Flexibilizar contratación para formalizar el empleo, según mintrabajo

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirma que debe abrirse la posibilidad de que las empresas aporten a la seguridad social de las personas que laboran por horas. También, que debe haber protección para el 44 % de los trabajadores que ganan menos del mínimo.

María Alejandra Medina C. y Lucety Carreño Rojas.
06 de octubre de 2019 - 02:00 a. m.
Alicia Arango afirma que la rigidez de la contratación fomenta el desempleo y la informalidad.  / Fotos: Óscar Pérez - El Espectador
Alicia Arango afirma que la rigidez de la contratación fomenta el desempleo y la informalidad. / Fotos: Óscar Pérez - El Espectador

El desempleo, coinciden diferentes analistas, es quizá el mayor problema que afronta el país en materia económica en este momento. Según la cifra de agosto, prácticamente 11 de cada 100 colombianos están sin trabajo. Es un problema que se suma a la ya conocida altísima informalidad, cercana al 50 %. “La formalización está estancada”, dice la ministra de Trabajo, Alicia Arango, “y eso no es de ahora: no ha mejorado, no por los inmigrantes, porque eso es un factor nuevo (coyuntural), sino porque mientras Colombia siga con esta rigidez (en contratación laboral) es imposible”.

La ministra Arango cree que hay que flexibilizar la contratación para combatir el desempleo y la informalidad y beneficiar a quienes trabajan por horas, pues, dice, también tienen derecho a protección en salud y pensión o una vejez digna. Asimismo, hay empleadores que necesitan determinados trabajadores por horas —como un electricista o un jardinero— y no tendrían cómo contratarlos en una jornada completa. Sostiene que hay que generar opciones para quienes ganan menos de un salario mínimo.

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Para la jefa de la cartera laboral es “escandaloso” que en Colombia el 44 % de los trabajadores ganen menos del salario mínimo, un 44 % que “no tiene derecho a nada, porque la ley dice que los que cuentan son los que ganan más del mínimo (…) el resto, si quiere derecho a pensión, tiene que pagarla (por su cuenta), ¡pero una persona que gana menos del mínimo no tiene cómo pagar su seguridad social!”. Eso es lo que se quiere cambiar, según Arango, respetando los derechos de los trabajadores.

En entrevista con este diario, la ministra explicó que se está llevando a cabo una discusión con empresarios, trabajadores, académicos, partidos políticos, entre otros, para llegar a un acuerdo sobre una reforma en la materia que es necesaria, pero que necesita un amplio estudio y socialización. También se refirió a la reforma de “protección para la vejez”, pues cree que en un país en donde entre 23 millones de trabajadores hay 8,5 millones de cotizantes, pero apenas tres millones alcanzan la pensión, no hay lugar para hablar de una “reforma pensional”.

Decían que la Ley de Financiamiento iba a generar empleo, pero lo que muestran las cifras es que se están destruyendo puestos de trabajo.

Eso no se ve reflejado de un día para otro. Lo primero que tiene que pasar es que las empresas empiecen a funcionar y necesiten personal. Eso comienza con el crecimiento económico. Con (los beneficios a) la importación de bienes de capital, uno puede ir ampliando la planta. Son varios factores juntos, no es solo la Ley de Financiamiento, porque si, por ejemplo, un empresario está quebrado, qué empleo va a generar. Pero si a partir de ahora puede importar con menos impuestos, o este otro impuesto ya no existe, hay más flexibilidad al momento de contratar. La rigidez en la contratación nos ha llevado aumentar el desempleo.

¿Qué les dice a quienes creen que el aumento del salario mínimo el año pasado puede ser una de las causas de las cifras de empleo y desempleo?

Es como si todo lo malo que pasa en este país fuera por el salario mínimo, o sea, culpa de los pobres, o como si no importara el hecho de que con más plata circulando en el mercado (mayor poder adquisitivo) puede aumentar la demanda, las ventas. Entonces, viene el problema de la inflación. Pero tampoco se puede tener más pobres para que nos vaya mejor. Creo que hay que hacer una revisión para que realmente haya movilidad social en este país. Eso se logra dándole oportunidades a la gente.

¿Cómo será la reforma para lograr flexibilización laboral, contratación por horas?

Apenas lo estamos socializando, al igual que la reforma integral al sistema de vejez. Las reformas pensionales que se han hecho a los cuatro años ya no sirven. No digo que van a ser perfectas, pero al menos vamos a darnos el tiempo para ver cómo pueden ser mejores. Hay que entender que el mundo cambió, los muchachos trabajan dos horas aquí, dos horas allá, pero tienen derecho a tener una pensión.

