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Al gobierno del presidente Gustavo Petro le queda un año. El mandatario buscará cumplir varias de las promesas pendientes en la recta final, aquí les contamos dos de las principales retos.
Una tributaria por $26 billones
El gobierno Petro se niega a recortar el gasto en su presupuesto para 2026, que suma $556,9 billones.
El mandatario dijo en su discurso este jueves, desde Leticia, que aunque le han intentado “desfinanciar” el presupuesto, cumplirá sus promesas, incluyendo el salario mínimo para todos los soldados del Ejército. “Nos dicen glotones, que hacemos crecer el presupuesto de funcionamiento, pero ese presupuesto se divide entre entregarle dinero a la salud y la educación de los municipios, pagar la Fuerza Pública y pagar a los pensionados”.
Agregó que aumentará el presupuesto para que tres millones de personas mayores sin pensión reciban un bono pensional, esta es una de las iniciativas de la reforma pensional, que sigue suspendida a la espera de la decisión de la Corte Constitucional.
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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la reforma tributaria no busca atender una situación coyuntural de falta de recursos en este gobierno, sino lograr una estabilidad macroeconómica en el mediano plazo, de la que se beneficiarán los próximos gobiernos. El ministro ha explicado que el 92 % del presupuesto es inflexible y cortar del 8 % restante puede afectar gravemente a la economía. Pero los expertos sostienen que se necesita un recorte para garantizar la estabilidad fiscal.
Para financiar el presupuesto de 2026 se necesita una ley de financiamiento (que es una reforma tributaria para financiar el presupuesto) por $26,3 billones. La cifra es incluso más ambiciosa que la de la primera reforma del gobierno Petro. El camino para aprobar una iniciativa de este tipo en el Congreso es cuesta arriba, especialmente en el último año (en 2024 ya se hundió una ley de financiamiento y el presupuesto quedó desfinanciado).
Para este punto de la historia, el Ministerio de Hacienda ya suspendió la regla fiscal y se espera que el déficit fiscal llegue a 7,1 % este año, el peor de más de un siglo, excepto por la pandemia. Lo que le preocupa a los expertos es que los ingresos que contempló el gobierno en el presupuesto, incluyendo la tributaria, no se materialicen y la situación fiscal se complique todavía más.
Gonzalo Hernández, Ph. D. en Economía y exviceministro técnico de Hacienda, asegura que si Colombia pierde credibilidad, la deuda se encarece porque se pagarían tasas de interés más altas, entonces aumentarían las inflexibilidades del presupuesto, las mismas que el Gobierno sostiene que justifican saltarse la regla fiscal y de las que se ha quejado porque limitan la inversión.
En tres años de administración, constantemente, el presidente Petro se ha referido a lo endeudado que el gobierno de Iván Duque dejó al país y cómo ese panorama ha impedido mejorar la calidad de vida de los colombianos. Paradójicamente, los expertos consultados consideran que si no hay tributaria ni recorte, el legado de Petro para el siguiente gobierno sería todavía peor.
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Las tarifas de energía
Desde el primer día, la administración Petro prometió bajar las tarifas de energía en Colombia. El gobierno ha puesto en marcha varias medidas para cumplir ese objetivo, pese a que los gremios han cuestionado su pertinencia técnica.
En este último año de gobierno la gran apuesta para lograrlo será la ley de tarifas, un proyecto que llegará al Congreso el próximo 11 de agosto, según anunció el Ministerio de Minas y Energía.
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Con el proyecto, según el primer borrador, el Gobierno buscará soluciones para la opción tarifaria, hacer ajustes en los subsidios de energía que reciben los estratos 1, 2 y 3, y cambiar la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entre otras cosas.
El presidente Petro prometió, hace más de un año en Barranquilla, que el Gobierno asumiría la deuda de opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3. La esperada medida se incluyó en la ley de financiamiento de 2024,
Como ese proyecto se hundió en el Legislativo, la promesa quedó en el aire. Ahora, en la ley de tarifas, el Gobierno ya no busca pagar la opción tarifaria con recursos del Presupuesto General de la Nación, sino que sean los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados los que asuman los saldos pendientes. La CREG definiría los mecanismos para hacerlo.
Otra propuesta del Gobierno es modificar la asignación de los subsidios que mes a mes reciben en las facturas los usuarios de estratos 1, 2 y 3. De fondo, con la ley los usuarios podrían perder el subsidio dependiendo de cuánto consumen.
Estas y otras medidas de la ley de tarifas llegarán al Legislativo la próxima semana.
En su discurso de este jueves, el mandatario también habló sobre la transición energética. “Podemos ser una potencia mundial de las energías limpias”, dijo. En su último año, el gobierno buscará incorporar más proyectos de energías de renovables a la matriz del país.
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