Este sería el impacto económico de las cuatro reformas de Fedesarrollo
El Centro de Investigación Económica y Social presentó un informe de 160 páginas donde detalla cuál es el mejor camino para la recuperación económica.
Fedesarrollo cree que harían falta cuatro reformas para superar la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, la cual ha hecho aún más evidentes grandes problemas estructurales de la economía colombiana. El Centro de Investigación Económica y Social presentó esta semana un informe de 160 páginas que describe cuáles deberían ser los cambios en materia social, tributaria, laboral y pensional.
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Según Fedesarrollo, la contracción de 6,8 % de la economía y una tasa de desempleo que superó el 15 % son la fórmula inequívoca para aumentar la pobreza; el centro estima que se incrementará en cerca de 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale a tres millones de personas adicionales. Algo similar habría pasado con la desigualdad, las estimaciones del centro indican que pasó de 0,54 a 0,56.
Para salir de este panorama, el gobierno debe tomar cartas en el asunto, no solo desde el punto de vista del gasto (que tiene problemas de focalización y cobertura), sino también a través de políticas públicas que tengan importantes impactos en la redistribución del ingreso, la reducción de la pobreza, el aumento de la formalidad laboral y el crecimiento económico. Fedesarrollo quiso reunirlas todas en una sola macrorreforma.
De implementarse la fórmula propuesta, que desglosaremos a continuación, la economía podría crecer un 4 %, se crearían más de 800.000 empleos formales nuevos en los próximos años, se reduciría la desigualdad del ingreso (índice de Gini) en 4 puntos porcentuales, 4,5 millones de personas saldrían de la pobreza. Además, las medidas tendrían un gran impacto redistributivo en todas las clases sociales, especialmente en los más pobres.
En lo social:
Según Fedesarrollo, Colombia ha tenido una deficiente focalización del gasto público en subsidios. Cerca del 60 % del gasto en subsidios que hace el Gobierno nacional se destina a población no pobre. Gran parte de este porcentaje corresponde a los subsidios otorgados a las pensiones (2,6 % del PIB, 90 % destinado a población no pobre), a la vivienda (92 % destinado a la población no pobre) y a los servicios públicos (0,5 % del PIB, 81 % destinado a la población no pobre), sin mencionar los de vivienda, subsidio al desempleo y auxilios educativos.
Adicionalmente, los programas sociales y las transferencias monetarias tienen grandes deficiencias de cobertura, de acuerdo con Fedesarrollo: “el 63 % de hogares elegibles para recibir Familias en Acción no lo reciben, al igual que el 53 % de hogares con adultos mayores elegibles para Colombia Mayor. Para el universo de programas y transferencias, se observa que el 52 % de los hogares pobres no reciben ayudas de ninguna transferencia o programa del estado”.
Para corregirlo, proponen migrar hacia mecanismos de focalización con base en registros administrativos, acelerando la implementación del Sisbén 4.0 como único mecanismo de focalización de los subsidios, eliminando de forma definitiva el estrato socioeconómico como instrumento de selección de beneficiarios.
Además, sugieren una importante reforma a los subsidios existentes: la creación de una renta mínima no condicionada con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción de monto fijo ($35.000) para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Ello podría costar 0,34 % del PIB adicionales (descontando su presupuesto actual) y reduciría la pobreza en 3,7 puntos porcentuales, “lo que corrige el 63% del aumento de la pobreza derivado de la pandemia”. Hacia adelante, Fedesarrollo cree que este esquema podría evolucionar hacia una renta mínima garantizada para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que elimine la pobreza extrema en el país a un costo sustancialmente menor que el mecanismo anterior.
En lo pensional:
Como quedó en evidencia desde el punto de vista de los subsidios, en el aparte anterior, el sistema pensional es inequitativo e insostenible. La cobertura pensional es de apenas el 25 % de los adultos mayores en edad de pensión. Fedesarrollo propone corregirlo con un sistema más sencillo, solidario y flexible de tres pilares.
Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos que entregaría un auxilio equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión, una ampliación de Colombia Mayor; ello podría pasar de costar 0,15 % del PIB a cerca de 1,4 % o 1,7 % del PIB. Esta acción resolvería el problema de cobertura pensional y, de paso, reduciría la pobreza en la pobreza en 3,1 puntos porcentuales.
La reforma pensional incluiría además un segundo pilar contributivo y flexible, en donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de acordar conjuntamente un programa de ahorro para la vejez. Y un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el actual. El objetivo es solucionar los problemas de inequidad e insostenibilidad financiera.
En lo laboral:
El desempleo es quizá una de las cifras que mejor explican el efecto de la pandemia en la economía. Pero además, quedó en evidencia el riesgo de que la informalidad laboral represente el 60 % del total de personas ocupadas.
En primer lugar, se plantea un cambio en los aportes de salud de los trabajadores argumentando que inducen a la informalidad por la coexistencia de dos regímenes con los mismos beneficios, pero con costos diferentes: el contributivo, con costo de 4 % del salario para el trabajador formal y de 12,5 % para el independiente formal, y el subsidiado, con costo cero para el ocupado informal. La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0 % para los ocupados con remuneración de hasta un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9 % para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.
De forma similar, se propone introducir una tasa progresiva de aportes a cajas de compensación por parte de las empresas, que sería de 0% para los empleados de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 5% para empleados con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Un punto de esta contribución a cajas de compensación será usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregará tres líneas de pobreza extrema ($412.000) hasta por seis meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Parte de los ahorros para el empleador se trasladarían a los trabajadores a través de la creación de un auxilio de solidaridad equivalente al 4 % de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.
La combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13 % así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14 %, lo que estimulará la generación del empleo formal.
En lo tributario:
El primer reto del gobierno es sufragar el costo de las ayudas sociales que se necesitarán para evitar que millones de personas caigan en situación de pobreza mientras recuperan sus ingresos. Sin embargo, en Colombia históricamente el recaudo tributario ha sido bajo (14% del PIB). Fedesarrollo atribuye este hecho, entre otras cosas, a el complejo estatuto tributario y las deficiencias de la administración tributaria, específicamente por cuenta de las exenciones.
Por ello, el Centro considera fundamental eliminar las exenciones sectoriales que se aplican a las empresas, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas. Específicamente sugieren la revisión y eventual eliminación de los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales. Proponen también eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, ICA, pagado a nivel territorial porque implica un costo fiscal de 0,5 % del PIB. Y plantea posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa, dejándola en 31 % hasta 2026.
Respecto a los impuestos que pagarían las personas, plantean reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad. Esto significa que Colombia pasaría de 1,5 millones a cerca de 2,1 millones de personas declarantes contribuyentes. Para estas personas aplicaría, según su ingreso, alguna de estas tres tarifas: 0 %, 20 % y 39 %, en lugar de las siete actuales. Además, creen que deberían limitarse las deducciones al 10% de los salarios y el 25% de los ingresos de los independientes.
Sobre el asunto complicado, el IVA, Fedesarrollo sugiere elevar gradualmente la tarifa de bienes y servicios de la economía de mercado que actualmente están exentos, excluidos, o gravados al 5 % hasta llegar a 8 %: “proponemos una tarifa de 2 % en 2022 para los bienes excluidos y exentos, del 5 % en 2023 y del 8 % de 2023 en adelante”, detalla el documento.
Fedesarrollo, como muchos otros centros de investigación y académicos, destacó que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2 % del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres.
Fedesarrollo cree que harían falta cuatro reformas para superar la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19, la cual ha hecho aún más evidentes grandes problemas estructurales de la economía colombiana. El Centro de Investigación Económica y Social presentó esta semana un informe de 160 páginas que describe cuáles deberían ser los cambios en materia social, tributaria, laboral y pensional.
