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La carga de deuda Argentina “no es sostenible”, dijo el Fondo Monetario Internacional después de completar una semana de reuniones en el país, lo que allana el camino para que el gobierno solicite a los bonistas privados que asuman las pérdidas mientras se prepara para renegociar sus obligaciones.
Será necesaria una “contribución apreciable” de los tenedores de bonos privados para restablecer la sostenibilidad de la deuda del país, escribió el FMI en un comunicado el miércoles, después de conversaciones con funcionarios argentinos durante su primera misión técnica en Buenos Aires bajo la presidencia de Alberto Fernández.
“El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible”, dijo el Fondo.
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Fernández busca renegociar miles de millones de dólares en deudas con acreedores privados, incluido un préstamo de US$56.000 millones con la organización con sede en Washington. La última vez que funcionarios del FMI comentaron sobre la deuda de Argentina fue durante la cuarta revisión de la línea de crédito en julio de 2019, cuando la llamaron “sostenible, pero no con una alta probabilidad”.
El préstamo récord del FMI a Argentina ha estado en suspenso desde agosto, después de que Fernández lograra una sorpresiva victoria sobre el entonces mandatario, Mauricio Macri, en las primarias presidenciales, lo que hizo tambalear a los mercados.
“El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”, según el comunicado. La deuda aumentó a cerca del 90% del producto interno bruto a fines de 2019, dijo el Fondo.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió a los inversores la semana pasada que probablemente estarán frustrados con las negociaciones, que pretende concluir a fines de marzo. El segundo país más grande de Sudamérica debe más de US$38.700 millones a los bonistas solo este año, y los pagos alcanzan su punto máximo en mayo.