La insolvencia es una situación jurídica en la que una persona o entidad no puede cumplir con sus obligaciones de pago. En Colombia, la Ley de Insolvencia Económica regula este proceso, permitiendo a los deudores negociar con sus acreedores para evitar la quiebra y buscar soluciones viables para sus deudas.
Esta ley aplica a personas naturales no comerciantes y a pequeñas y medianas empresas (pymes) que se encuentren en una situación de insolvencia. Es decir, aquellos que no pueden cumplir regularmente con sus obligaciones financieras.
De acuerdo con la Ley 564 de 2024, el artículo 538 explica que cuando una persona o empresa no paga dos o más deudas a dos o más acreedores durante más de 90 días, o si enfrenta dos o más demandas de cobro, se considera en insolvencia. Además, el total de estas deudas debe ser al menos el 50 % de todas las deudas que tiene.
La declaración de insolvencia puede ser solicitada en cualquier momento en que el deudor se encuentre en una situación de cesación de pagos, es decir, cuando no puede cumplir con sus obligaciones financieras de manera regular y continua.
Este proceso se lleva a cabo ante la Superintendencia de Sociedades en el caso de empresas, y ante los jueces civiles municipales para personas naturales no comerciantes.
El objetivo de la Ley de Insolvencia es proporcionar un mecanismo legal para que los deudores puedan reorganizar sus finanzas y negociar con sus acreedores, evitando así la liquidación forzosa de sus activos y permitiendo una recuperación económica ordenada.
Una vez declarado insolvente, ¿qué sucede?
- No puede realizar pagos preferenciales: Una vez declarado en insolvencia, el deudor no puede realizar pagos a ciertos acreedores en detrimento de otros. Todos los pagos deben ser aprobados por el juez o la Superintendencia de Sociedades.
- No puede enajenar bienes sin autorización: El deudor no puede vender, transferir o disponer de sus bienes sin la autorización del juez o de la Superintendencia de Sociedades. Esto es para evitar que el deudor disminuya su patrimonio en perjuicio de los acreedores.
- Suspensión de procesos ejecutivos: Durante el proceso de insolvencia, se suspenden todos los procesos ejecutivos y de cobro en contra del deudor. Esto significa que los acreedores no pueden iniciar o continuar acciones legales para recuperar sus deudas mientras dure el proceso.
- Prohibición de contratar nuevas deudas: El deudor no puede contraer nuevas deudas sin la autorización del juez o de la Superintendencia de Sociedades. Esto es para evitar que el deudor aumente su carga financiera durante el proceso de insolvencia.
- Obligación de informar: El deudor debe informar a la Superintendencia de Sociedades o al juez sobre cualquier cambio significativo en su situación financiera. Esto incluye la recepción de ingresos inesperados o la adquisición de nuevos bienes.
Ahora bien, tome en cuenta que la ley le permite reestructurar las deudas, lo que puede incluir la reducción de intereses y la extensión de plazos de pago.
Con la reciente aprobación en el Legislativo de los Decretos 560 y 772 de 2020, la Superintendencia de Sociedades afirmó que se brindará mayor “estabilidad y previsibilidad” para las empresas “que navegan por entornos desafiantes como el de la pandemia”.
Entre los cambios se encuentra una reducción en el tiempo del trámite, que pasará de 24 a tres meses. Lo que brindaría un estímulo para financiar al deudor que está al borde de la liquidación y desaparición, incluso con mecanismos menos intervencionistas para brindar soluciones equitativas.
En el caso de personas naturales, ciertos bienes considerados esenciales para la vida digna del deudor y de su familia están protegidos y no pueden ser embargados.
Sin embargo, es altamente recomendable que los deudores busquen asesoría legal financiera especializada par navegar el proceso de insolvencia de manera efectiva.
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