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El Gobierno radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de arbitramiento de litigios para autorizar el arbitraje para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la DIAN.
El objetivo de la iniciativa es agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales y así reducir el tiempo en el que incurren ambas partes en su resolución.
De acuerdo con la entidad, el índice de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia es del 64 %, “lo que evidencia la pertinencia de esta iniciativa, al permitir el arbitraje como mecanismo alternativo que disminuye la saturación del sistema judicial”.
Al contar con árbitros especializados en temas tributarios, se puede lograr una resolución más justa y equitativa de los litigios, al mismo tiempo que disminuyen los costos tanto en tiempo como en dinero asociados a estos procesos judiciales, lo que se traduce en beneficios para los contribuyentes y para la DIAN.
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Con corte a mayo de 2023, existen 7.112 procesos activos de la DIAN por un monto de $27,3 billones. Así las cosas, con los mecanismos previstos en el nuevo proyecto de ley, “se permitiría movilizar un mayor recaudo para financiar niveles de gasto social consistentes con la implementación del Plan de Desarrollo”, dijo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público.
Gracias a las disposiciones de este proyecto de ley, “es razonable esperar que buena parte de estos procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses, considerando los procesos arbitrales que se realizan en otras áreas del derecho”, explicó Bonilla.
Además del arbitraje para esas disputas, la propuesta incluye un mecanismo para priorizar los procesos y las actuaciones de la DIAN, mejorando la eficiencia de la entidad en sus procesos y en general en las actuaciones de esta en su lucha contra la evasión y el contrabando, generando así expectativas de mayor recaudo.
Este proyecto, según la DIAN, busca brindar herramientas a los contribuyentes para que determinen si voluntariamente quieren acceder al arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. “Lo anterior no elimina ni modifica la posibilidad de que los administrados puedan continuar utilizando el sistema tradicional de administración de justicia”.
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