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Según el último informe realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la cartera del sector ascendió a $2,3 billones el año pasado. El informe, con corte a diciembre de 2007, muestra que el Estado es el actor que más les debe a los hospitales y clínicas al representar el 44% del total.
Aunque oficialmente el Estado, representado por entes territoriales y el operador fiduciario Fosyga, entre otros, sólo tendría bajo su responsabilidad el 26,6% de la cartera, en éste se incluyó a las EPS del régimen contributivo, en tanto allí está el Seguro Social (actual Nueva EPS).
La ACHC reportó que “entidades públicas como: entes territoriales, operador fiduciario del Fosyga, EPS y EPS-S públicas en operación y liquidación, aseguradoras, prestadoras de servicios de salud, empresas, magisterio y administradoras de riesgos profesionales, han convertido al Estado en el mayor generador de cartera morosa”.
La suma alcanza los $1,01 billones y tiene una morosidad del 62,5% en las deudas que superan los 90 días.
No obstante, Juan Carlos Giraldo, presidente de la ACHC, señala que hay que reconocer que el Gobierno ha hecho lo adecuado a través de la expedición de normas y decretos con miras a reducir la morosidad; sin embargo, en la práctica, el sector público ha sido menos receptivo frente a ese marco normativo en comparación con el privado. Por eso, Giraldo asegura: “Creemos que la Superintendencia de Salud debería intervenir inmediatamente”.
De otra parte, el directivo llama la atención sobre la insuficiencia de recursos de las entidades territoriales para cumplir sus obligaciones con los hospitales públicos. Cita como ejemplo el que los recursos desembolsados por el sistema general de participaciones en los departamentos no sean suficientes para cumplir en materia de cobertura y atención. “Las entidades territoriales, que son las que más deben, se están atrasando mucho especialmente con los hospitales públicos”.
Frente a esta situación, Giraldo sugiere analizar la problemática regional —puesto que cada departamento es un caso diferente— y confrontar hasta qué punto se ha hecho bien la ampliación de cobertura, puesto que en algunos lugares se ha recortado el servicio en virtud de aumentar el número de afiliados.
La Asociación sugiere que se tomen medidas frente a los deudores reincidentes, para que la Superintendencia de Salud evalúe “si no son viables o si es que les resulta mejor no pagar”, señala Giraldo.
El estudio se realiza desde hace 10 años por la ACHC, que en palabras de su presidente opera como un observatorio extraoficial. De los cerca de 200 afiliados a la Asociación, se seleccionaron 110 que llenaron sus informes siguiendo estrictamente las indicaciones: “No hay proyecciones, se trata de cifras reales”.
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Por El Espectador
