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Para frenar pretensiones de multinacionales como Gas Natural Fenosa, que busca una compensación del Estado por US$1.000 millones por la liquidación de la ineficiente Electricaribe, Colombia creará la Dirección de Asuntos Internacionales dentro de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que dirige Luis Guillermo Vélez. El funcionario dialogó con El Espectador acerca de las demandas que pesan sobre las diferentes entidades estatales.
¿Qué tan blindado está el Estado para atender las demandas internas y las que se presentan desde el exterior?
En 2011 se creó la Agencia Nacional Jurídica del Estado, una entidad que tiene como propósito asesorar a las entidades en su defensa judicial y, en algunos casos, asumir directamente la defensa estatal. Anteriormente la defensa sólo estaba en cabeza de cada una de las entidades y no había un sistema especializado de prevención de litigios y de su manejo estratégico.
¿Cómo se traducen esos resultados?
En sus seis años, la Agencia ha tenido importantes logros, le ha ahorrado al Estado colombiano cerca de $41 billones a través de intervención directa en numerosos procesos, como la venta de Isagén; de responsabilidad, relacionados con la ola invernal, y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Antes de crear la Agencia, ¿cómo era la defensa del Estado?
El trabajo era disperso, no coordinado y muchas veces no era del nivel que el problema ameritaba. Una buena forma de medir el impacto de la agencia es mediante la reducción del pasivo contingente de la Nación. Es decir, aquel pasivo que eventualmente tendría que pagar de ser condenada en las pretensiones. Bajó de $131 billones a $57,9 billones.
¿Cuáles son las entidades más demandadas?
La Fiscalía General de la Nación es la entidad que mayores contingencias fiscales tiene, cercanas a los $45 billones, principalmente por reparaciones por detenciones ilegales o injustificadas. Lamentablemente, en el pasado la Fiscalía fue muy ligera al pedir la detención de personas que en algunos casos estuvieron detenidas durante mucho tiempo y después no acusó adecuadamente o no existían las pruebas para proceder con la condena o simplemente no se procesó. Esas personas que han sido detenidas injustamente exigen una reparación al Estado por el período en el que perdieron su libertad. Buena parte de esos $45 billones son de 17.718 procesos.
¿Cuántos de esos procesos se han fallado y han salido adversos a la Nación?
En general, muchos de esos procesos se pierden, y esto es un boquete enorme. La Fiscalía tiene que tener mucha más cautela, mucha más diligencia al proferir medidas de aseguramiento que impliquen la detención de las personas, sobre todo detención intramural, porque lo que arrojan estos datos es que muchas detenciones son injustificadas y le generan una contingencia enorme a la Nación.
¿Qué otras entidades son las más demandadas?
El Ministerio de Minas y Energía, por $49 billones. Las mayores pretensiones vienen de casos que tienen que ver con el tema de derechos adquiridos relacionados con actividades minero-energéticas. Otros son el Ministerio de Defensa, con $42 billones, y el Ministerio de Hacienda, con $36 billones.
¿Por qué ha sido demandado el Ministerio de Hacienda?
En buena medida por el tema de las captadoras ilegales (pirámides). Ese proceso tiene una rata de éxito muy alta (para el Estado), casi del 100 %. Esos procesos de pirámides no han sido fallados en contra del Estado, son procesos, en mi opinión, frívolos.
¿El éxito es muy poco para el demandante en el caso de las pirámides?
Cercano a cero. Ya ha habido muchos fallos. De la crisis de las pirámides del año 2008 es la gran mayoría de estos montos y diría que la totalidad de los casos han sido favorables a la Nación.
¿La DIAN también?
Sí. Hay una serie de demandas. Por ejemplo, una que dice ilegalidad del acto administrativo que impone una sanción fiscal por $13 billones.
¿Cómo están las demandas contra el Estado de procedencia externa?
Son mucho menores en número. En este momento pueden ser tal vez unas tres o cuatro demandas anunciadas. Son procedimientos de tribunales de arbitramento en el extranjero. Lo que sí le puedo decir es que estamos preparando una estrategia para atender esas demandas, contratando a los mejores bufetes de abogados del planeta para que nos defiendan. En eso vamos a ser muy contundentes, porque consideramos que el Estado colombiano se ha comportado de una manera correcta. Los gobiernos le han dado la bienvenida a la inversión extranjera, este es un buen país para hacer negocios, que respeta el Estado de derecho. Aquí se respeta la ley, pero la ley aplica para todos: para nacionales y extranjeros, para entidades públicas y privadas.
¿La demanda de Gas Natural Fenosa (Electricaribe) contra Colombia la está llevando el Ministerio de Comercio o ustedes?
Hasta ahora, en los litigios de inversión, se venían llevando desde el Ministerio de Comercio. Por instrucciones recientes del presidente de la República se va a revisar ese esquema institucional y se van a traer todos esos litigios internacionales a la Agencia. Vamos a crear una Dirección de Asuntos Internacionales para preparar a nuestros abogados y que puedan defender a la Nación.
Desde el exterior, ¿la demanda más grande que se ha presentado es la de Gas Natural Fenosa por la liquidación de Electricaribe?
Esa es una de las importantes. Es una demanda que se está atendiendo con toda la seriedad que el caso amerita. También hay un número adicional de empresas que han planteado la posibilidad de demandar o efectivamente lo están haciendo.
¿Y quiénes son?
Glencore es otra de las empresas que han iniciado un litigio internacional contra Colombia. Esa demanda está relacionada con unos temas de regalías en una mina de carbón en el Cesar. Anglo Gold no ha presentado oficialmente la demanda.
Actualmente, ¿cuántas demandas hay contra el Estado?
Hay 550.406 demandas contra el Estado y las pretensiones son $292 billones. La rata de éxito del Estado es cada vez mayor en esa demandas.
¿Qué tipo de demanda es considerada desproporcionada o desbordada?
Hay una acción de grupo que pretende representar a las personas desplazadas en Colombia y la pretensión es de $3.287 billones. Eso es varias veces el valor del PIB (Producto Interno Bruto) del país.
Por Jorge Sáenz Vargas
