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Ante las altas tarifas en servicios públicos que se han registrado en el país, el presidente Gustavo Petro (amparado por la Constitución) decidió asumir la regulación de las mismas durante tres meses.
Aunque se ha detallado que con esto el presidente no busca imponer reducciones en las tarifas, sino más bien revisar las fórmulas con las que se calculan las mismas, el control que ha asumido Petro ha generado preocupación en varios sectores. Entre ellos está la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
En una carta enviada a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la CREG presentó parte del panorama que tiene el país en materia de energía eléctrica y gas. En este se incluyen los logros que se han alcanzado gracias a la independencia que se les ha dado en las últimas décadas, así como los retos que se pueden presentar si el poder que acaba de asumir el presidente no ejerce de manera responsable.
Para empezar, la CREG resalta que el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios, y las funciones asignadas a las distintas autoridades (entre las que están las de regulación de servicios), no están fundamentadas solo en el artículo 30 de la Constitución. También resaltó que el legislador asignó las responsabilidades de los distintos agentes con un criterio de especialización e independencia técnica y que la Ley 143 de 1994 asignó directamente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas las funciones de regulación del servicio de electricidad.
Los logros energéticos que ha consolidado Colombia
A renglón seguido, la CREG resaltó varios de los logros que se han alcanzado mediante este modelo de regulación, como que el país pasara de registrar 6,73 millones de usuarios en 1994, a 16,57 millones en 2022.
“Los sistemas de distribución absorbieron todo el crecimiento demográfico, económico y social de casi tres décadas y pasaron de un nivel de cobertura del 86,3 al 96,41%”, detalla.
Sobre las tarifas, la CREG explica que Colombia cuenta con esquema tarifario robusto para las zonas no interconectadas, lo que ha permitido que en los últimos diez años se hayan desarrollado estrategias, desde el Gobierno Nacional, enfocadas en brindar cobertura de electricidad a cerca de 500.000 familias.
Otro de los logros que resalta la comisión es que el crecimiento del sector eléctrico del país se ha evidenciado en que se pasó de una capacidad efectiva neta de generación de 10.080 MW en 1994, a 18.791 MW en 2022. Esto sin que se haya requerido aportes de la nación para la construcción de plantas de generación, lo que se traduce en la liberación de importantes recursos para el Estado, el cual lo ha podido invertir en otros sectores.
Ante lo que la CREG describe como un positivo comportamiento del sector en las últimas décadas, cree que afectar las reglas definidas (que fue una de las lecciones que dejó el periodo de 1992 a 1993) poner en riesgo la atención de la demanda ante un evento crítico, lo que a su vez podría derivar en situaciones de desatención a dicha demanda.
“En el mismo sentido se podría dar el caso, cuando se afecten mecanismos que coadyuvan a la confiabilidad, tal como la senda de referencia del embalse, la cual se desarrolló a partir de la experiencia en el manejo de los embalses en condiciones críticas” detalló la CREG.
“Preguntemos entonces, ¿cómo ha sido posible que los inversionistas hayan obtenido financiación y garantías bancarias con el sólo respaldo de los actos administrativos expedidos por la Comisión y un certificado del operador del mercado que acredita que se le asignó una obligación de energía firme? La respuesta es: confianza en las instituciones del sector; eso es lo que hemos construido a lo largo de 27 años”, agrega la CREG, al defender el modelo que ha regido en el país durante las últimas décadas.
Los retos energéticos que tiene el país
Dentro de los retos que menciona la comisión está el de incorporar más inversión en la construcción de plantas de generación de energía, tanto convencionales como no convencionales, amén de ampliar la capacidad que se requerirá para el año 2027 en adelante.
Esta demanda de inversión, según la CREG, requerirá que el Estado brinde confianza a quienes deseen poner sus recursos en este negocio. Para esto, es necesario que el Gobierno dé señales de que cualquier modificación que se quiera hacer a las normas del sector responde al resultado de un análisis técnico riguroso y transparente, que protege los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas.
“Conociendo que los sistemas de distribución, además de cumplir su función de llevar la energía a los usuarios en el territorio nacional, son los habilitadores para la transición energética y la introducción de energías renovables; el reto se encuentra en robustecer su infraestructura, mejorar los estándares de calidad y reducir los niveles de pérdidas, lo que será posible con las inversiones que se están acometiendo para alcanzar las metas de renovación requeridas y poder avanzar, conjuntamente con la instalación de la medición avanzada, en la consolidación de la plataforma de red necesaria para la mencionada transición energética”, precisó la CREG.
La paradoja de las tarifas
Parte del argumento que ha empleado el gobierno de Gustavo Petro para asumir la regulación de las tarifas se debe a la paradoja de los embalses. ¿Cómo es posible que en tiempo de lluvias los embalses están llenos y a la vez el precio final de la energía siga subiendo?.
Para entender esto hay que tener en cuenta que gran parte de la energía eléctrica generada en el país se hace por medio de hidroeléctricas, las cuales trabajan con la potencia que genera la presión del agua.
Contrario a los que se presume, la CREG explica que el alza de las tarifas en tiempos de lluvia no corresponde a la ambición de las empresas encargadas de la generación, sino que responde a los costos que se requieren para su producción.
“Los aumentos de las tarifas de energía no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los principios tarifarios por parte del regulador al establecer las metodologías y fórmulas tarifarias, sino efecto de los aumentos en los costos de inversión y operación, en un entorno de alta inflación, en especial de la reposición de activos y de la expansión del servicio, tanto del parque de generación como de las redes de transporte y distribución”, explica.
Sobre el particular incremento de la tarifa en el caribe colombiano, la CREG agrega que estos “se han producido a partir de la metodología tarifaria de la actividad de distribución, con las particularidades del régimen transitorio especial ordenado por la Ley 1955 de 2019, son resultado del objetivo fijado por la Ley de asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del servicio y estandarizar una prestación afectada por bajos niveles de calidad y altos niveles de pérdidas, donde se requieren inversiones importantes, superiores al promedio del resto de los sistemas del país, para cubrir los rezagos históricos, así como grandes esfuerzos en la gestión de reducción de pérdidas”.
Finalmente, advierte que una intervención a las tarifas por fuera del esquema creado en el 94, afectará las obligaciones de la prestación del servicio y modificará las condiciones de remuneración. Esto derivaría en incertidumbres sobre la continuidad, calidad y demás derechos de los usuarios del servicio.
“Intervenir los precios del mercado mayorista de energía, implica una distorsión en el comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como mecanismo de racionalización de los embalses y traslada al Estado el riesgo de la operación de estos. De esta forma, si se llegase a presentar en el próximo verano una situación de hidrología seca extrema, frente a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de “El Niño”, tendríamos un muy complejo panorama con el riesgo de enfrentar la posibilidad de no atender la demanda en forma continua”, se lee en la carta.
La CREG concluyó insistiendo en su llamado en que se tenga como base los análisis técnicos y rigurosos ante cualquier ajuste en las tarifas que se quieran hacer. Esta mañana el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó que lo que busca el decreto que prepara el presidente no es una imposición de tarifas, sino una revisión de las mismas en el marco de un diálogo y consenso con todos los actores que tienen una participación.
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