¿Cómo funcionaría el modelo?

Se trabajaría por horas con derecho a que te coticen por las horas trabajadas, el empleador y el trabajador, dependiendo del valor. Si es menos del salario mínimo, iría a los Beneficios Económicos Periódicos (BEP). Hoy se necesita cotizar ocho horas, pero ¿si solo trabajó cuatro? ¿Un muchacho que estudia de 4 a 8 p.m. no tiene derecho a cotizar? Eso no es así, tiene derecho a empezar a cotizar desde joven, proporcionalmente a su salario. Con este ritmo, la informalidad seguirá creciendo. Los empresarios también tienen derecho a tener flexibilidad: si necesito contratar por tres horas, por ejemplo, a una persona que maneja sistemas, ¿por qué por ocho horas si solo se necesitan algunas horas? Con la tecnología, el teletrabajo, cambió la concepción de trabajo, y si Colombia no se pone al día el mundo no va a esperar. En el trabajo rural, un ordeñador hoy no tiene derecho a nada, y también hay una estacionalidad: no puedo tener a alguien contratado todo el año si hay café para recoger solo tres meses. En la pesca, uno de los grandes problemas que tienen las empresas de ese sector es que la pesca también es por estaciones, hay vedas.

¿Esta reforma también involucrará trabajo rural?

Sí, todo. En el trabajo rural hay 85 % de informalidad. La mayoría de los trabajadores rurales ganan menos del salario mínimo, pero tendrían derecho a tener una vejez digna, una renta que no los hará millonarios, pero tampoco tendrán que salir a pedir limosna; y un seguro inclusivo para temas laborales y salud que hoy no tienen. Así vamos generando condiciones en el campo para que la gente también se quiera quedar. ¿Qué garantía tiene hoy un muchacho para quedarse en el campo?

¿Trabajando por horas se alcanzaría una pensión?

Tiene que cotizar y tiene que buscarse el trabajo. Hay gente que trabaja en cuatro sitios distintos en un día. No se puede quitar la posibilidad de que la empresa aporte por esas horas que trabajaste. Hoy se puede trabajar por horas, pero te toca a ti correr con lo tuyo. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, una señora que trabaja solo cuatro horas (remuneradas) porque tiene que cuidar a un enfermo, en un país en que la discapacidad llega casi a 10 %. ¿Ella no tiene derecho a trabajar así sea tres o cuatro horas? Trabaja, pero no tiene salud, ni pensión, porque no tiene cómo. Tiene que ser proporcional. De pronto ese “proporcional” no alcanza para pensión, pero alcanza para los BEP. Se coge el bono pensional, se mete en los BEP y el Gobierno da el 20 % sobre lo ahorrado, y ahí tiene su renta. Hoy, de 8,3 millones que cotizan, solo tres millones se pueden pensionar. A los otros 5,3 millones les entregan su bono pensional hoy y mañana no tienen nada, y no porque sean despilfarradores, sino porque las necesidades se lo tragan a uno.

¿Cuándo cree que esa propuesta de reforma esté lista para llevarla al Congreso?

La de protección para la vejez, en diciembre. La de flexibilización, creo que para la legislatura de marzo. Se necesita mucho estudio y mucha socialización, es muy necesaria, pero no es fácil.

¿Por qué cree que el tema (así como el piso mínimo de protección social del Plan Nacional de Desarrollo) ha generado tanta controversia?

Porque dicen que se puede crear un abuso y que todo el mundo se pase a eso (ese modelo), pero no se puede confundir abuso con derecho, no se puede privar de un derecho porque “qué tal que abusen”. Lo que hay que hacer es controlar el abuso y sancionarlo. Todos los que ganan menos del salario, la mitad de los trabajadores, están sin derecho a nada.

El asunto laboral en Rappi, Uber, etc., ¿también entraría en esa reforma?

Son plataformas tecnológicas, que tienen que ver con este tema, pero van a tener una legislación distinta. Eso también quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos un año para reglamentarlo.

¿Esa cuándo estaría?

La estamos trabajando porque cada una es distinta. Uber no es igual a Rappi, Rappi no es igual a un call center. La norma debe acomodarse al tipo de plataforma, habrá generalidades, pero debe acomodarse al tipo de plataforma para evitar abusos que hoy tenemos. Los contratos en Rappi no son ilegales, nuestra protesta es porque (quienes trabajan) no tienen derecho a nada.