Lea también: Los micronegocios se redujeron en 7,3% durante el 2020
Según Fedesarrollo, la contracción de 6,8 % de la economía y una tasa de desempleo que superó el 15 % son la fórmula inequívoca para aumentar la pobreza; el centro estima que se incrementará en cerca de 6,2 puntos porcentuales, lo que equivale a tres millones de personas adicionales. Algo similar habría pasado con la desigualdad, las estimaciones del centro indican que pasó de 0,54 a 0,56.
Para salir de este panorama, el gobierno debe tomar cartas en el asunto, no solo desde el punto de vista del gasto (que tiene problemas de focalización y cobertura), sino también a través de políticas públicas que tengan importantes impactos en la redistribución del ingreso, la reducción de la pobreza, el aumento de la formalidad laboral y el crecimiento económico. Fedesarrollo quiso reunirlas todas en una sola macrorreforma.
De implementarse la fórmula propuesta, que desglosaremos a continuación, la economía podría crecer un 4 %, se crearían más de 800.000 empleos formales nuevos en los próximos años, se reduciría la desigualdad del ingreso (índice de Gini) en 4 puntos porcentuales, 4,5 millones de personas saldrían de la pobreza. Además, las medidas tendrían un gran impacto redistributivo en todas las clases sociales, especialmente en los más pobres.
En lo social:
Según Fedesarrollo, Colombia ha tenido una deficiente focalización del gasto público en subsidios. Cerca del 60 % del gasto en subsidios que hace el Gobierno nacional se destina a población no pobre. Gran parte de este porcentaje corresponde a los subsidios otorgados a las pensiones (2,6 % del PIB, 90 % destinado a población no pobre), a la vivienda (92 % destinado a la población no pobre) y a los servicios públicos (0,5 % del PIB, 81 % destinado a la población no pobre), sin mencionar los de vivienda, subsidio al desempleo y auxilios educativos.
Adicionalmente, los programas sociales y las transferencias monetarias tienen grandes deficiencias de cobertura, de acuerdo con Fedesarrollo: “el 63 % de hogares elegibles para recibir Familias en Acción no lo reciben, al igual que el 53 % de hogares con adultos mayores elegibles para Colombia Mayor. Para el universo de programas y transferencias, se observa que el 52 % de los hogares pobres no reciben ayudas de ninguna transferencia o programa del estado”.
Para corregirlo, proponen migrar hacia mecanismos de focalización con base en registros administrativos, acelerando la implementación del Sisbén 4.0 como único mecanismo de focalización de los subsidios, eliminando de forma definitiva el estrato socioeconómico como instrumento de selección de beneficiarios.
Además, sugieren una importante reforma a los subsidios existentes: la creación de una renta mínima no condicionada con los recursos de los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción de monto fijo ($35.000) para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Ello podría costar 0,34 % del PIB adicionales (descontando su presupuesto actual) y reduciría la pobreza en 3,7 puntos porcentuales, “lo que corrige el 63% del aumento de la pobreza derivado de la pandemia”. Hacia adelante, Fedesarrollo cree que este esquema podría evolucionar hacia una renta mínima garantizada para los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que elimine la pobreza extrema en el país a un costo sustancialmente menor que el mecanismo anterior.
En lo pensional:
Como quedó en evidencia desde el punto de vista de los subsidios, en el aparte anterior, el sistema pensional es inequitativo e insostenible. La cobertura pensional es de apenas el 25 % de los adultos mayores en edad de pensión. Fedesarrollo propone corregirlo con un sistema más sencillo, solidario y flexible de tres pilares.
Un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios definidos que entregaría un auxilio equivalente a tres líneas de pobreza extrema ($412.000 mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión, una ampliación de Colombia Mayor; ello podría pasar de costar 0,15 % del PIB a cerca de 1,4 % o 1,7 % del PIB. Esta acción resolvería el problema de cobertura pensional y, de paso, reduciría la pobreza en la pobreza en 3,1 puntos porcentuales.
La reforma pensional incluiría además un segundo pilar contributivo y flexible, en donde empresas y trabajadores quedarían en libertad de acordar conjuntamente un programa de ahorro para la vejez. Y un tercer pilar de ahorro voluntario individual, como el actual. El objetivo es solucionar los problemas de inequidad e insostenibilidad financiera.
