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No resulta extraño que, en un tiempo de cambios constantes y acelerados, el trabajo se redefina en su valor político y social, anunciando su fin en algunos de los oráculos a quienes se consulta por su futuro.
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El trabajo que conocimos, hijo del cambio de época en la revolución industrial victoriana, también generó incertidumbres como las que describió Charles Dickens en Tiempos difíciles al relatar el malestar del mezquino señor Bounderby, banquero y dueño de la fábrica, quien preguntaba cruzándose de brazos al obrero Esteban Blackpool: “¿De qué os quejáis de un modo general vosotros, los trabajadores?”.
Hoy, transcurridos más de un siglo y medio, intentamos redefinir: ¿Cuáles son las empresas -cada vez más deslocalizadas, digitalizadas y automatizadas- y quiénes son los trabajadores -ahora mujeres, jóvenes, personas con discapacidad- en el proceso de reactivación económica en la anhelada pospandemia de cara al año 2022?
¿Arribará a América Latina y el Caribe la “Gran renuncia” estadounidense, que ha determinado el abandono voluntario de los puestos de trabajo de 4,3 millones de empleados en agosto de 2021, que revela la redefinición de prioridades e intereses de los dimitentes, más como ciudadanos que como trabajadores?
Las respuestas viendo el futuro del trabajo parecen encontrarse en los dilemas del pasado: identificar y caracterizar a las organizaciones productivas, ahora en forma de algoritmos, y a los por ahora nuevos trabajos y trabajadores.
Las crisis económica y sanitaria que derivaron del covid-19 apoyaron el crecimiento exponencial de las modalidades de trabajo a distancia en Colombia: teletrabajo, trabajo en casa y remoto, consecuencial a la política de aislamiento social para la contención de la velocidad de propagación del coronavirus que determinó, según la Organización Internacional del Trabajo, el tránsito de 23 millones de personas al trabajo a distancia en América Latina y el Caribe.
Las apuestas por la consolidación del trabajo a distancia contrastan con la demanda de presencialidad de empresas y trabajadores, la retoma de la definición de la soberanía de los tiempos de trabajo, la limitación de los espacios laborales/personales (familiares) y la garantía de desconexión laboral aún en construcción.
En este sentido, la definición de los límites en la utilización de la tecnología en las relaciones de trabajo representa una búsqueda de las respuestas con mayor proporcionalidad en la ecuación control empresarial/intimidad y la definición de los espacios de circulación de la información pública, semiprivada y privada.
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Más allá del reconocimiento legal del derecho a la desconexión laboral en las leyes 2088 y 2121 de 2021, y debido a las carencias en materia de garantías en este ámbito, resultará especialmente interesante evaluar la adopción de políticas en el interior de las organizaciones para la efectividad de la desconexión incluida en el proyecto de ley 489 de 2021 Senado/071 de 2020 Cámara.
La apuesta por la presencialidad en la reactivación económica deriva en la tensión vacunados/no vacunados en el ámbito laboral. Esto de cara a la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, que se articula bajo los principios de universalidad en la cobertura, gratuidad y voluntariedad, con especiales problemáticas en actividades no susceptibles de migrar a las modalidades de trabajo a distancia.
En el tránsito a la reactivación económica que pretende ser consolidada en el año 2022, el equilibrio de la política sanitaria y económica apoya la recuperación de los niveles y las metas de empleabilidad prepandemia.
La identificación de los “nuevos” trabajadores determina la orientación de las políticas activas diferenciales, a partir de programas de subsidio a la nómina y estímulos a la vinculación en la formalidad de grupos poblacionales vulnerables, sostenibles en el tiempo, con cobertura y condicionantes sociales que rentabilicen los efectos sociales del esfuerzo fiscal.
El debate, a propósito de la transición energética y el compromiso universal de reducción del calentamiento global, que se vincula al diseño de los espacios de recuperación de la empleabilidad en clave trabajo decente, ha puesto el acento en la generación de empleos verdes, incluido en el proyecto de ley 470 de 2021 Senado/097 de 2020 Cámara, para contribuir al desarrollo sostenible. A este fin es deseable incorporar amortiguadores sociales, tan demandados y necesarios para responder a períodos de crisis, de cara a una transición justa para trabajadores y comunidades.
La consolidación de la reactivación económica en 2022, fundamentada en el binomio empresas sostenibles/trabajo decente, determinará la constante búsqueda de equilibrios en la relación de los esquemas productivos automatizados y los nuevos ciudadanos-trabajadores.
Al igual que el malvado señor Bounderby, seguimos tratando de entender, con su misma perplejidad, nuestro cambio de época.
* Observatorio Laboral, Universidad del Rosario.
Por Iván Daniel Jaramillo Jassir *
