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Nuevamente los colombianos nos veremos sorprendidos con un silencioso incremento, esta vez en las tarifas de la energía.
Se trata de un sobrecargo de $22 por kilovatio, que será cobrado en la factura de julio, por una sola vez, ejercicio que le permitirá al Gobierno recaudar ‘la media bobadita’ de US$50 millones.
Esta medida fue autorizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mediante la Resolución 010 de febrero de este año, para evitar que el país sufriera por la temporada seca.
Los recursos que se obtendrán por este sobrecargo serán utilizados por la Creg para el pago a las empresas generadoras, que por petición del Gobierno salieron a comprar energía para cumplir sus compromisos, ante la imposibilidad de producir energía a base de agua para mantener los niveles de los embalses en plena temporada del fenómeno de ‘El Niño’.
Al ser consultada la Red de Veedurías Ciudadanas sobre el tema, ésta señaló que el peso del sobrecargo en las facturas es mínimo, pero lo que molesta es que nuevamente a los usuarios no se les dijo nada, como ocurrió hace algunos meses con el incremento en el gas natural, como consecuencia del mayor costo por generación de energía con gas.
En esta oportunidad la Creg ordenó el pago de US$0,12 centavos durante tres años, los cuales se empezaron a cobrar desde mayo.
Todos los meses los colombianos pagamos en la factura de la luz $28 por kilovatio de energía consumido, lo que se traduce en US$60 millones o US$65 millones, dinero que se convierte en un seguro que garantiza que en ninguna casa, industria o comercio de Colombia faltará la energía. Este seguro se conoce como cargo por confiabilidad.
Estos recursos son pagados a las generadoras térmicas de gas o carbón por estar listas para generar en el momento que el país las requiera, ya que en la mayoría del tiempo están apagadas mientras que las hídricas generan con agua.
Expertos consultados consideran que lo que está ocurriendo es que los usuarios pagarán doble tarifa del cargo por confiabilidad durante julio.
El ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, señaló que la facturación es millonaria y que lo que se le va a cobrar a la gente es mínimo, eso no pesará en la factura.
Libardo Espitia, de la Red de Veedurías, señaló que lo inaceptable es que los colombianos tengan que pagar un cargo adicional por US$50 millones, así lo que se cobre a cada usuario sea mínimo, y que además se disfrace bajo el ítem de restricciones, como aparece en el recibo del mes de julio.
Cuando las condiciones hídricas son buenas y las hidroeléctricas están en plena producción, que es la mayoría del tiempo, las plantas que generan con combustibles, como carbón o gas, están apagadas porque sus costos de producción de energía son muy altos frente a las otras.
Pero deben estar disponibles para generar en caso de alguna eventualidad, por lo cual se les reconoce lo que se llama cargo por confiabilidad.
Si bien los colombianos creen que el pago de este cargo es su seguro frente a un apagón y que están dispuestos a seguirlo haciendo, también consideran que al pagar el cargo por confiabilidad mes tras mes no tendrían que asumir el sobrecargo, aunque sea por una sola vez.
En la tarifa de energía se incluyen los costos de generación, el de comercialización, el de transporte, el de distribución y un ítem que se llama otros, en el que se incorpora el de restricciones, que recoge contingencias como que se vuele una torre de transmisión o que una hidroeléctrica no pueda ofertar y vender su energía en la bolsa, que por lo general se reconoce entre $2 y $5 por kilovatio hora, pero lo subieron a $22 y sin avisar.
El Espectador intentó hablar con el director de la Creg, Javier Díaz Velasco, y la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Eva María Uribe, sobre el polémico tema, pero no recibió respuestas al respecto.