En lo laboral:
El desempleo es quizá una de las cifras que mejor explican el efecto de la pandemia en la economía. Pero además, quedó en evidencia el riesgo de que la informalidad laboral represente el 60 % del total de personas ocupadas.
En primer lugar, se plantea un cambio en los aportes de salud de los trabajadores argumentando que inducen a la informalidad por la coexistencia de dos regímenes con los mismos beneficios, pero con costos diferentes: el contributivo, con costo de 4 % del salario para el trabajador formal y de 12,5 % para el independiente formal, y el subsidiado, con costo cero para el ocupado informal. La propuesta consiste en introducir una tasa progresiva de aportes a salud a cargo del trabajador, que sería de 0 % para los ocupados con remuneración de hasta un salario mínimo, sean asalariados o independientes, y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 9 % para ocupados con ingresos de 25 salarios mínimos o más.
De forma similar, se propone introducir una tasa progresiva de aportes a cajas de compensación por parte de las empresas, que sería de 0% para los empleados de un salario mínimo y que aumentaría gradualmente hasta cerca del 5% para empleados con ingresos de 25 salarios mínimos o más. Un punto de esta contribución a cajas de compensación será usado para financiar un seguro de desempleo no contributivo, que entregará tres líneas de pobreza extrema ($412.000) hasta por seis meses a trabajadores entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Parte de los ahorros para el empleador se trasladarían a los trabajadores a través de la creación de un auxilio de solidaridad equivalente al 4 % de un salario mínimo para trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos.
La combinación de estas reformas en materia laboral y pensional implicaría un aumento del salario disponible para un trabajador que gana un salario mínimo de hasta 13 % así como una disminución en el costo para la empresa de hasta el 14 %, lo que estimulará la generación del empleo formal.
En lo tributario:
El primer reto del gobierno es sufragar el costo de las ayudas sociales que se necesitarán para evitar que millones de personas caigan en situación de pobreza mientras recuperan sus ingresos. Sin embargo, en Colombia históricamente el recaudo tributario ha sido bajo (14% del PIB). Fedesarrollo atribuye este hecho, entre otras cosas, a el complejo estatuto tributario y las deficiencias de la administración tributaria, específicamente por cuenta de las exenciones.
Por ello, el Centro considera fundamental eliminar las exenciones sectoriales que se aplican a las empresas, con el fin de tener un estatuto tributario que trate de igual forma a todas las actividades productivas. Específicamente sugieren la revisión y eventual eliminación de los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales. Proponen también eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, ICA, pagado a nivel territorial porque implica un costo fiscal de 0,5 % del PIB. Y plantea posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa, dejándola en 31 % hasta 2026.
Respecto a los impuestos que pagarían las personas, plantean reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad. Esto significa que Colombia pasaría de 1,5 millones a cerca de 2,1 millones de personas declarantes contribuyentes. Para estas personas aplicaría, según su ingreso, alguna de estas tres tarifas: 0 %, 20 % y 39 %, en lugar de las siete actuales. Además, creen que deberían limitarse las deducciones al 10% de los salarios y el 25% de los ingresos de los independientes.
Sobre el asunto complicado, el IVA, Fedesarrollo sugiere elevar gradualmente la tarifa de bienes y servicios de la economía de mercado que actualmente están exentos, excluidos, o gravados al 5 % hasta llegar a 8 %: “proponemos una tarifa de 2 % en 2022 para los bienes excluidos y exentos, del 5 % en 2023 y del 8 % de 2023 en adelante”, detalla el documento.
Fedesarrollo, como muchos otros centros de investigación y académicos, destacó que las exenciones al IVA dejan sin gravar cerca de la mitad de los bienes y servicios que consumen los hogares y cuestan 5,2 % del PIB, beneficiando en mayor proporción a los hogares de altos ingresos que a las familias más pobres.