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Durante un encuentro virtual organizado por la Contraloría, el vicecontralor general, Julián Ruiz, explicó las razones detrás del fallo de responsabilidad fiscal por la contingencia que ocurrió en 2018 en el proyecto Hidroituango. El fallo se dio este lunes como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones que se realizaron en la hidroeléctrica.
El órgano de control halló una responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas de la futura hidroeléctrica, que promete atender el 17 % de la energía que consume el país.
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De esta cifra se identificó un lucro cesante por $1,2 billones (la utilidad que deja de percibir el proyecto por no generar energía) y una destrucción del valor de la inversión que asciende a $3,1 billones.
¿Qué inhabilidades se producen?
Algunas figuras halladas como responsables son Sergio Fajardo (exgobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (exalcalde de Medellín, 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos (exgobernador de Antioquia, 2008-2011).
Sin embargo, Ruiz fue enfático en que la decisión del órgano no tiene origen político ni busca inhabilitar a ciertas figuras de ocupar cargos políticos. “Esas afirmaciones, además de ser ligeras, son irrespetuosas con los servidores de la Contraloría General, entidad que es de carácter eminentemente técnico”, dijo.
Una de las consecuencias que establece la ley es que cualquier persona registrada en el boletín de responsables fiscales quedará inhabilitada para tomar posesión de cualquier cargo público.
“Sin embargo, desde la Contraloría, en compañía de una bancada del Congreso, se logró sacar adelante un control jurisdiccional automático que modificó el código contencioso administrativo y produce la suspensión de la inhabilidad que se deriva del fallo de responsabilidad fiscal hasta tanto un juez no haga la revisión completa e íntegra del proceso”, aclaró.
Esto quiere decir, según el vicecontralor, que si el fallo es confirmado en segunda instancia, debe ser enviado a la jurisdicción contenciosa y será el juez del caso quien decida si se rechaza o adelanta dicho control automático, que determina la inhabilidad.
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Las imputaciones del caso habían sido anunciadas en diciembre pasado. De las 28 que había formulado, el órgano solo dejó por fuera de la responsabilidad fiscal a dos personas: Aníbal Gaviria (suspendido gobernador de Antioquia) y Jorge Mario Pérez Gallón.
Sobre Gaviria, Ruiz dijo que el operador fiscal de primera instancia no le encontró culpa grave ni dolo. En sus palabras: “si bien era el alcalde de Medellín, no hacía parte de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango. Era presidente de EPM y solamente recibía información extemporánea y compartimentada, si se quiere, de lo que sucedía en el proyecto después de que la junta directiva de Hidroituango liberaba la información”.
¿Cómo se recuperará el dinero?
El funcionario destacó que en este proceso se decretaron las “máximas medidas cautelares” para que, en caso de que el fallo se confirme en segunda instancia, se puedan recuperar los recursos.
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Aseguró, por ejemplo, que están vinculadas unas pólizas por alrededor de $400.000 millones. “La finalidad del proceso de responsabilidad fiscal es el resarcimiento al patrimonio del Estado de los daños causados. Si las pólizas llegan a cubrir la totalidad, se acabará el proceso incluso antes de que termine en segunda instancia”, puntualizó.
En cuanto a los plazos, Ruiz indicó que los involucrados tienen 5 días hábiles para presentar recursos de reposición y apelación. La segunda instancia del proceso, por su parte, cuenta con 30 días hábiles para responder a los mismos.