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Cuando una persona tiene deudas impagas y enfrenta un proceso judicial, una de las preocupaciones más comunes es perder su vivienda por embargo.
En Colombia, si bien los acreedores pueden solicitar el embargo de bienes para garantizar el pago de una deuda, la ley contempla mecanismos para proteger algunos inmuebles, especialmente cuando se trata de la vivienda familiar.
Primero, un embargo es una medida judicial que permite retener bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de una obligación. Puede recaer sobre cuentas bancarias, vehículos, salarios o propiedades, incluyendo casas y apartamentos.
Además, cualquier inmueble que esté a nombre del deudor puede ser embargado, salvo que esté protegido bajo ciertas figuras jurídicas. Por eso es importante conocer las opciones legales que existen para proteger una vivienda.
¿Cómo se puede proteger un inmueble?
Una de las formas más comunes de proteger una vivienda es a través del patrimonio de familia inembargable. Este mecanismo está previsto en la Ley 70 de 1931 y en la Ley 258 de 1996.
Permite declarar un inmueble como parte del patrimonio familiar, lo que impide que sea embargado por deudas posteriores a su constitución.
Aplica para bienes cuyo valor no supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes (más de $355 millones en 2025). Solo se puede constituir sobre un inmueble destinado a vivienda y requiere inscripción ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Por otro lado, si una persona está casada o vive en unión marital de hecho, puede inscribir su inmueble bajo la figura de afectación a vivienda familiar. Esta medida protege la casa contra embargos, pero también impide venderla o hipotecarla sin el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros permanentes.
Está contemplada en la Ley 258 de 1996 y también debe inscribirse en la Oficina de Registro. Solo aplica si el inmueble es el lugar de residencia de la familia.
Así mismo, las viviendas compradas con subsidios del Estado o de cajas de compensación tienen protección contra embargos por un tiempo determinado, generalmente hasta que se cumpla el plazo mínimo de permanencia en el programa (que puede ser entre 5 y 10 años). Esta medida busca evitar que personas en situación vulnerable pierdan sus hogares.
Tenga en cuenta
Debe saber que las figuras de afectación a vivienda familiar y patrimonio de familia no protegen el inmueble frente a deudas anteriores a su constitución. Es decir, si alguien ya tiene una deuda cuando declara el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar, esa deuda podría generar un embargo válido. Tampoco aplica si la casa está hipotecada o si fue usada como garantía en un crédito.
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