergente entre todos los servicios de telecomunicaciones y por tanto esperamos que el proyecto de ley presentado por el ministro (TIC), que prevé que en un plazo de seis meses se llegue a eso, sea tramitado y aprobado prontamente".

Juan Carlos Gómez, consultor en telecomunicaciones y columnista de este diario, advierte que “la gente (los suscriptores) no deja de irse porque le bajen un poquito la tarifa, eso suponiendo que realmente le trasladen al usuario la rebaja en la contribución. El que está decidido a irse (a suspender la suscripción) se va, porque con un poco de TDT y Netflix satisface la mayoría de sus necesidades”. De acuerdo con Ángela Mora, “el único beneficiado será el que contrata el servicio”, es decir, el usuario, pues el operador tiene que bajar sus tarifas si el nuevo modelo se traduce en una ganancia para la empresa. Sin embargo, Solano opinó que cree más conveniente que los recursos que se “liberan” para las compañías pasen a ser invertidos en mejorar las redes y ampliar la cobertura de los servicios.

“Efectivamente sí habrá una sensible disminución en los años venideros en los ingresos del Fondo y eso tiene unas implicaciones: no habrá tanta plata para la televisión pública”, agrega Gómez. Al respecto, la directora de la ANTV aseguró a este diario que las proyecciones en las que se basó la nueva resolución garantizan que la televisión pública tiene financiación hasta 2027. Sin embargo, la entidad no entregó cifras sobre la cantidad de recursos que anualmente el fondo dejará de recibir a la luz de la nueva norma.

* El Espectador forma parte del mismo grupo de medios al que pertenece Caracol Televisión.

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