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“No podemos permitir que nuestros niños y jóvenes corran el más mínimo riesgo abordo del transporte escolar. Seguiremos investigando y sancionando a todas aquellas empresas que incumplan la normatividad vigente, poniendo así en peligro la vida de millones de estudiantes que a diario van a las escuelas”.
Las palabras, con una contundente advertencia, las dijo el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, luego de anunciar la apertura de investigación contra las empresas Flota Boyacá Especial Ltda. y Tour Colombia Ltda.
El ente regulador realizó visitas de inspección tras los dos accidentes de vehículos de transporte escolar registrados durante la última semana en Buenavista (Boyacá) y Bogotá, en donde lamentablemente falleció un niño y otros diez resultaron lesionados.
La Supertransporte determinó que dichas empresas no tenían ni ejecutaban “programas de revisión y mantenimiento preventivo de sus vehículos”, además, no contaban con un “plan de rodamiento definido”, tampoco tenían “documentado el proceso de selección de sus conductores” y una de las más graves: “no cumplían con la capacidad transportadora habilitada por el Ministerio de Transporte”. Por si fuera poco: tenían “vehículos sin pólizas de Responsabilidad Civil Contractual”.
Justo el pasado 25 de febrero la Supertransporte había hecho un balance de supervisión y control en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) del país: en enero y febrero se había realizado 151 visitas de inspección. Controles que se hicieron más necesarios porque se ha encontrado que hay muchos vehículos de transporte público rodando por las calles y carreteras del país que no cumplen con los requisitos pero sí han sido habilitados por dicho CDA.
En esa ocasión encontraron que en varios casos los CDA no tenían el personal técnico relacionado en la evaluación realizada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
El funcionario aseguró que “estas visitas de inspección continuarán realizándose durante todo el año, como parte de una acción para evitar el comercio ilegal de certificados y luchar así contra la accidentalidad en las vías nacionales y la corrupción”.
Por Redacción Negocios y Economía