¿Apuntará esa legislación a que sí hay relación laboral?

No tiene necesariamente que haber relación laboral. Pero sí hay un derecho a tener protección, o se podría tener relación laboral de acuerdo con las horas de trabajo.

La resolución para desvincular a personas con discapacidad causó polémica. ¿Sigue en firme?

Sí. En el Ministerio tenemos la obligación de respetar y obedecer a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. En este asunto hubo dos pronunciamientos. La Corte Suprema de Justicia dijo que se podía desvincular inmediatamente sin necesidad de pasar por el Ministerio de Trabajo y (el asunto) va directo a un juez. La Corte Constitucional es más garantista, y de ahí nos agarramos para hacer esta resolución: para poder despedir a una persona en condición de discapacidad o enferma, el empleador tiene que demostrar que el enfermo no ha cumplido con sus terapias, que no va a trabajar aunque pueda... Tiene que mostrar todos los argumentos para que eso (el despido) se pueda hacer. Con base en la historia médica y el incumplimiento del trabajador se puede despedir, siempre que se cumplan los requisitos de ley. Ha generado discusión porque dijimos que el inspector tiene 15 días para decidir. Lo hicimos así porque pasaban los años y no se tomaba una decisión. No son 15 días para adjuntar la información, para eso se puede tomar el tiempo necesario, sino 15 días (hasta 30 días) para hablar con el médico, el empleador y el trabajador, que también tiene derecho a apelar la decisión.

Las reglas en lo laboral se tienen que cumplir porque si no la productividad se baja. ¿Le parece normal que en Colombia, en 2017, haya habido 28 millones de días de incapacidad? ¡De ocho millones de personas que trabajan en la formalidad! El estudio (de la Andi) muestra que los que más se incapacitan son hombres (aunque el estudio advierte que hay más participación laboral masculina), los lunes, los viernes, en julio y diciembre… Recuerden la cantidad de quejas que hay porque la gente pide una cita médica y se la dan a los tres meses, ¡pero si hay una cantidad de gente que no tiene ni gripa y pidiendo una cita!

¿Qué están haciendo en equidad de género?

Hay que partir de que a igual trabajo, igual salario. Vemos que las cifras de ascenso de las mujeres son desastrosas: en una empresa, el 46 % son mujeres y 54 % son hombres en el primer nivel; al pasar al segundo nivel o tercero, el 38 % son mujeres. La cifra va bajando. En el nivel de junta directiva es 18 % y en el nivel de presidente es el 7 %. Queremos ver también el tema de flexibilización laboral para las mujeres, según sus necesidades. No se puede desconocer la realidad: una mujer que vive en Soacha y trabaja en la 170 se tiene que levantar a las 3 a.m. a dejar listo el almuerzo, demorarse dos horas y media en el transporte, sale de trabajar a las 4 p.m. y de vuelta ya no son dos horas y media sino tres horas. ¿Con qué ánimo llega a la casa a lavar la ropa, limpiar la casa, atender al marido, la tarea del niño? La mujer vive más agobiada.

Estamos trabajando en flexibilidades y sobre las barreras que impiden que la mujer pueda trabajar. Lo otro es la maternidad (las mujeres que son discriminadas por sus planes o potencial de ser madres). Es como si aquí nadie tuviera mamá, como si la sociedad se fuera a reproducir por ósmosis. Estamos pensando en una licencia de paternidad paritaria: mitad de tiempo para la mamá y mitad para el papá. Quiero manejar esto como una política aparte.

Estamos trabajando con la vicepresidenta especialmente en el tema laboral para la mujer. También, acabar con la idea de trabajos masculinizados. Usted no sabe la cantidad de mujeres que quieren trabajar en redes eléctricas, que hoy manejan mezcladoras de cemento, que quieren ser perforadoras en el sector petrolero… Toda la iniciativa de paridad de género la estamos trabajando con el BID, el Foro Económico Mundial y el Ministerio para sacar una política pública, para defender el tema laboral. Ahí es donde más lo pisotean a uno: la mujer que no trabaja es más vulnerable a que el marido abuse de ella porque no tiene cómo defenderse y le toca someterse. Cuando la mujer trabaja es diferente.

@alejandra_mdn

@LucetyC

Por María Alejandra Medina C. y Lucety Carreño Rojas.

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