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El viernes pasado, Empresas Públicas de Medellín (EPM) celebró un nuevo hito en el proyecto hidroeléctrico Ituango: el traslado de equipos a la casa de máquinas, que, según informó, es un paso importante para cumplir “la meta de entrar a generar energía con las dos primeras unidades en el segundo semestre de 2022, y las seis unidades restantes entre 2023 y 2025”.
Este lunes, sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) informó una decisión que, al menos, no facilita las cosas para EPM. Se trata del fallo por responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas de la futura hidroeléctrica, que promete atender el 17 % de la energía que consume el país.
Este fallo, vale la pena recordar, se da, según la CGR, “como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado” por la no entrada en operación en la fecha que estaba prevista, es decir, noviembre de 2018.
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Las imputaciones habían sido anunciadas en diciembre pasado. De las 28 que había formulado, la CGR, solo dejó por fuera de la responsabilidad fiscal a dos personas: Aníbal Gaviria (suspendido gobernador de Antioquia) y Jorge Mario Pérez Gallón.
Entre los responsables fiscales están Sergio Fajardo (gobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (alcalde de Medellín 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia 2008-2011). En cuanto a personas jurídicas, se encuentran las empresas del consorcio constructor CCC Ituango: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Luego de conocida la decisión de la Contraloría, EPM informó que “de sostenerse la decisión de primera instancia, EPM deberá tener una estructura adecuada y planeada que permita la continuidad, sin dilaciones, de la ejecución del proyecto Hidroeléctrico Ituango”. Esto teniendo en cuenta que las personas en contra de las cuales se profirió el fallo aún tienen la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación.
“Los efectos del fallo pueden suspenderse hasta cuando se resuelvan los recursos por la Contraloría General de la República”, recalcó EPM, que por cierto, está a la espera del debate del proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín para desinvertir en la empresa de comunicaciones UNE, enajenación que le ayudaría a financiar futuras inversiones, como la culminación de Hidroituango.
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También es preciso recordar que la investigación de la Contraloría se remonta a 2019, cuando empezó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no estaba terminada en ese momento) después de que el sistema de desviación del río colapsara.
El agua amenazaba con sobrepasar el muro y la única alternativa fue inundar la casa de máquinas para evitarlo. Con esa inundación se causaron pérdidas millonarias por el daño de la estructura y de los equipos vitales para la generación de energía.
En el fallo, la CGR concluye que la causa del colapso del sistema de desviación “no obedeció exclusivamente a una causa externa, sino que la misma fue producto de defectos constructivos, problemas en el seguimiento y control de las obras, como consecuencia de la ejecución acelerada de las obras para intentar cumplir a toda costa con una fecha de entrada de generación de energía”.
La tesis de la entidad de control que hace responsables a estas 26 personas y empresas es que una serie de desacuerdos, omisiones y malas decisiones condujeron todo el proyecto hacia los taponamientos que derivaron en el colapso de la galería de desviación, hechos que, dicho sea de paso, no solo pusieron en riesgo el proyecto y la soberanía energética del país, sino que alteraron la vida de miles de pobladores aguas arriba (por el embalsamiento no controlado del río) y aguas abajo del proyecto, debido a la evacuación de casi 25.000 personas en el momento más crítico de la emergencia.
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Las implicaciones políticas
Si bien es claro que la decisión de la Contraloría de proferir imputación por el caso Hidroituango es en primera instancia y contra ella proceden recursos de reposición y apelación, dicho fallo, sin duda, tiene implicaciones en el terreno de lo político, sobre todo en momentos en que ya atiza la carrera por la elección presidencial de 2022, en la que Sergio Fajardo es protagonista.
De hecho, el exgobernador de Antioquia aparece de segundo en intención de voto en las más recientes encuestas y según la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”. La norma dice que esa inhabilidad solo cesará “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.
En otras palabras, si se confirmara el fallo, Fajardo estaría impedido para ser presidente. Un golpe más para el actual precandidato dentro de la Coalición de la Esperanza, pues, como se sabe, en marzo pasado la Fiscalía le imputó cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, que dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Y ya el pasado 27 de agosto decidió acusarlo formalmente ante la Corte Suprema. Se trató de un préstamo que Fajardo avaló en 2013, siendo gobernador de Antioquia y que, según el ente acusador, generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento. En su defensa, este ha dicho que actuó con trasparencia y que tiene cómo demostrar jurídicamente que no incurrió en ningún tipo de irregularidad.
Es decir, con acusación formal de la Fiscalía e imputación de la Contraloría, Fajardo atraviesa por aguas cenagosas en plena campaña electoral, con el riesgo latente de quedarse por fuera del pulso por la Presidencia. “La Contraloría nos acaba de notificar que somos responsables fiscalmente por el caso de Hidroituango. Es un baldado de agua fría, sí, por supuesto. Lo seguiré enfrentando, también y como siempre lo he hecho, a la luz del día. Nunca me he escondido ni lo haré en este momento, porque tengo la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Ahora tenemos que seguir agotando las instancias”, expresó el exgobernador antioqueño en un video difundido a través de sus cuentas en las redes sociales.
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En su declaración Fajardo deja ver su molestia por el poco tiempo que tiene para organizar su defensa ante el ente de control fiscal, dejando en claro que recurrirá a los recursos que le permite la ley y adelantándose a los ataques de sus contradictores políticos. “Tenemos cinco días para presentar la reposición, es decir, procesar las más de 2.000 páginas en solo cinco días para argumentar por qué no estamos de acuerdo con la decisión. Luego el proceso irá directamente al contralor y sabremos una decisión definitiva, al menos en esta instancia. A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en peleas, vale la pena ser creyentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones. Vale la pena dar ejemplo con mucha tranquilidad. Yo estoy tranquilo y este obstáculo también lo vamos a superar. Dedicaré buenas partes de los próximos días a preparar la reposición”, enfatizó.
Caso aparte es el de Ana Cristina Moreno, actual presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, otra de las personas imputadas por la Contraloría por responsabilidad fiscal. La hoy funcionaria era parte de la junta directiva de Hidroituango. Aclarando igualmente que se trata de un fallo en primera instancia y que tiene derecho a reposición y apelación, pero si dado el caso resultase condenada en instancia definitiva, tendría que dejar el cargo que ostenta desde julio del año pasado. Moreno fue diputada de la Asamblea de Antioquia (2016-2019) y aspiró a la Alcaldía de Medellín por el partido Centro Democrático.